Los contratos adjudicados a Humbrall y Guamersa fueron expuestos por diputados ante el titular del MEM, Alberto Pimentel.
El INDE aseguró que no ha recibido solicitudes para declarar lesivos los contratos señalados de anomalías.
Una nueva controversia por posibles irregularidades en procesos de adjudicación de compras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) se suma a los recientes casos. Se trata de un contrato por Q65.4 millones para adquirir autotransformadores monofásicos de 138/69 kilovoltios para el sistema central que fue adjudicado a finales de marzo pasado.
Para Proyectos y Electricidad, S. A. (Prolec), la compra que realizará el INDE es por Q58.5 millones y para el Grupo IEC, S. A., el monto adjudicado es de Q6.8 millones. Dos ofertas más fueron descalificadas por la junta al considerar que incumplieron aspectos técnicos.
Sin embargo, una de estas empresas (DIMPS) presentó un recurso de reposición en el que explica la posible sobrevaloración en la compra de los autotransformadores requeridos, así como la falta de experiencia en este ámbito de las empresas que fueron adjudicadas.
En respuesta, el INDE indicó a elPeriódico que el evento para adquirir estos suministros cumplió con los procedimientos aplicables para realizar las compras competitivas y fue evaluado por la junta correspondiente.
Pero los señalamientos alargan la cadena de compras opacas que ha realizado el INDE desde hace algunos años con el aval de los directivos.
Acciones sin corregir
Una de las adjudicaciones corresponde a la realizada con la empresa Humbrall de Centroamérica por la compra de tres subestaciones eléctricas móviles para Guatemala Sur, Panaluya y Quetzaltenango por Q50.6 millones, en septiembre de 2019.
Humbrall es una compañía que tiene como representante legal al empresario mexicano Humberto Navas Lobato. El contrato suscrito vence en julio de 2022 y desde hace un año la Controlaría General de Cuentas (CGC) señaló serias irregularidades en la adjudicación.
Entre ellas, la falta de experiencia, debido a que solamente presentó dos eventos en México con la empresa Hexam Eléctrica de RL de CV. Tampoco contaba con la capacidad técnica y financiera, ya que en su inscripción en el registro de proveedores del Estado estaba habilitada para proveer hasta por un monto de Q28.7 millardos.
El informe de auditoría CGC-INDE-AC-DAS-05-001-2021 enviado al ministro de Energía y Minas y presidente del consejo directivo del INDE, Alberto Pimentel Mata, indica que la junta nombrada para ver las ofertas debió descalificar a Humbrall de Centroamérica y la directiva de la entidad tuvo que improbar la adjudicación por las inconsistencias presentadas.
Pimentel estuvo como presidente del INDE hasta finales de enero de este año; el cargo ahora lo ocupa Melvin Quixivij. Aunque la contratación de Humbrall fue en la administración de Luis Chang, en el periodo de Pimentel (enero de 2020 a enero de 2022) se pudo atender el criterio de la CGC de hacer efectivo el seguro de caución.
En este caso, el INDE indicó que no se han recibido solicitudes para declarar lesivo este contrato, que a la fecha se encuentra sin avances financieros ni físicos. Además, la adjudicación corresponde al periodo de 2019, por lo que “el actual consejo directivo no tiene responsabilidad en las decisiones tomadas por la autoridad de turno” de esa fecha.
Con denuncia penal
La junta de invitación a ofertar y el gerente general del INDE, Otto Mansilla, tienen una denuncia penal que presentó el diputado Cristian Álvarez por anomalías en la adjudicación de Q39.5 millones para la construcción de una línea de transmisión de 69 kilovatios entre los municipios de Champerico y La Máquina.
Este contrato se dio a la empresa Guatemalteca de Representaciones y Mercadeo (Guamersa) en febrero de 2021. Las irregularidades señaladas son la simulación, debido a que la compañía para acreditar la experiencia necesaria incluyó al Consorcio Guamersa, constituido por Postes Atlas de Nicaragua y Guamersa.
Para este proceso se recibieron cuatro ofertas, pero tres de ellas fueron rechazadas por la junta de invitación a ofertar. El 23 de diciembre de 2020, el INDE envió a Rodrigo Casaus Carchella, representante legal de Guamersa, una nota con 19 requerimientos que debía cumplir de acuerdo con los términos de referencia.
Uno de los requerimientos fue presentar la constancia de inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
En la denuncia que presentó Álvarez se explica que la documentación que presentó Guamersa del RGAE no incluye un monto máximo de contratación, ni especialidad en la que se desempeña la empresa, y fue extendido con vigencia de dos años, pese a que estas constancias son anuales.
Uno de los señalamientos que desde la oposición en el Legislativo tiene este contrato es la vinculación de Pimentel y la empresa de su familia, Fersa, con Guamersa.
El INDE en este caso indicó que “la empresa ya cuenta con las licencias de construcción otorgadas por la Municipalidad de Champerico”, mientras que la entidad verifica que el contratista cumpla con el contrato suscrito.