Diputados niegan que fueron víctimas de amenzas tal como lo afirmó el presidente, Bernardo Arévalo y el diputado, Samuel Pérez.
Un día después que el diputado oficialista, Samuel Pérez, diera a conocer que la ausencia de más de la mitad de los congresistas en la sesión plenaria del pasado martes, en el que supuestamente se aprobarían de urgencia nacional las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, se debió a supuestas amenazas, ningún diputado confirmó ser víctima de dicho delito.
Contrario, diputados que integran la alianza aseguran que su inasistencia en el pleno se debió a que desconocían el proyecto de ley y adelantaron que no la apoyarán. El proyecto fue presentado el lunes pasado por el presidente, Bernardo Arévalo, quien se hizo acompañar por todo su gabinete de gobierno y los 23 diputados electos por Semilla.
La iniciativa busca la destitución de la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y plantea varias causales para su remoción. En la presentación de esta, el gobierno y sus diputados aseguraron que tenían el apoyo de 107 diputados, pero la expectativa fue diferente porque no lograron más de los 23 votos.
Previo a la entrega de la iniciativa en el Congreso, el domingo 5 de mayo, Arévalo se reunió con diputados de diferentes bloques -aliados y no aliados- para presentarles un borrador del proyecto de ley.
“Yo estuve el domingo con el presidente -Arévalo- y le hice esa salvedad, que no habían presentado la iniciativa. Era bien difícil llegar a aprobar algo sin leerlo o leerlo a la carrera”, dijo el diputado Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, bancada que tiene representación en la Junta Directiva.
Cabal es una de las bancadas que ya evaluó la iniciativa y comparten las intenciones del Ejecutivo, que es necesaria una reforma a dicha normativa, aunque consideran que no es el momento oportuno para la misma.
“Estamos totalmente de acuerdo en que la ley hay que cambiarla, pero no estamos de acuerdo que se haga de manera coyuntural. Realmente esto debe de llevar tiempo, se tiene que socializar”, indicó el legislador.
El desconocer a detalle de la propuesta es algo que jugo en contra, junto a las advertencias de manifestaciones, es la lectura que tiene el diputado César Dávila, tercer secretario de la Junta Directiva e integrante del bloque Bienestar Nacional (Bien).
“Creo que fue más por el tema de las posibles manifestaciones que se podían ver y hay muchos diputados distritales que están fuera y que no tienen el conocimiento al cien por ciento de la iniciativa de ley”, explicó.
Sin denuncias
Pérez atribuyó la inasistencia de diputados por supuestas amenazas, pero ningún congresista afirma haber escuchado algo similar dentro de sus respectivas bancadas.
“Yo no tengo ningún comentario de amenazas de nadie (…) si existe ese tipo de amenazas, yo los invitó a que vayan a presentar las denuncias porque realmente es bien difícil tener amenazas y no presentar denuncias”, destacó Aguirre.
Mientras que Dávila explicó que tras la fallida sesión no se han reunido como Junta Directiva. Aclaró que por el momento tenían alertas de diputados que sufrieran algún tipo de intimidación.
“Hasta ahorita no hemos tenido reunión de Junta Directiva, con lo cual yo no podría dar o anticipar sobre alguna amenaza a algún miembro de Junta Directiva o diputados”.
Dudan de amenazas
“Eso no es cierto, no es algo que se haya dado. Si hay amenazas es del otro lado, amenazas que no darán gobernadores, obras, que les van a quitar las visas”, dijo el diputado Álvaro Arzú, jefe del bloque Unionista.
Para el legislador el tema es delicado porque se juega con la institucionalidad del Congreso de la República. Estima que, si Arévalo y Porras mantienen una riña, es mejor dejar de lado a las instituciones de Estado.
“Afortunadamente, la mayoría de los diputados no cayeron en esas amenazas y chantajes. Vieron este tema por lo que es, es un berrinche presidencial, es un problema entre dos funcionarios, que si tienen un problema personal lo arreglen entre ellos”, reiteró el congresista.
La diputada Nadia de León, jefa del bloque Nosotros, considera que las amenazas no son reales. “Yo no he recibido amenazas ni en español ni en inglés”.
De León estima que la reforma a la Ley Orgánica del MP no tiene justificación y que la última reforma justamente buscaba evitar que el presidente tuviera incidencia a lo interno del ente investigador.
“El Congreso de la República no es ningún juguete. En el 2016 ya se hizo una reforma a petición casi que de las mismas personas que la están pidiendo ahora”.