El mayor financiamiento lo recibirá Covial con Q1.74 millardos. Investigaciones de elPeriódico han denunciado abusos y actos de corrupción en esta unidad ejecutora durante la gestión de Giammattei.
Diversas organizaciones, cámaras empresariales y corporaciones rechazaron la aprobación del Decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica.
El martes por la noche, los legisladores autorizaron un aumento al Presupuesto del Estado por Q3.1 millardos, que será ejecutado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
El dinero será distribuido entre la Dirección General de Caminos (DGC) con Q1.28 millardos, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) con Q1.74 millardos, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) con Q120 millones y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con Q35.76 millones.
La propuesta fue apoyada principalmente por las bancadas aliadas al oficialismo como la UNE (diputados aliados a Sandra Torres), VAMOS, UCN, Valor, y FCN- Nación.
Samuel Pérez, del bloque Semilla, denunció que la iniciativa logró articular los intereses de los legisladores que representan a Torres, Zury Ríos y al mandatario Alejandro Giammattei.
Pérez cuestionó que el Presupuesto se utilizará para el robo y la corrupción y no se dirigirá a la red vial sino favorecerá las próximas campañas electorales de gobernadores, alcaldes y diputados distritales.
Desde la aprobación del Decreto 21-2022 las redes sociales del Gobierno han realizado una campaña de felicitación al Congreso y afirman que la ampliación presupuestaria impulsará nuevas obras de desarrollo. Sin embargo, no aclara que solo 0.48 kilómetros (480 metros) son los destinados a construcciones nuevas de infraestructura vial y se erogará Q230.73 millones.
El ministro del CIV, Javier Maldonado justificó que las construcciones nuevas serán para puentes por lo que no se puede comparar con las carreteras y el recapeo. Añadió que se utilizará en su mayoría para la señalización, recapeo menor y mayor, más la rehabilitación de tramos carreteros y cuatro escuelas bicentenarias.
Exigen transparencia
El Frente Ciudadano Contra la Corrupción, y la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) solicitaron a Giammattei vetar la Ley por la falta de transparencia en el detalle de la inversión de los recursos y por existir antecedentes de corrupción.
La Cámara de Comercio señala que el “proceso legislativo fue realizado con premura y falta de análisis, siendo un acto que denota evidente opacidad y poca transparencia”. Recuerdan que el mantenimiento a la red vial es una obligación del Gobierno que debe gestionarse eficientemente y de carácter permanente por medio de los recursos asignados, los cuales de por sí ya son significativos.
Mientras la Cámara del Agro (Camagro) hizo un llamado a los diputados a fiscalizar los fondos aprobados, además de pedir al Ejecutivo absoluta transparencia y calidad de la obra.
Junto a estos pronunciamientos, el Consejo Nacional Empresarial señaló que el Congreso aprobó una ley de forma “irresponsable que obedece a intereses oscuros”. Explica que previo a autorizar los recursos se debió construir capacidades técnicas de verdadera planificación y supervisión para el CIV y cambiar la dinámica con la que funciona para eliminar la corrupción.
Sobornos en el CIV
En febrero pasado una publicación reveló cómo desde el CIV se busca mantener las operaciones intactas de una estructura de corrupción por medio de contratos con constructoras y sobornos para su gobierno. Giammattei negoció Q20 millones con el exministro de Comunicaciones del gobierno pasado, José Luis Benito Ruiz, para financiar su campaña electoral de 2019.