La semana pasada, Alejandro Girón declaró que él le dio Q240 mil a Zamora como pago por una obra de arte. El MP lo acusa de lavado de dinero, ya que aseguraba que se desconocía la procedencia del dinero.
El Tribunal Octavo de Sentencia tiene previsto comenzar hoy el juicio contra el fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien es señalado, por la fiscalía dirigida por Rafael Curruchiche, de tres delitos.
Tras una serie de publicaciones en elPeriódico, donde se señalaron actos de corrupción en los que se involucra a altos funcionarios de gobierno, incluido el presidente Alejandro Giammattei, Zamora fue capturado y sindicado de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), señala que Zamora entregó Q300 mil a Ronald García Navarijo -quien grabó de forma oculta varias conversaciones con Zamora para que el dinero fuera bancarizado.
El caso fue judicializado el 30 de julio, cuando la FECI y la Policía realizaron un allanamiento en la residencia de Zamora y tras mantenerlo retenido a él y a su familia, incluidos dos menores de nacionalidad estadounidense, en el interior de la misma durante varias horas, el periodista fue notificado de la orden de detención en su contra.
Aunque el Ministerio Público señala a Zamora de lavado de dinero, la semana pasada Alejandro Girón Lainfiesta declaró que fue él quien le pagó Q240 mil a Zamora por la venta de una obra de arte que era propiedad del periodista.
Las investigaciones incómodas
El procedimiento comenzó semanas después de que elPeriódico expusiera las negociaciones anómalas del gobierno de Guatemala con Rusia para la adquisición de vacunas Sputnik V para combatir la pandemia de COVID-19.
elPeriódico y Zamora en sus columnas de opinión evidenciaron que el contrato para la compra de 16 millones de dosis de Sputnik V no ofrecía garantías para el país.
La suscripción de ese documento advertía que Rusia no estaba obligada a pagar más de US$100 mil (Q770 mil aproximadamente) por incumplir el contrato que a Guatemala le costaría Q1.2 millardos, pero que finalmente pagó Q614.5 millones a cambio de recibir vacunas monodosis (Sputnik Light).
Tras la publicación de los contratos y sus efectos en las negociaciones se incrementaron los bloqueos comerciales a elPeriódico y los intentos cerrar el medio de comunicación.
Pese a ello, meses después, elPeriódico tuvo acceso información sobre “la alfombra mágica”, en lal cual se hizo público el pago de un soborno, oculto dentro de una alfombra, y que fue entregado en la residencia de Giammattei.
Subsecuentemente elPeriódico publicó detalles sobre la visita de ciudadanos rusos que visitaron el país y que habrían sido los responsables del pago millonario.
Asimismo, en reportajes de elPeriódico se evidenció la intención del gobierno de entregar parte del Puerto de Santo Tomás de Castilla a una empresa rusa que también tiene negocios de extracción de níquel en el país ya que pretendía construir su puerto privado para sacar los minerales del país.
Tras evidenciar este último negocio, desventajoso para el país, finalmente se suspendió esa negociación y la empresa rusa ya no fue beneficiada con la concesión del puerto.
Asimismo, fueron expuestos otros mecanismos que utilizaba el gobierno para encarecer las obras públicas a través de incrementos de los contratos ya adjudicados para la construcción, reparación y ampliación de carreteras.
Falló el primer intento
Zamora hizo público, en una columna de opinión publicada en octubre de 2021, que el Ministerio Público (MP) reactivó un caso en su contra por supuestas irregularidades en la negociación por publicidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que se publicó en elPeriódico años antes.
El caso, archivado durante más de ocho años, fue reabierto durante la gestión de Consuelo Porras -fiscal general ratificada como fiscal general por Giammattei.
Zamora denunció que este caso “solo es un puente para que un juez, a pedido del Ministerio Público, ordene embargos para elPeriódico y para mí, arraigos, órdenes de allanamiento a las oficinas y a mi vieja y querida casa de la zona 12 y mi orden de captura”.
Sin embargo, meses más tarde se cumplió lo anunciado por el periodista, pero esta vez por medio de la denuncia presentada por García Navarijo, procesado por corrupción en varios casos penales, quien sin previo aviso efectuó una serie de visitas a la casa de Zamora al estilo de un agente encubierto, grabando conversaciones particulares que luego entregó a la FECI, representada por la fiscal Cinthia Monterroso para que formara un caso penal en su contra por medio de supuestas evidencias obtenidas de forma ilícita.
Ataque a abogados y allegados
De los cinco abogados que ha presentado Zamora, la FECI ha acusado a cuatro defensores técnicos de Zamora, logrando que dos de ellos se acojan a la ley de aceptación de cargos. El primero, Mario Castañeda, fue capturado y posteriormente trasladado a Matomoros, lugar donde están recluidos varios delincuentes colaboró para capturar cuando fungió viceministro de Gobernación. Castañeda permaneció sin sus medicamentos en dicha prisión.
En tanto, Romeo Montoya, recientemente se presentó al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal y entregó a las autoridades y posteriormente admitió fue condenado.
La exgerente de elPeriódico, Flora Silva, también fue condenada por medio de la ley de aceptación de cargos, después de ser detenida y apresurar su egreso del hospital en el cual estaba internada recibiendo tratamiento médico.
La figura por medio de la cual los acusados en este caso han aceptado su culpa para reducir las penas en su contra exime al MP de presentar pruebas e investigar, ya que, únicamente con la admisión de culpa de los sindicados pueden ser sentenciados.
Los últimos casos de criminalización de los abogados de Zamora fueron los de Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito, quienes permanecen presos en Mariscal Zavala.
Criminalización y ataques
Pese a que la fiscalía dirigida por Curruchiche, catalogado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático, ha insistido en que el caso no buscaba atacar al medio sus acciones evidencian lo contrario.
El 30 de julio, en las oficinas de elPeriódico se realizó un allanamiento en paralelo al realizado en la residencia de Zamora; durante el operativo, se impidió a los trabajadores del medio desarrollar sus actividades, prohibiendo también el ingreso al área del taller, por lo cual, la edición tuvo que ser impresa en otro lugar, también se embargaron cuentas y se agudizó un bloqueo comercial para limitar el financiamiento del medio.
A raíz de la presentación del caso, elPeriódico redujo su capacidad operativa y dejó de circular la edición impresa cuatro meses después de la detención de Zamora.
La fiscal a cargo
Cinthia Monterroso es la agente fiscal a cargo del proceso en el que no solo se ha criminalizado a abogados y ex fiscales, ya que, el pasado 28 de febrero, durante una audiencia contra Zamora pidió al juez Jimmi Bremer autorización para iniciar una investigación penal en contra de nueve periodistas y columnistas de elPeriódico.
Monterroso consideró que las publicaciones periodísticas sobre la cobertura del caso contra Zamora buscaban obstruir la justicia, por lo que además extendió su solicitud para escudriñar las finanzas de los medios de comunicación independientes.
Contra Monterroso se han planteado denuncias penales, entre la que se encuentra una investigación paralela, con fines particulares, aunque ninguna avanzó. Por la realización de investigaciones paralelas, con fines particulares, Monterroso iba a ser objeto de una orden de captura en su contra, pero Porras ordenó que se detuviera. La denuncia fue interpuesta por el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, pero antes ya existían dos denuncias penales de la exjueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por la filtración de información de un caso a cargo de la fiscal.
Por orden de la fiscal general, Consuelo Porras, Monterroso mantiene en su poder las carpetas fiscales de casos de alto impacto que anteriormente eran investigados por ex fiscales de la FECI.