Un grupo de 13 diputados propuso el 5 de marzo la iniciativa 6348 que propone derogar el decreto 73-2008, Ley del Impuesto de Solidaridad, ante lo que la SAT propone subir el ISR.
En caso de que el Congreso de la República derogue el impuesto de solidaridad (ISO), el sacrificio fiscal del 2025 al 2030 sumaría unos Q12 mil 400 millones, los que tendrían que compensarse.
Ese fue uno de los argumentos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), durante una reunión llevada a cabo ayer con miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, quienes solicitaron informes técnicos sobre varios escenarios e impactos en la recaudación de una posible erogación de ese gravamen.
Tanto los representantes de la SAT, como del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), presentaron sus análisis por separado, aunque ambos perfilan las consecuencias que esa decisión legislativa tendría en los diferentes rubros de gasto y varios indicadores macroeconómicos que miden eventualmente las calificaciones de riesgo-país.
¿Qué es?
El proyecto de ley fue presentado en la fecha indicada por los diputados José Inés Castillo Martínez, Karla Betzaida Cardona Arreaga, Ervin Adim Maldonado Molina, Luis Javier López Bolaños, Francisco Vitelio Lam Ruano, Mynor Francisco Rivera Salazar, Marleni Matías Santiago, Martín Nicolás Segundo, Víctor Hugo Cifuentes Delgado, Marco Aurelio Mejía Fajardo, Benjamín Ipiña Leiva, Julio Pedro Gómez Gómez, y Marinque Obel Gálvez de León.
El paso siguiente fue enviarlo a la Comisión de Finanzas que, tras los análisis correspondientes, deberá emitir el dictamen correspondiente y en caso de ser positivo, someterlo a discusión y aprobación en el Pleno. Si se aprueba, sería la primera reforma tributaria, luego la aprobación del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.
Según el artículo 1 del decreto 73-2008, el ISO es un tributo “a cargo de las personas individuales o jurídicas, los fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, el encargo de confianza, las sucursales, las agencias o establecimientos permanentes o temporales de personas extranjeras que operen en el país, las copropiedades, las comunidades de bienes, los patrimonios hereditarios indivisos y de otras formas de organización empresarial, que dispongan de patrimonio propio, realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional y obtengan un margen bruto superior al cuatro por ciento (4%) de sus ingresos brutos”.
Su origen se remonta al impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias (Iema) y el impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz (Ietaap) ambos ya derogados, pero que al final tienen la misma esencia tributaria, que es dotar de recursos al Estado para que pueda financiar su presupuesto de gastos.
Durante la citación, las autoridades fiscales expusieron los diferentes indicadores, sobre la discusión de la referida iniciativa:
“Hay más de tres mil empresas afectas y el país dejará de recaudar Q3 mil 735 millones al año”, explicó Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la SAT, en el caso de que se apruebe la iniciativa. Desglosó que son alrededor de 3 mil 56 compañías que pertenecen a las 7 mil 80 contribuyentes que tienen la recaudación más alta, y que tiene un perfil especial, en el sentido que venden más de Q500 millones anuales.
“Yo creo que no es el momento; Guatemala tiene una carga tributaria de 11.7% según la última estimación del Banco de Guatemala, cuando el promedio de América Latina es del 21.5%. No deberíamos estar hablando de quitar impuestos, sino de darle más herramientas a la Superintendencia para mejorar la recaudación”, precisó el titular de la SAT.
Además, según él, eliminar el ISO es “beneficiar a grandes compañías que pagan ISO, pero no siempre cumplen con el impuesto sobre la renta (ISR) o pagan más ISO que el ISR, cuando son contribuyentes que utilizan la infraestructura pública del país, como carreteras, puertos y todo lo que el Estado les provea, así que tienen la obligación de seguir contribuyendo”.
En la citación se informó que el Directorio emitió un dictamen que respaldan las cifras que se dieron a conocer: Q3 mil 700 millones anuales por pérdida de cobranza y Q11 mil millones acumulados por el efecto del acreditamiento al impuesto sobre la renta (ISR).
Por su parte, Patricia Joachín Godínez, viceministra de Finanzas, encargada del área de Ingresos y Evaluación Fiscal, enlistó que una pérdida del ingreso tiene un efecto importante en el gasto público, sobre todo en el gasto institucional.
Declaró que las municipalidades dejarían de percibir unos Q2 mil 268 millones durante 2025-2030; el Ministerio de Educación, Q4 mil 588 millones; el Ministerio de Salud, Q2 mil 821 millones; la Universidad de San Carlos de Guatemala, los ministerios de Gobernación, Comunicaciones, Desarrollo, Organismo Judicial y otras instituciones, alrededor de Q7 mil 969 millones.
Contrapropuesta
En todo caso, la SAT planteó que, si se aprueba la medida, debería acordarse una reducción progresiva del ISO durante cuatro años, yendo desde 1%, hacia 0.75% en el primer año; seguido de una reducción del 0.50% en el segundo año; y una tasa del 0.25% en tercer año, hasta llegar a una tasa 0% en el cuarto año.
Añadió que, considerando una eventual legislación para derogar el ISO, es importante que la derogatoria se acompañe de propuestas legales que permitan introducir pocos pero sustantivos cambios con el objetivo de mejorar los niveles de pago y cumplimiento del ISR:
1. Intercambio de información.
2. Acceso expedito a la información bancaria con fines tributarios.
3. Obligatoriedad de información del beneficiario final.
4. Afinar las reglas de subcapitalización.
5. Tipificar delitos de simulación fiscal.
6. Implementación de la auditoría digital.
Añadió que, tras la eventual derogatoria del ISO, cumpliendo con el actual mecanismo de compensación y asumiendo la continuidad de la obligación de pagar la recaudación extemporánea y los recargos pendientes, con el fin de agilizar la recuperación de recursos por parte de los contribuyentes, se debe de simplificar el sistema tributario y facilitar la derogatoria de manera eficiente, aparte de crear una la Unidad Liquidadora del Impuesto de Solidaridad.
Además, una opción para mantener los ingresos es ajustar las tasas del ISR aplicables a las rentas de actividades lucrativas. Si se hace en una sola etapa, los resultados esperados de recaudación en 2025 que compensen la ausencia del ISO se pueden obtener aplicando una tasa de 8.53% al régimen opcional simplificado (hoy es 7%) y de 30.48% al régimen sobre utilidades (hoy en 25).
En un segundo escenario se considera la derogatoria de manera gradual, reduciendo el ISO en un 0.25% en cada etapa (cuatro años) hasta llegar al 0%.
¿Temporales o permanentes?
El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas, indicó que lo que se planteó es una derogación parcial y gradual, pero “la discusión más importante está en si se pierde recaudación o se sustituye por ISR, pues el ISO y el ISR son impuestos relacionados: el ISO es un impuesto pagado por adelantado o un impuesto sobre la renta mínimo”.
Al respecto, mencionó que la SAT plantea el quiebre de la renta y medidas de elusión fiscal muy fuertes; además, según el Ministerio de Finanzas habría una pérdida de unos Q2 mil millones, pero el superintendente habló de unos Q4 mil millones por las empresas que utilizan herramientas muy agresivas de planificación fiscal.
Manifestó que en la Comisión se espera una discusión constructiva y que se presenten más detalles e información sobre el impacto de quitar ese impuesto para que “el ISR no esté funcionando con esas muletas”. Recordó que antes del ISO era el Iema y luego el Ietaap, que “eran impuestos temporales, pero se quedaron permanentemente en el sistema tributario”.