Este 29 de septiembre se cumplen dos meses de la captura del periodista Jose Rubén Zamora, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala. El caso ha sido cuestionado por diferentes sectores, organizaciones nacionales e internacionales, por vicios en la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que dirige Rafael Curruchiche.
Zamora guarda prisión preventiva al igual que la auxiliar fiscal Samari Gómez y la ex directora financiera de elPeriódico Flora Silva. Los tres fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de hechos relacionados con supuesto lavado de dinero, filtración de información y chantaje.
Aunque recientemente el periodista solicitó que le fuera concedido el arresto domiciliario, la Sala Tercera de Apelaciones le negó las medidas sustitutivas y ordenó que continuara en la misma situación.
Accionan ante CIDH
Un grupo de abogados internacionales organizado por el Vance Center for International Justice pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogar por la inmediata liberación del periodista, quien se encuentra detenido desde el pasado 29 de julio.
La Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York explicó en un comunicado que solicitaron la inmediata liberación de Zamora debido a que consideran que su encarcelamiento es una persecución política y un ataque a la libertad de prensa de los periodistas de elPeriódico y de la prensa de Guatemala y extranjera.
“La detención de Zamora se produjo tras la publicación por parte de elPeriódico de varias denuncias de supuesta corrupción del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. Zamora ha recibido numerosos premios internacionales y otros reconocimientos por su lucha periodística contra la corrupción oficial en Guatemala”, afirmaron.
Además, resaltaron que las acciones emprendidas por las autoridades guatemaltecas están orientadas a intimidar el trabajo periodístico, tal y como han reconocido la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión.
Persisten dudas
Los abogados de la defensa han evidenciado inconsistencias en la pesquisa que dirige Cinthia Monterroso, quien enfrenta múltiples denuncias por el mal manejo de casos de corrupción. Hace un año, la exjueza de Mayor Riesgo “D” Erika Aifán solicitó que fuera investigada penalmente.
Según la acusación, el periodista supuestamente recibió alrededor de Q300 mil y no los ingresó de manera regular al sistema bancario, por lo que solicitó ayuda a Ronald García Navarijo. Sin embargo, Zamora Marroquín se ha defendido señalando que el monto fue un préstamo para poder cumplir con sus obligaciones empresariales.
Durante la audiencia de primera declaración se cuestionó la falta de precintos en los billetes, el horario en el que se tomó la declaración del “testigo” y las presuntas irregularidades en el operativo de la entrega del dinero.
Además, se ha señalado que el ente investigador habría cometido “errores” al momento de practicar la “operación encubierta” en la entrega del dinero.
Se evidenció que Ronald García Navarijo no podía participar en las diligencias, porque es un procesado por lavado de dinero y no un funcionario policial.
El denunciante, García Navarijo, actualmente está procesado por lavado de dinero y tiene pendiente audiencia de primera declaración por un segundo señalamiento de corrupción. A diferencia de Zamora, fue beneficiado con la libertad condicional.
Realizan peritaje fonético
El pasado 6 de septiembre, Zamora fue trasladado al Inacif para una audiencia en la que se practicó un peritaje fonético de los audios que tiene en su poder la FECI. Las grabaciones expuestas en la diligencia de primera declaración no fueron claras por la baja calidad del audio.
Abogados internacionales integrantes del Vance Center for International Justice pidieron a la CIDH abogar por la inmediata liberación del periodista.