El próximo martes será la audiencia en la que se sabrá si la secretaria de la UNE enfrentará juicio.
Los tribunales tienen previsto resolver mañana la situación legal de la secretaria general de la UNE, Sandra Torres, quien fue acusada junto a un grupo de personas de la captación irregular de fondos para financiar a ese partido político durante las elecciones de 2015.
La diligencia está programada para las 9:00 horas. La resolución que dicte la juzgadora podría definir el futuro político de Torres para las elecciones del próximo año. Si la secretaria general de la UNE es enviada a juicio, su participación podría estar en duda.
El pasado 18 de noviembre, el Ministerio Público (MP) solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo “A” que la secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza sea enviada a debate por los delitos de financiamiento electoral y asociación ilícita.
“El MP estableció que usted Sandra Torres Casanova, del 12 de abril al 16 de junio de 2015, siendo secretaria general de la UNE, consintió al menos un total de siete aportaciones dinerarias como motivo de actividades permanentes y de campaña electoral para la organización política que representó y no fueron reportados al TSE para su registro contable por un monto de Q5.6 millones”, dijo el fiscal durante su argumentación.
El requerimiento de apertura a juicio también incluyó a otras seis personas que habrían participado en una supuesta estrategia irregular para captar financiamiento para el partido UNE y no registrarlo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En el caso Financiamiento UNE también figuran como vinculados: Mynor Zimeri, Nelson García, Julio César López, Carlos López Girón y Víctor Duarte. En las pasadas elecciones, el TSE no permitió la inscripción de algunos candidatos a cargos públicos por estar enfrentando procesos penales por corrupción.
Su retorno
Torres continúa actualmente haciendo política debido a que, en agosto de 2021, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó un amparo definitivo, que le permitió movilizarse en todo el territorio y retomar su participación en reuniones políticas.
Esa resolución hizo que la jueza Claudette Domínguez modificara la medida sustitutiva que se tenía en contra de Torres, derivado del proceso penal en su contra. Recientemente, también la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó un fallo favorable y confirmó la resolución que permite que la secretaria general de la UNE siga en sus actividades políticas.
Financiamiento irregular
La FECI asegura que la UNE utilizó a las empresas Maariv, S. A., Promotora de Recursos Habitacionales, S. A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe, S. A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña; de esta forma el partido evadió los controles para fiscalizar los fondos.
“Se estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT”, informó el MP.
Según el ente investigador, existe evidencia que acredita que la expresidenciable tenía conocimiento de la posible captación de fondos irregulares para financiar la campaña del partido en 2015.