La Defensoría Q’eqchi’, el Bufete para pueblos indígenas y otras organizaciones presentarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares urgentes debido a la grave violación a derechos humanos en El Estor, Izabal hacia los representantes comunitarios, defensores y periodistas.
Representantes de los colectivos manifestaron que existe una vulneración a derechos civiles y humanos debido a que se han implementado fuerzas de seguridad armadas del Estado en contra de población civil que se oponen a actividades mineras de forma irregular, siendo un retroceso al estado democrático.
También manifestaron que una sentencia de la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión de las actividades de la Compañía Guatemalteca de Níquel y ordenó realizar una consulta comunitaria. Sin embargo, las autoridades hacen uso de las fuerzas armadas para defender los intereses de la empresa.
Además, consideran que existe abuso de autoridad y desde que se instaló el estado de sitio se han enviado cientos de policías para reprimir a un pequeño grupo en resistencia e indicaron que es evidente que el gobierno quiere privar a los ciudadanos del derecho a participar en un proceso de preconsulta y consulta.
Los ataques a la prensa también son preocupantes, según las organizaciones, porque evita que el resto del país y la comunidad internacional conozca la situación en El Estor. Hoy se anunció una caravana que se dirigirá al municipio para verificar qué sucede en el municipio.