Zamora lleva casi 10 meses en prisión, mientras el Tribunal decide si lo declara inocente o culpable.

Durante los dos primeros años de gestión del presidente Alejandro Giammattei, elPeriódico publicó al menos 144 investigaciones de corrupción gubernamental, entre las cuales fue mencionado el mandatario como el supuesto receptor de un soborno millonario de ciudadanos rusos y las negociaciones irregulares por la compra de las vacunas contra COVID-19.

El 29 de julio, mientras Jose Rubén Zamora almorzaba junto a sus nietos -ciudadanos estadounidenses-, su nuera y esposa, la fiscal Cinthia Monterroso coordinaba un fuerte operativo policial para allanar su residencia y las oficinas de elPeriódico.

Desconociendo los motivos y después de horas retenidos, los trabajadores de elPeriódico pudieron salir de las oficinas, pero el presidente y fundador del medio de comunicación, Jose Rubén Zamora, salió detenido rumbo a la Torre de Tribunales.

Zamora, permaneció seis días detenido antes de que el juez Freddy Orellana celebrara la audiencia de primera declaración; en esta diligencia fueron señalados Mario Castañeda y Romeo Montoya, defensores del periodista.

Una vez el Ministerio Público (MP) consiguió apartar a la defensa de Zamora, comenzó con los señalamientos contra el presidente de elPeriódico.

Monterroso explicó que el caso lo formularon en menos de 72 horas y que contaban con audios aportados por Ronald García Navarijo, procesado por lavado de dinero, quien hizo las veces de agente encubierto y sin autorización judicial grabó a escondidas a Zamora.

La fiscal imputó cuatro delitos a Zamora y expuso horas de grabaciones de las reuniones que García Navarijo sostuvo con el presidente de elPeriódico. También presentó un vídeo de la entrega de Q300 mil que realizó un mensajero y un piloto a un socio de García Navarijo.

Aunque Zamora explicó que el dinero provenía de publicidad y de la venta de una pintura, el MP, sin explicar el origen de ese dinero, aseguró que se trataba de lavado de dinero. El juez Orellana aceptó la sindicación contra Zamora y lo procesó por lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias.

Por el mismo caso fue detenida la ex fiscal Samari Gómez señalada de revelación de información confidencial. Tanto la exfiscal como Zamora fueron enviados a prisión, en donde permanecen desde hace casi 10 meses.

Criminalización de abogados y gerente

Mientras Zamora permanecía en la prisión de Mariscal Zavala, sus abogados, Castañeda y Montoya, eran perseguidos por el MP. Castañeda fue detenido y días antes de aceptar el cargo de conspiración para la obstrucción de justicia fue llevado a la cárcel de Matamoros, donde permanecen recluidos criminales que él ayudó a capturar desde el viceministro de Gobernación.

Montoya se entregó a la justicia después y también aceptó los señalamientos de conspiración para la obstrucción de justicia para evitar ir a prisión.

La exgerente financiera de elPeriódico, Flora Silva, fue capturada en su residencia, pero por quebrantos de salud estuvo internada en el Hospital General San Juan de Dios, donde dirigentes del hospital habrían presionado para darle el alta médica.

Después de varios días, Silva decidió solventar los señalamientos en su contra por medio de la figura de aceptación de cargos; fue condenada por lavado de dinero. Además, el MP formuló otra sindicación contra Silva, quien también aceptó la sindicación de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Confirman origen del dinero

Tanto Juan Carlos Marroquín Godoy como Alejandro José Girón Lainfiesta declararon que el dinero incautado por el MP correspondía a una negociación en la que estaba contemplada la opción del pago de anticipo de publicidad en elPeriódico o la venta de una pintura de Elmar Rojas.

Marroquín y Girón Lainfiesta se declararon culpables de obstaculización a la acción penal por lo que fueron condenados a un año y seis meses de prisión conmutables.

Sin defensa ni pruebas

En diciembre, Zamora es enviado a juicio por el mismo juez Orellana y bajo la supuesta comisión de los tres delitos.

Sin embargo, en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, el juez Orellana decidió no aceptar los medios de prueba y testigos propuestos por la defensa de Zamora y dejó pasar casi todo lo que el MP deseaba ventilar en el juicio.

El abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa dijo que con la decisión de Orellana se estaba dejando en estado de indefensión al presidente de elPeriódico.

Solórzano Foppa y su socio, Justino Brito, meses más tarde, fueron capturados y sindicados de obstaculización de la acción penal y patrocinio infiel. Tanto Brito como Solórzano Foppa fueron enviados a prisión por el juez Jimi Bremer.

En tanto, este juzgador, de forma paralela inició un segundo proceso contra Zamora por conspiración para la obstrucción de la justicia. En esa misma audiencia, Monterroso pidió iniciar investigación contra periodistas y columnistas de elPeriódico, solicitud aceptada por el juez Bremer.

Criminalización del periodismo

Según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, el caso contra el fundador de elPeriódico se circunscribía a su labor como empresario y no estaba relacionado con la crítica y fiscalización que desde este se hacía a la gestión de su jefa, Consuelo Porras, y a su amigo Alejandro Giammattei, presidente de la República.

Sin embargo, las cuentas del medio fueron inmovilizadas, impidiendo el ingreso de nuevo capital y el 29 de julio por el allanamiento en las oficinas de elPeriódico no se pudo imprimir desde ahí la edición en la que se documentaba lo relativo a la captura de Zamora.

Además, pese a la insistencia de Curruchiche para deslindarse de los intentos de coartar la libertad de expresión, su subalterna, solicitó la investigación contra tres columnistas y seis periodistas por sus publicaciones relacionadas a la detención y los procesos penales contra el presidente del medio.

Monterroso consideró que replicar declaraciones de Samari Gómez y Zamora, dar cobertura al proceso u opinar contrario a lo que ella piensa, constituyen una investigación penal por conspiración para la obstrucción de la justicia.