País está entre los que tienen más “retrasos injustificados” de procesos en justicia civil. Una propuesta piloto en tres salas en el país busca formas de reducir tiempos en ingreso y entrega de expedientes.
El servicio de justicia civil en Guatemala es uno de los más lentos del mundo, según el Índice del Estado de derecho (IED) que evalúa 142 países con base en ocho factores, publicado por el World Justice Project (WJP). El país ocupa el lugar 111 entre 142 países en el índice general (0,44 puntos).
Sin embargo, cuando se desagregan los subfactores del apartado “Justicia civil”, la calificación más baja es en los tiempos de respuesta. “Guatemala tiene una nota de 0.13 sobre uno, básicamente allí lo que se evalúa es si el sistema de justicia civil no está sujeto a retrasos que no son razonables, es decir, los tiempos que se tarda el sistema de justicia civil en resolver”, explica David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). En este subfactor que mide si la justicia civil no está sujeta a retrasos injustificados, Guatemala se posiciona en la casilla 141 de 142, superando solo a Venezuela.
Una de las preguntas para este subcomponente es respecto a qué extensión en tiempo le tomará a un juez llegar a una decisión desde que se presenta el caso hasta el momento en que se llega un acuerdo. Una buena nota refleja que la resolución se alcanza en menos de un mes y una mala nota, en más de cinco años. Para Casasola, la calificación de 0.13 refleja “que la mayoría de las personas encuestadas valora que los procesos toman más de cinco años”.
El IED mide a los países en cuanto a límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia criminal. Cada uno de ellos incluye subfactores, que entre los ocho suman 44 ítems, los cuales se miden con una escala entre cero y uno, de modo que el uno representa la nota que evidencia un Estado de Derecho más fuerte y cero uno más débil.
Para obtener este dato, el WJP realiza un estudio cualitativo, en donde se asigna el punteo a 463 preguntas realizadas a dos grupos de cada país: una muestra de mil personas representativa de la población y otro grupo de expertos en distintas ramas del derecho.
Mora judicial alta
Estos plazos extensos para una resolución no se limitan al ámbito civil, también se presentan en otras ramas tales como tributaria, mercantil, o penal, lo que genera en cualquiera de estas materias una mora judicial.
En los últimos cinco años, los rubros en que el país sale peor evaluado tienen que ver con “ausencia de corrupción”, justicia civil y justicia criminal.
Guatemala está entre los países en los que se percibe que las personas no pueden acceder y costear justicia civil (lugar 140 de 142); que la justicia civil está sujeta a retrasos injustificados (141/142) y que la justicia civil no se aplica efectivamente (139/142).
Existe una propuesta que funciona como un plan piloto para diagnosticar los puntos donde están los cuellos de botella de la mora judicial y que podrían dar insumos para empezar a revertir un problema sistémico.
Se trata de salas que han comenzado a implementar la Norma 9001:2015 en políticas, procesos y procedimientos documentados para poner un tope, a través de un sistema de gestión de calidad, a los plazos de los servicios del juzgado a la población.
Las salas que hoy están certificadas son la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango; la misma instancia, pero en Quiché y la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz. Esta última está presidida por la magistrada Irma Judith Arrazate, quien en 2018 optó por tramitar la certificación.
“Empecé con la idea de mejorar el servicio, con la voluntad del personal auxiliar con el que se cuenta en esta sala lo platicamos y de nuestro bolsillo pagamos para recibir 16 cursos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)”. Arrazate y sus compañeros cubrieron los gastos de cada uno de los cursos sobre liderazgo, comunicación asertiva, rapidez de manejar el despacho y tener la mesa limpia, que se refiere a la entrada y salida de procesos en el menor tiempo posible. Con esto ya cumplían con los requisitos para solicitar la norma ISO, certificado que también financiaron y trajeron de Colombia.
Desafíos están en transparencia y Justicia Civil
Obtener esta certificación de gestión de calidad conlleva cumplir con tres indicadores que permiten obtener métricas para evaluar el rendimiento y el desempeño “en lo que se refiere a ingreso de documentos y salidas, a plazo para notificación y devolución de expedientes”, explica Arrazate. De acuerdo con la magistrada, entre los 16 procedimientos que registran en la Sala Sexta de Cobán cada uno tiene un tiempo: el mayor es de 60 días y el menor, que son las apelaciones, no más de dos semanas.
La auditoría en el proceso de certificación también documenta que los plazos de respuesta también impactaron en el dictamen de la sentencia, ya que Arrazate contabilizó que antes de la certificación “se dictaban únicamente 10 sentencias al mes, ahora hemos dictado hasta 40, tomando en consideración que solo se trabajan 20 días hábiles en un mes calendario.
Para Arrazate la diferencia de la sala que preside en comparación con las que no cuentan con la certificación es que, si bien completan los mismos procesos, en su sala los resuelven en menor tiempo con el uso de una metodología basada en leer, analizar y resolver. El resto de salas tiende a aplazar los tiempos de respuesta teniendo como consecuencia la mora judicial, concepto que Arrazate separa en dos tipos: el primero se debe a que hay «mucho trabajo, pero depende de la organización y la cantidad de audiencias que se celebren en el mes. El segundo es la mora judicial del funcionario que, teniendo ya la fecha vencida para dictar la resolución, no la dicta».
Rogelio Can Sí, magistrado presidente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Cobán, que está en camino para lograr la certificación, afirma que este podría ser un modelo para aplicarlo paulatinamente en otras salas del país, pero que la capacitación del personal y el cambio de “mentalidad” y “actitud” del personal de sus jueces es indispensable para que se refleje un cambio.
Masificar prácticas
Si bien existen solo tres salas certificadas bajo la norma ISO y otras en vías, como la sala mixta de apelaciones en Cobán, hay una tarea pendiente para masificar la práctica de este modelo en todo el país.
Gregorio Saavedra, abogado y analista político, considera que el tema le compete a las máximas autoridades del Organismo Judicial y que “tiene que ver con un incentivo a quienes ocupan las judicaturas y las magistraturas, porque uno de los elementos de evaluación para los magistrados tiene que ver con el cumplimiento de sus cargos”.
Al aplicar este modelo para una justicia rápida se podría lograr el diagnóstico para “encontrar en dónde están las motivaciones de la mora judicial y si están inclinadas a un exceso de carga de trabajo”, pero afirma que abordar las cargas implica construir estrategias y mecanismos para eficientizar la gestión, cuando ninguna de las dos se atiende tenemos el resultado de lo que puede ser una excesiva saturación”.
Lo que otorga la certificación, resalta Saavedra, es una comprensión clara y panorámica del proceso que identificará “en dónde están las potenciales soluciones y si esas pueden tomarse por vías administrativas o necesitan reformas institucionales de tipo legal por parte de las máximas autoridades”.