Byron Monterroso Mencos, quien se postulaba como candidato a alcalde de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa con el partido Valor, fue ligado a proceso penal por su presunta implicación en el caso denominado “Cárcel y Explotación”. El Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango, resolvió que hay indicios suficientes para que sea investigado por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución con circunstancias agravantes.

El Ministerio Público (MP) informó que, Priscila Mariacel Ramírez Aguilar, fue vinculada a proceso por el delito de trata de personas con circunstancias agravantes. Según la investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas con sede en Quetzaltenango, los hechos ocurrieron cuando los dos sindicados abusaron de sus cargos como subdirector y rectora, del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, Suchitepéquez, donde supuestamente explotaron sexualmente a algunas reclusas.

En el caso de Demetrio Flores Godoy, quien al momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Seguridad del referido centro carcelario, se le dictó falta de mérito.

SIN CONFIRMARSE

En relación al caso de Bayron Monterroso Mencos, quien se postulaba como candidato a alcalde de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa con el partido Valor, luego de conocerse el caso, la referida agrupación política en un comunicado que fue publicado en redes sociales el pasado 18 de febrero, solicitó la renuncia de toda  la planilla, reiterando que, “la responsabilidad penal es personalísima y dentro de la organización Valor nadie es superior a la ley”.

En seguimiento al tema, se ha consultado en reiteradas ocasiones si ya se hizo efectiva la renuncia de la planilla antes indicada, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta, de obtenerla, se consignará en este espacio.

EL CASO

Las pesquisas preliminares establecen que en junio de 2021, Monterroso Mencos y Ramírez Aguilar de Rivera, subdirector y rectora del citado centro carcelario respectivamente, habrían abusado de sus cargos al someter a algunas reclusas a actos de explotación sexual.

Además, durante los turnos de ambos, en el sector de mujeres, se promovían fiestas que eran llamadas “vueltas”, en las que se cometían actos de explotación sexual por los cuales cobraban Q300 en efectivo por media hora, Q600 por una hora y Q1,500 por noche, con la posibilidad de que dichos actos se cometieran en los dormitorios de los reos.