La construcción del tramo entre San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango, que construye la empresa de Otto Samayoa, ha sido inaugurada en tres ocasiones por tres presidente distintos, el último fue Alejandro Giammattei.
El Fondo Social de Solidaridad (FSS), adscrito al Ministerio de Comunicaciones, ha pagado más de Q587.6 millones por concepto de deuda de arrastre durante la gestión del presidente Alejandro Giammattei, una buena tajada de ese dinero ha ido a parar a las cuentas de varias empresas constructoras cuyos representantes enfrentan procesos legales por pago de sobornos efectuados durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
Los proyectos adjudicados durante la gestión del PP de 2012 a 2015 no han sido auditados, a pesar de que las empresas fueron señaladas de pagar sobornos a funcionarios públicos a cambio de obtener proyectos de infraestructura o se descubrió que los propietarios pagaban coimas a cambio del pago de deuda o la entrega de anticipos por los tramos adjudicados.
Ni el FSS ni el Ministerio de Comunicaciones, tampoco la Contraloría General de Cuentas investigaron o lograron determinar si los proyectos que estaban pagando tenían algún sobrecosto o se habían entregado sobornos a cambio de ser adjudicados, mientras que los procesos legales contra varios de los constructores se encuentran paralizados por amparos.
Los representantes del FSS han justificado los pagos a dichas constructoras señalando que si bien los representantes han sido vinculados a irregularidades, las empresas continúan a cargo de los proyectos de arrastre y por ende se les tiene que cancelar la deuda adquirida.
Constructora Jireh, Serdelco, Constructora Imesa, Opción Técnica y Coindra, cuyos propietarios han sido señalados en casos de corrupción durante el gobierno del PP, suman en sus contratos Q859 millones 643 mil 86. A estas empresas el gobierno de Alejandro Giammattei les pagó entre 2020 y lo que va de 2021, unos Q188 millones 728 mil 706, bajo el argumento de que se buscaba reactivar los proyectos que tenían adjudicados.
Uno de los proyectos, el entregado a la constructora Coindra de Otto Samayoa Soria, ha sido inaugurado por tres presidentes, sin que hasta el momento se haya concluido dicho tramo, el porcentaje de avance de la obra continúa abajo del 80 por ciento y se tiene previsto que se entregue hasta el próximo año sí se logran obtener los recursos para concluir con el pago de la deuda de arrastre que será de más de Q90 millones, según lo solicitado.
Según las denuncias de los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), los pobladores les han manifestado que pese a que ha habido desembolsos para el pago a los señalados, durante los últimos dos años las constructoras solo llevan la maquinaria unos días a la obra y después las retiran de los lugares de trabajo.
Ni en 2020 ni en lo que va de este año, el FSS ha ejecutado proyectos nuevos sino solo ha pagado deuda de arrastre, la cual este año suma Q282 millones 56 mil 923, mientras que el año pasado fueron Q305 millones 549 mil 820 para un total de Q587 millones 606 mil 743.
EL FSS Y OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN
El Fondo Social de Solidaridad (FSS) fue dirigido por el exdiputado Armando Escribá durante el último año del gobierno de Álvaro Colom (2008-2012); el exlegislador se encuentra detenido por su participación en al menos dos casos de corrupción, en los cuales siendo el director de Covial y del FSS benefició a empresas vinculadas con él y sus socios.
En el caso del FSS, Escribá autorizó el último año de gobierno dos contratos a la empresa Serdelco, para construir un tramo entre Zacapa y Chiquimula, en Serdelco la cara visible era Jaime Aparicio, vinculado a varios casos de corrupción y con solicitud de extradición a El Salvador, en donde también habría pagado sobornos para recibir contratos de infraestructura en ese país.
Aparicio y Escribá, según documentó una investigación de elPeriódico, eran socios en distintas empresas e incluso uno de los apartamentos en los que vivía el exdiputado en la zona 14 estaba registrado a nombre de una empresa propiedad del constructor.
Los proyectos adjudicados por Escribá ascendían a Q190 millones 456 mil para el mejoramiento de un tramo entre Estanzuela Zacapa-Chiquimula- Quetzaltepeque. El otro proyecto fue por el dragado y obras de protección y mitigación del río Guacalate, en el municipio deMasagua, por Q104 millones 748 mil 635.
Además, Escribá entregó desde el FSS otros dos tramos por Q118 millones 901 mil y Q57 millones 142 mil a la empresa Constructora Jireh, también vinculada a su socio Aparicio.