Luis Erasmo Martínez Díaz participó en una organización que trasegaba drogas desde Sudamérica y se declaró culpable de conspirar para introducir cinco kilos o más de cocaína con el conocimiento de que esta sería llevada a Estados Unidos.
Luis Erasmo Martínez Díaz fue detenido en diciembre de 2020; ese día lo acompañaba Karin Orellana Pinto, quien en noviembre de ese año había sido nombrada como “fiscal especial” por Consuelo Porras, con la finalidad de que investigara a Juan Francisco Sandoval.
La fiscal general, Consuelo Porras, contrató en noviembre de 2020 a Karin Cristina Orellana Pinto como “fiscal especial”, con el fin de que esta conociera e investigara las denuncias que a su despacho habían llegado contra el ahora exfiscal Juan Francisco Sandoval, planteadas por la Fundacion contra el Terrorismo.
Orellana Pinto fue contratada por el Ministerio Público en noviembre de 2020 y se mantuvo en el puesto hasta diciembre del mismo año, según los datos de aportes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Además de tener acceso a las denuncias presentadas contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, pudo tener acceso a información sensible y personal sobre el exfuncionario.
Mientras esto sucedía, la Fiscalía de los Estados Unidos seguía de cerca los pasos de Luis Erasmo Martínez Díaz, pareja sentimental de la “fiscal especial”, quien en enero pasado fue condenado en Estados Unidos a 135 meses de prisión luego de que este se declarara culpable del delito de conspiración para trasegar al menos cinco kilos de cocaína con el conocimiento de que esta sería introducida de forma ilegal a Estados Unidos.
En julio del año pasado, Martínez Díaz presentó su aceptación de culpabilidad ante la justicia estadounidense y aceptó colaborar a cambio de una pena más benévola, ofreciendo entregar información sustancial, declaraciones, así como documentos y cualquier otra información relacionada con la actividad ilícita de la cual se estaba declarando culpable.
En enero, el juez Rodney Smith, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, lo sentenció a 135 años de prisión, poco más de 11 años, además de dos años de libertad condicionada.
El acuerdo de culpabilidad establecía que Martínez Díaz podía ser sentenciado a una pena mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua.
La acusación contra los tres integrantes de la estructura de trasiego de drogas se dio en marzo de 2020, cuando la justicia estadounidense señaló que Luis Erasmo Martínez Díaz, junto a Luis Fernando Herrera Castañeda y Jared Ismael Barrera Castañeda, conspiró al menos desde enero desde 2015 hasta por lo menos marzo de 2020 para enviar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
Según la declaración de culpabilidad de Martínez Díaz, la cantidad de cocaína enviada a ese país fue de por lo menos dos toneladas, entendiendo esto como la cantidad de droga que el Gobierno de Estados Unidos logró documentar, no así otros cargamentos que pasaron sin ser detectados por las autoridades.
Uno de los testigos que participó en la investigación contra la estructura de Martínez Díaz vinculó a la pareja sentimental de la exfiscal que investigaría a Sandoval con una incautación de 400 kilogramos de cocaína en Belice. Según el colaborador de la justicia estadounidense, entre finales de 2018 y principios de 2019 una aeronave que despegó de Venezuela fue interceptada en Belice, donde partiría hasta México, donde el grupo de Martínez tenía ya un comprador para la droga.
Martínez, según la acusación, conspiró junto a los otros acusados para traer cargamentos vía aérea desde Colombia a Guatemala, para posteriormente enviarlos a los Estados Unidos. Algunos de los cargamentos eran piloteados por Herrrera Castañeda, quien según la acusación era piloto aviador y se encargaba de hacer los arreglos para transportarla por aire.
Según la investigación, en esta misma estructura habría participado Jeankarlo Alexánder Sánchez Meneses, un piloto aviador de 26 años que falleció en un accidente de avión en Alta Verapaz en septiembre de 2020. Sánchez Meneses había sido capturado para su extradición a EE. UU. por narcotráfico, pero se fugó de la cárcel Mariscal Zavala en 2019.
A Herrera Castañeda, el juez estadounidense le impuso una pena de 120 meses de prisión, diez años de cárcel, 15 meses menos que la pareja sentimental de la “ex fiscal especial”.
El otro de los integrantes de la agrupación delictiva que está acusado por la justicia estadounidense es Jared Ismael Barrera Castañeda.
Barrera Castañeda se encuentra detenido en Guatemala y no ha sido extraditado a los Estados Unidos debido a que está acusado del asesinato de un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC), junto a José Antonio Perdomo Zacarías y Mario Rodolfo López Moreira, los otros dos acusados.
De acuerdo con las investigaciones, dos agentes de la Dirección General de Inteligencia (Digici), de la PNC, se encontraban dando seguimiento al grupo criminal en Zacapa cuando fueron descubiertos y enfrentados por los tres acusados.
Los investigadores se encontraban dentro de un vehículo del Ministerio de Gobernación cuando fueron retenidos por Barrera Castañeda y sus compañeros, quienes les robaron sus pertenencias, entre ellas sus armas de fuego y teléfonos celulares, y los secuestraron.
Según las investigaciones, los acusados habrían agredido a los agentes y luego se los habrían llevado secuestrados en el mismo vehículo de Gobernación. Sin embargo, uno de los agentes habría huido, mientras que Luis Adolfo Medrano Esquivel, de 31 años, fue asesinado por los acusados y abandonado dentro del vehículo en el que fue secuestrado.
Karin Cristina Orellana Pinto trabajó en diferentes dependencias del Gobierno al menos desde 2011, según los registros públicos de Guatecompras.
En total, en siete años como asesora, percibió ingresos del Estado por más de Q1.2 millones de distintas dependencias.
La contratación de Orellana Pinto por parte de Porras había sido cuestionada además porque trabajó para el Ministerio de Comunicaciones durante la administración de José Luis Benito, uno de los funcionarios investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval.
El contrato de Orellana según el Ministerio Público de Consuelo Porras fue rescindido el 8 de diciembre de 2020, tres días antes de que se diera la captura de su conviviente; sin embargo, la cuota patronal de diciembre fue pagada completa al IGSS.