Cada vez que se endurecen las leyes o medidas restrictivas a la migración irregular se da este fenómeno, advierten analistas en temas migratorios.
La aprobación de las reformas a la Ley de Migración en el Congreso de la República, el 1 de febrero pasado, fue aplaudida por el presidente Alejandro Giammattei, así como por otros funcionarios que tienen que ver con asuntos migratorios.
La ley incrementó de ochos a 30, los años máximos de cárcel para aquellas personas que trafiquen migrantes, e incluye un aumento de dos terceras partes de la pena si en el tráfico están involucrados menores de edad, mujeres embarazadas o si el migrante muere en el trayecto, entre otros agravantes.
Analistas advierten que, si bien es cierto, el tráfico ilícito de migrantes es un delito que debe combatirse con todo rigor, existe una realidad innegable y que cuando un país endurece las leyes migratorias o aumenta las restricciones para tratar de aplacar este fenómeno, al mismo tiempo crecen los precios de los servicios de coyotaje.
Hacen a observación de que, en 2015, cuando se legisló el delito de tráfico ilícito de migrantes y se establecieron penas de seis a 10 años de prisión, el valor de los viajes aumentó considerablemente.
El incremento de los precios ha sido paulatino desde inicios de siglo cuando los viajes se cotizaban desde US$2 mil —unos Q15 mil 500—.
Ya en el 2005, según reportes de prensa y de organizaciones pro migrantes, el costo de cada viaje había aumentado de US$4 mil a US$5 mil —de Q31 mil a Q39 mil—. Entre 2014 y 2015, ya se cotizaban hasta en US$10 mil —Q75 mil—.
En el 2017, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE. UU. se produjeron severas medidas para atajar la migración irregular, las cuales, para su implementación contaron con el apoyo de países como México y Guatemala.
Estas medidas restrictivas hicieron más dificultosa la migración irregular lo cual se ha traducido en nuevos aumentos de los precios.