Varias son las observaciones planteadas a la decisión de la mayoría de los miembros del Directorio, en la cual se estableció que la Dirección de Proyectos de Infraestructura Vial (Dipp) funcione como unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y no con autonomía e independencia.
Los planteamientos de los consultados anticipan que será inviable la nueva institución creada con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Livp), aprobada por el Congreso de la República en el 2024, y que actualmente se encuentra en fase de preparación de su normativa y gestión del primer desembolso presupuestario, por Q30 millones para este año.
La decisión fue tomada por los directores titulares de los ministerios de Economía, Comunicaciones y Finanzas, así como por el representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala, durante una votación celebrada el pasado 2 de septiembre.
Esta determinación —de operar como una unidad ejecutora— desvirtúa el espíritu con el que fue concebida la Dipp: una institución desconcentrada del Gobierno que permitiría agilidad en contrataciones de bienes y servicios, y el reclutamiento de personal técnico especializado.
Así lo expresan especialistas y representantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), quienes coinciden en que esta nueva institución ahora se aleja de tener la capacidad de tomar sus propias decisiones en materia de contratación.
Ahora, todos los procesos administrativos deberán ser autorizados por el despacho del CIV o por el viceministro de Infraestructura.
Además, el personal técnico contratado estará sujeto al régimen salarial vigente en esa cartera, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), por lo que no podrá recibir salarios por encima del promedio. Esta condición, advierten, dificultará la atracción de talento especializado.