Guatemala ofrece una cadena de servicios logísticos ilegales para las estructuras de tráfico de drogas, según la fiscalía
En Guatemala operan estructuras delictivas que ofrecen paquetes completos o bien servicios ilegales puntuales para las estructuras transnacionales que trafican cocaína hacia Norteamérica. El combo incluye la ubicación y gestión de las pistas clandestinas para el aterrizaje de las aeronaves, la recepción y descarga de los cargamentos, así como información para que los traficantes planeen sus rutas y/o la coordinación de bloqueos para impedir o evitar la incautación de las aeronaves o las drogas.
La investigación Triángulo Criminal, de la Fiscalía contra la Narcoactividad, documenta esa dinámica de colaboración entre militares, como proveedores de información privilegiada, y gestores de los bloqueos para favorecer a los traficantes de drogas. En el tercer ángulo están los líderes comunitarios, como Óscar Cacao Ical, quien se desempeñaba como representante de la aldea Machaquilá en el Consejo de Desarrollo y es uno de los prófugos en el caso que involucra a tres militares: Ángel Eliberto Vargas Urízar, Carlos Enrique Durán Cáceres y Wálter Vinicio Contreras Munguía.
Las pesquisas evidencian un acuerdo entre el teniente de Infantería Wálter Contreras y Óscar Cacao para bloquear el avance de los grupos para localizar las aeronaves que aterrizan en Guatemala de forma ilegal. Como encargado de un pelotón de patrullaje en Petén, Contreras guiaba a los soldados hacia el área del aterrizaje, llevándolos por la ruta más estratégica o para encontrarse con bloqueos, con mujeres y niños al frente, que coordinaba con Cacao.
Al Ejército se le ha dotado con los recursos y despliegue para ser el primero que llegue a las escenas de narcotráfico, por vía aérea o terrestre. La población que acude al llamado de los líderes desconoce la conexión ilícita que motiva el bloqueo.
Triángulo Criminal, junto con el caso Semuy II, en El Estor, Izabal, es una de tres investigaciones de la Fiscalía de Narcoactividad que evidencian el recurso de las comunidades como escudos para proteger a los narcotraficantes. En ninguno de ambos casos se encontraron indicios de que la población sepa que al apoyar a sus líderes posiblemente apoyan a estructuras de tráfico o cultivo de drogas.
Como parte del caso Semuy II, que dio seguimiento al asesinato de tres soldados en septiembre de 2019, un colaborador eficaz relató a la fiscalía que Julio César Macías, alias César Montes, promovía la organización de las comunidades, pero que su discurso apuntaba a la defensa del territorio bajo paradigmas del Conflicto Armado Interno. También rayaba en la manipulación de los vecinos para que bajo ninguna circunstancia permitieran el ingreso de los soldados.
Ocho vecinos de Semuy, cinco hombres y tres mujeres quekchíes, enfrentarán juicio por la muerte de los soldados. Un poblador también murió durante ese enfrentamiento.
Coordinación internacional
La oferta de servicios logísticos ilegales no es exclusiva de las estructuras de Guatemala. Honduras, Belice y México compiten por captar los vuelos ilegales. Durante la investigación de Triángulo Criminal, la fiscalía documentó que varios vuelos llegaron a otros países.