Constructoras vinculadas a diputados y políticos se beneficiaron con los Q600 millones aprobados por el Congreso a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).
En 2020, el Congreso aprobó la ampliación del presupuesto para los Consejos Departamentales de Desarrollo bajo la excusa de que los fondos ayudarían a mejorar las economías de los distintos municipios, sin embargo, un año más tarde se conoció que los fondos fueron manejados políticamente y ejecutados por empresas vinculadas a políticos.
En 2020 el Congreso aprobó una partida de Q600 millones para ampliar el presupuesto de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede); la justificación de los fondos fue que servirían para reactivar la economía después de la grave recesión provocada por las medidas implementadas por el Gobierno para tratar de reducir los contagios de COVID-19.
Aunque se buscaba “visibilizar obras nuevas para la reactivación económica”, la repartición de estos fondos para los Codede se hizo de manera irregular, destinando los fondos a municipios del país en donde los alcaldes y los diputados eran aliados del Gobierno.
Durante la aprobación de dicha ampliación presupuestaria se denunció que esos fondos servirían para el pago de favores políticos a los diputados de las bancadas aliadas que votaban junto al partido Vamos, quienes recibirían Q5 millones en obras.
Un año después se ha confirmado que los alcaldes beneficiados por los Codede de la mano de los diputados aliados entregaron los proyectos a empresas constructoras vinculadas o con lazos con políticos, alcaldes y diputados de distintas agrupaciones políticas; mientras que otras, según denuncias de los mismos legisladores, fueron “amarradas” con constructores que no tienen nexos políticos evidentes, a cambio de que les entregaran una comisión de entre 10 y 20 por ciento por adjudicarles el contrato.
Las constructoras beneficiadas por los Codede van desde empresas vinculadas al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, pasando por empresas relacionadas con la familia política del exsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Camilo Dedet, quien tuvo a su cargo la repartición de los fondos, hasta relacionadas con exaspirantes a diputados de la Unión del Cambio Nacionalista (UCN), principal alidada de Vamos, y ahora vinculados con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como Proyectos Granada.
También hay otras empresas que han estado involucradas en casos de corrupción como la constructora individual de Iván Estuardo Porras Rivera, que también fue adjudicada con fondos provenientes de la ampliación a los Consejos Departamentales de Desarrollo.
La repartición de los fondos “extras” se hizo sin criterios técnicos, denunciaron distintos alcaldes en su oportunidad, por ejemplo, al Puerto de San José, Escuintla, se le entregaron Q25 millones, mientras decenas de otros municipios no recibieron un solo centavo.
Esta es una pequeña muestra de las constructoras que poseen vínculos claros con políticos de distintas agrupaciones, las cuales recibieron millones en contratos de los fondos provenientes de la ampliación presupuestaria a los Codede.