Presidente de gremial Gretexpa afirma que la semana anterior ya pagaron Q100 millones en un bono. Transportistas piden respuesta del Mingob.
La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) tiene hasta el 19 de diciembre para pagar unos Q100 millones de «aguinaldo» a las pandillas del barrio18 y Salvatrucha. El monto que se desembolsará sale de las ganancias que generan 18 mil buses a nivel nacional.
Sin bien el pago de estas extorsiones “no son nuevas, no hay manera de erradicarlas», dice Carlos Vides, presidente de la junta directiva de Gretexpa, quien afirma que la semana anterior ya pagaron unos Q100 millones por un bono que en los últimos cinco años les exigen las pandillas 18 y Salvatrucha.
«La cantidad que paga cada empresario depende de la cantidad de buses que tenga, algunos tienen uno o dos buses y es su único medio de ingresos. La cantidad de aguinaldo que pagaremos será similar a la que pagamos la semana pasada», afirmó.
Vides afirma que han presentado denuncias ante el Ministerio Publico (MP) como les han recomendado autoridades del Ministerio de Gobernación ( Mingob), pero no ven resultados, incluso, dice que han intentando comunicarse con el titular de esa cartera, Francisco Jiménez, pero no responde.
«En esta época la situación se nos pone peor, porque tenemos que pagar el aguinaldo y en enero el bono escolar, ellos dicen que con el pago que les damos en enero pagan el colegio y los útiles de sus hijos», señaló.
Agregó: «Nosotros ya nos cansamos de pedir apoyo, pedimos reunión con el ministro y no responde».
A decir de Vides, solo se captura a quienes prestan las cuentas bancarias para que depositen el dinero de la extorsión, pero no a los líderes de las estructuras criminales.
«Dicen que aislaron a reos, pero si fuera cierto no hubieran más extorsiones, agarran a 10 o 20 personas afuera y luego salen libres, nosotros también nos ponemos en lugar de las autoridades porque es difícil, pero no creemos que con tanta tecnología no puedan tener el control», acotó.
Los investigaciones de la PNC y del MP reconocen que las extorsiones aumentan en los dos últimos meses del año, y han determinado que el «aguinaldo» como lo denominan las pandillas, es una cuota extra que exigen en diciembre, también está el «bono 14» que exigen en julio y el «bono escolar» que piden en enero.
Los afectados con este cobro ilegal no solo son los transportistas, sino también los comerciantes, pilotos repartidores de productos de abarrotería y recolectores de basura, quienes en años anteriores han sido víctimas de ataques por no acceder a las demandas. Los investigadores de la PNC reconocen que los afectados pagan por temor a que les hagan daño.
Los pagos
De acuerdo a lo que detallan las denuncias presentadas ante el MP, las víctimas como comerciantes y repartidores de productos de abarrotería pagan cuotas desde los Q500 hasta los Q2 mil 500 cada mes, pero el “aguinaldo” podría llegar a los Q10 mil, aunque según las autoridades, eso varía de acuerdo con el grupo criminal que lo cobre y de acuerdo con la capacidad de las víctimas.
En el caso de los comerciantes, según los investigadores policiales, los municipios más afectados por este flagelo son Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán, Mixco, así como Escuintla y Coatepeque, Quetzaltenango.
El 4 de diciembre último, el MP allanó 49 viviendas en el área de la capital y capturó a integrantes de una estructura criminal que cobraba el «aguinaldo», según lo que informaron los investigadores policiales. Según datos de la PNC, durante este año han capturado a 2 mil 500 personas por extorsión.
Estrategia
En 8 de febrero de este año, El Mingob presentó ante los medios de comunicación al Grupo Especial Contra Extorsiones (Gece), integrado por 440 agentes de la PNC, cuya función es combatir las extorsiones.
La operación de este grupo consiste en que mientras el personal recaba información con la víctima de extorsión y contribuyen con la investigación de campo, los agentes motorizados asegurarán el perímetro donde se desarrollan las pesquisas y colaborarán en la captura de sospechosos.
Como parte de la estrategia del Mingob, también se capacitó y se delegó personal ajeno a los guardias de las cárceles, para que en los ingresos de las prisiones revisen lo que ingresan las visitas, con la finalidad de evitar que ingresen teléfonos.
También se adquirieron 20 escáneres de rayos x de última tecnología para detectar objetos ilícitos en los ingresos a los centros carcelarios.
Postura
En cuanto a las declaraciones del directivo de Gretexpa, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirma que se sí se han reunido con integrantes de dicha gremial durante todo el año y se tiene una mesa directa para atender el problema de las extorsiones.
Jiménez dice que a pesar de los esfuerzos, el problema no se puede resolver de forma inmediata, debido a que son diferentes grupos de transportistas afectados.
«Ojalá se pudiera resolver de forma inmediata, pero en Escuintla ya disminuyeron las extorsiones desde que funciona la cárcel Renovación 1», aseguró.
El funcionario dijo que la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, es quien trabaja más de cerca con los transportistas afectados. La funcionaria coincidió en que a los transportistas se les ha atendido. Sin embargo, acotó que no han acudido como gremial, sino de forma individual o por grupos.
“Se les ha dado ayuda, no solo en temas de extorsión, sino en tema de asaltos y otras cuestiones de seguridad”, afirmó.
Sus proyecciones eran ciertas, y en los primeros tres años de gestión de Alejandro Giammattei la SAAS ha representado un gasto de Q406 millones 942 mil 722.11.
El director de la PNC, David Custodio Boteo, y afirmó que en ocasiones es necesario que la víctima le pague a los extorsionistas, para tener pruebas e identificar a los integrantes de la estructura criminal. También advirtió que mientras no se tenga el control total de las cárceles, no se pueden eliminar las llamadas de extorsión.
«No se ha contenido ese problema en los centros carcelarios, aun falta por hacer aislamientos de reos y hasta que no se hagan, van a seguir extorsionando», señaló.
Boteo dice que aunque ya se retomó el control de la cárcel de El infiernito en Escuintla, es necesario que continúen las remodelaciones en otras prisiones para tener el mismo control.
El jefe policial explica que las llamadas de extorsión se efectúan desde las cárceles de El Boquerón en Santa Rosa, Fraijanes 2, Pavoncito, y sector 11 del preventivo de la zona 18.