El presidente Bernardo Arévalo todavía no tiene una postura clara sobre la ley de gastos a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), pero cualquier decisión que tome podría complicar lo que resta de su mandato.
Así lo advierten analistas, quienes consideran que una sanción o veto al decreto 7-2025 generará un escenario complejo para el mandatario, que necesitará una robusta estrategia política para mitigar las repercusiones.
La semana pasada, el pleno del Congreso aprobó de urgencia nacional una ley que permite a los Codedes invertir sin mayores controles y mantener los fondos no ejecutados al finalizar el ejercicio fiscal.
La normativa fue promovida mediante una moción aprobada por 108 diputados, cuya gestión —según fuentes legislativas— fue impulsada por Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, del bloque Vamos.
Sin embargo, una semana después de la aprobación, el Organismo Ejecutivo aún no ha recibido el decreto. El presidente deberá sancionar la ley o bien rechazarla mediante el veto presidencial.
“La población necesita que las instituciones de gobierno comiencen a dar respuesta”, declaró Arévalo en rueda de prensa. Añadió: “Lo que no podemos es permitir que haya mecanismos que, en aras de generar más obras, sacrifiquen transparencia”.
Durante su campaña, el presidente mantuvo un discurso firme contra la corrupción, postura que —ha dicho— mantiene durante sus casi 20 meses de gestión. Por ello, hay gran expectativa sobre la decisión que tomará.
Organizaciones, tanques de pensamiento y cámaras empresariales han solicitado públicamente el veto, al considerar que la ley no fomenta la transparencia y abre las puertas a la corrupción.
Objeciones al decreto
El decreto 7-2025 fue aprobado el martes 2 de septiembre por más de un centenar de diputados. Aunque algunos de los congresistas electos por el cancelado Movimiento Semilla votaron en contra, en el pleno no se manifestaron rechazos explícitos.
No obstante, la Dirección Legislativa del Congreso reporta que nueve diputados presentaron objeciones formales, todas provenientes de integrantes leales a Movimiento Semilla.
Las acciones fueron promovidas por Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Manfredo Duvalier Castañón, Victoria Palala, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria.
Según el procedimiento legislativo, las objeciones al decreto forman parte de los primeros puntos de la agenda propuesta para la sesión plenaria de este martes 9 de septiembre.
Entre la espada y la pared
De acuerdo con analistas, la decisión que tome el presidente conllevará un desgaste político. Si atiende el llamado social y veta la ley, podría enfrentarse a un Congreso del cual aún depende.
El Ejecutivo necesita el respaldo del pleno si desea la aprobación del presupuesto para el 2026 y contar con espacio político en las elecciones de segundo grado previstas para ese año.
Entre los cargos a renovar figuran el nuevo pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), así como el cambio de titular en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
En cambio, si sanciona la ley y permite su entrada en vigencia, enfrentará críticas de sectores sociales y empresariales que han advertido sobre los riesgos de la normativa, especialmente por considerar que favorece la corrupción, una bandera central en el discurso de Arévalo.
“El presidente debe pensar en el legado de su gestión de gobierno”, afirmó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
“No tiene más movimientos; con esta jugada puede perder el apoyo de las bancadas. Pero el respaldo político, hoy en día, no se condiciona a propuestas sino a caprichos ligados al dinero”, añadió Hidalgo.
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó que al revisar el presupuesto del 2026 y el decreto 7-2025, se evidencia que hay aportes tanto oficialistas como de oposición.
“El presidente desatendió las alertas rojas del año pasado. Si lo vuelve a hacer, se estaría saltando dos semáforos en rojo. Debe poner sus barbas en remojo. Si busca mejorar la ejecución, este no es el camino, pues vulnera los presupuestos”, indicó Quezada.
Según el experto, las opciones del mandatario —sanción o veto— lo colocan en una situación delicada. “Está acorralado —el presidente—, y tendrá que revelar sus cartas: si participó y apoyó la ley o si se la juega con un veto que podría llegar hasta la CC”.
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) expresó que la leyno genera opacidad, sino que permite agilizar la inversión, y calificó de “chantaje” las objeciones planteadas desde el oficialismo.