El comienzo de los trabajos de la ampliación de la carretera al Atlántico podría ser en el 2026, luego de que el Congreso aprobara el pasado martes 22 de octubre un préstamo por US$175 millones para continuar con las obras.
Aunque aún no hay un cronograma definido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) como entidad ejecutora para el comienzo de los trabajos de la ampliación del tramo El Rancho-Teculután, todo indica que las obras en campo comenzarán en el ejercicio fiscal del 2026.
El Legislativo aprobó el préstamo por US$175 millones, que representan unos Q1 mil 352 millones, dirigidos para el programa de continuidad de la ampliación de dicha carretera, y la operación de crédito público con los organismos internacionales tenía como fecha de expiración el próximo 7 de diciembre.
Del total de los US$175 millones contratados, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó US$75 millones y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) US$100 millones -cofinanciamiento-.
Entre las condiciones del crédito está una tasa de interés basada en SOFR (que es la referencia del costo en préstamos en dólares) para el BID y para AECID del 1%. Además, que el plazo de ejecución para el BID es de cinco años y para el AECID, de seis. Se proyecta además que la tasa interna de retorno económico será de 26.3%.
El proyecto consistirá en la ampliación a cuatro carriles de 35 kilómetros de longitud del Corredor CA-9 El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, en donde se construirá un libramiento hacia Teculután, Zacapa.
Ejecución
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó que todo apuntaría a que la ejecución de los trabajos en campo pueda ser en el 2026, por las diferentes etapas que se deben cumplir.
Expuso que para el siguiente año el CIV deberá hacer la contratación, licitación de las bases y a su entender este proceso se podría llevar durante el primer semestre del 2025, y la preparación de los contratos y la entrega de anticipos, para un segundo semestre del mismo año.
“La ejecución fuerte deberá ser en el 2026”, adelantó el parlamentario, al considerar todo el proceso administrativo que conllevará la ejecución de los recursos.
Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, explicó: “De aquí en adelante lo que toca es ultimar el préstamo y comenzar las obras”, por lo que se tendría que sacar a concurso la obra. Reiteró que las condiciones en cuanto a las tasas de interés son buenas para contar con más y mejor infraestructura en el corto plazo.
Recordó que en la aprobación hay un componente de mitigación ambiental, y que a la vez incluye estudios para la realización para los siguientes tramos (Teculután a Puerto Barrios, Izabal), que ayudaría a agilizar la contratación para la continuidad de la ampliación del resto de la CA-9 Norte.
“De aquí en adelante lo que toca es ultimar el préstamo y comenzar las obras”, por lo que se tendría que sacar a concurso la obra»
Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones
El Gobierno de Taiwán tuvo a su cargo los trabajos iniciales de la ampliación a cuatro carriles desde la ciudad de Guatemala hasta El Rancho, por medio de una cooperación, y ahora se realizará por medio de un préstamo para la creación de un corredor logístico hasta los puertos del Atlántico.
Caminos rurales
Otro de los proyectos de infraestructura rural y movilidad es el denominado caminos rurales, que se concentrará en regiones identificados con niveles de pobreza y con la necesidad de conectividad y riesgo climático en 14 departamentos.
Para ello el Estado de Guatemala gestiona un crédito con el Banco Mundial (BM) por US$400 millones, que equivale a unos Q3 mil 8 millones, el cual se encuentra en evaluación por el Directorio de ese organismo en Washington D.C.
El componente es para fortalecer la resiliencia climática de los caminos rurales y carreteras troncales. Para los caminos rurales son 480 kilómetros y carreteras troncales, 160 km.
El programa de inversión se encuentra a la espera del dictamen de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), ya que tiene que evaluar el componente de inversión pública.
