Al temor de ser deportados, los migrantes suman la zozobra por un posible arancel del 5% en las remesas, el alto costo de la canasta básica y de los alquileres, afirman representantes de organizaciones.
«Hay mucha incertidumbre. Todo eso disminuye el total de remesas enviadas a nuestras familias. Además, las remesas van disminuyendo debido al alto costo de vida aquí. La canasta básica ha aumentado en un 20% y la renta en un 25%, dice Elmer Sandoval, representante de la Asociación Cívica Guatemalteca del Condado Mercer», en Nueva Jersey.
A esto, según Sandoval, se suma el hecho de que muchos migrantes permanecen escondidos por el temor a ser deportados.
Juan Carlos Pocasangre, presidente de la organización Guatemaltecos en Nueva York, dice que los migrantes en esa ciudad no dimensionan las consecuencias de que se apruebe esa medida, puesto que mantienen la esperanza de que no ocurra.
«Estamos preocupados, esperando que no se tenga que hacer, porque ya estamos afectados con el aumento de todo, de los alimentos principalmente. Los alquileres están demasiado caros y parece que solo es el comienzo», señaló.
De acuerdo con la agencia AP, más de 40 millones de personas serían cubiertas por el referido impuesto, entre ellas, los titulares de visas de no inmigrante, como las de tipo H-1B, H-2A y H-2B y los titulares de permisos de residencia permanente.
También publica que el gobernante estadounidense anunció hace unos días que, aunque no se conocen más detalles, trabaja en la finalización de un memorando presidencial para “acabar con las remesas” enviadas por personas que están en Estados Unidos sin autorización.
Dicha agencia también destaca que la legislación para controlar las remesas a través de impuestos sobre las transferencias de dinero nacionales e internacionales se ha propuesto en 18 estados en los últimos años, pero casi todas las propuestas han sido rechazadas.
La excepción es Oklahoma, agrega, que en el 2009 avaló un impuesto sobre las remesas, de US$5 por cualquier transferencia de dinero inferior a US$500 y un 1% sobre cualquier cantidad superior.
Otros altos funcionarios del gobierno de Trump también han apoyado los esfuerzos para endurecer los controles sobre las remesas. Cuando era senador por Ohio, en el 2023, el vicepresidente JD Vance fue uno de los proponentes de la Ley WIRED, que habría impuesto una tarifa del 10% a las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Según el Banco Mundial, las remesas enviadas a los países de origen en el 2023 totalizaron alrededor de US$656 mil millones, equivalente al producto interno bruto de Bélgica. El dinero que los migrantes mexicanos envían a sus familiares creció un 7.6% en el 2023, alcanzando un récord de US$63 mil 300 millones en ese año.