Las organizaciones destacan que las dos postuladoras corren el riesgo de no entregar a tiempo la nómina de candidatos al Congreso de la República.
El poco avance de las comisiones de postulación para la renovación del Poder Judicial hace que grupos sociales demanden a los comisionados prioridad para el cambio de cortes, para evitar un nuevo retraso en los plazos constitucionales, como ocurrió en el 2019.
El Movimiento Pro Justicia y Guatemala Visible señalaron que hay actores claves que han detenido el poco avance de las postuladoras, incluidos los comisionados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Mientras que el Movimiento Cívico Nacional (MCN) ve que la lentitud del proceso acerca a una nueva prolongación del cambio de cortes.
Las actuales comisiones de postulación, CSJ y salas de Apelaciones, comenzaron a trabajar el 30 y 31 de julio, respectivamente, pero la falta de acuerdos hace que tras una semana tan solo tengan designados secretarios y que la sede siga siendo la manzana de la discordia entre los 37 integrantes de la postuladora.
En el 2019, el proceso quedó entrampado y fue a finales del 2023 cuando el Congreso, liderado por el bloque Vamos, eligió a los actuales magistrados.
Grupos que vigilan el proceso consideran vital que las dos postuladoras aceleren el ritmo de trabajo; de lo contrario, les será imposible cumplir con su tarea para la renovación judicial del 13 de octubre y por la que prestaron juramento ante la Constitución Política de la República de Guatemala.
Prioridad
En otros procesos de comisiones de postulación, definir la sede no había sido punto de discusión, de acuerdo con Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia.
La fiscalizadora no se atrevió a medir en qué etapa debería ir el proceso, que comenzó en abril pasado con la convocatoria que hizo el Organismo Legislativo, pero afirmó que si los comisionados no toman como prioridad su trabajo, podrían incluso violentar la Constitución, al tan solo buscar excusas para no avanzar.
“Quienes están detrás de esta intención que incumple con la Constitución equivale a estar cometiendo o incitando un delito de orden constitucional. Fomentan un incumplimiento, porque le impiden al Congreso elegir a tiempo a los nuevos magistrados”, refirió Ibarra.
Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, consideró que las intenciones en retrasar la renovación del OJ son claras. Destacó cómo los profesionales del Derecho se enfrascan en discusiones que tan solo frenan el paso de una agenda.
La experta en elecciones de segundo grado consideró que, tras una semana de trabajo, al menos ya tendrían que estar en la fase del perfil de los aspirantes y de requisitos, inclusive uno de los temas que suele ser muy discutido, la tabla de gradación con la que se calificará a quienes busquen optar a las magistraturas judiciales.
“Presentan toda clase de obstáculos y argumentos legales que parecieran no haber tenido nunca un trabajo a la vista de una comisión de postulación en los últimos 15 años. Cuestionan cosas simples y sencillas”, refirió Fuentes.
Para Christa Walters, presidenta del MCN, los riesgos de no renovar cortes en los plazos constitucionales son altos, por lo que creyó prudente que los 37 comisionados busquen evitar un nuevo rompimiento constitucional como el de hace cuatro años.
“Corremos un riesgo similar. La cuestión es que lamentablemente ya existe un precedente para eso y estarían violando uno de los principios básicos para una república”, refirió.
La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene una lectura similar, tras haber evaluado las sesiones, y emitió un primer comunicado, en el que manifiesta sus temores de que no se respeten los plazos que dicta la ley.
“Se percibe la intención de intentar atrasar una elección fundamental para el estado de Derecho”, expresó Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la red social X.
Niegan retrasos
Algunos comisionados, como Wilson López, electo por Coalición Gremial, ha dicho públicamente que las intenciones de algunos comisionados es entorpecer el proceso.
Ese extremo lo negaron los magistrados de salas de Apelación y de CSJ, grupo que lideran, e insistieron en el cambio de sede. Ellos son acuerpados por algunos grupos gremiales del Cang, como Ugap, que tiene como uno de sus representantes al abogado Armando Ajín, quien indicó que es académico y sin ningún vínculo político, por lo que rechazó esos comentarios.
“Yo únicamente expreso mi voto a favor cuando considero que algo es correcto. Simple y sencillamente, no voto cuando considero que algo no es correcto. Nunca ha existido de mi parte una intención de retraso”, puntualizó.