El pago de los distintos beneficios para los sindicalizados en siete instituciones superó los Q2 mil 459 millones solo en 2024, según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacional (CIEN). En la presentación se advirtió que las negociaciones en el sector público no están basadas en criterios técnicos comprometiendo el recurso financiero del Estado.
El CIEN analizó que de los pactos colectivos revisados van en contradicción con la Ley del Servicio Civil y el Código de Trabajo por beneficios catalogados como excesivos, en algunos casos destinados solo para los líderes sindicales.
Los pagos van desde aumentos salariales bonos anuales, vehículos para el sindicato proporcionados por la institución, bono 14 y aguinaldo mayor al salario percibido, subsidios, indemnización universal, entre otros beneficios.
Los pactos colectivos en cuestión contemplan aumento porcentual año con año de las remuneraciones, por lo que el pago aumentó 7.6% del 2023 al 2024.
“Tenemos cargas fiscales permanentes que distorsionan salarios, reducen flexibilidad presupuestaria y afectan la sostenibilidad del gasto público”, advirtió Andrea Monterroso, investigadora del Cien.
Se analizaron los pactos colectivos de la Empresa Portuaria Nacional (EPQ), Ministerio de Economía (Mineco), Organismo Judicial (OJ), Ministerio de Educación (Mineduc), Congreso, Universidad de San Carlos (Usac) y la Municipalidad de Villa Nueva.
“De las peores prácticas que hemos identificado son las de EPQ, el OJ, el Mineco y la Usac”, detalló Franciso Quezada, también investigador del CIEN.
Privilegios
Los beneficios más cuestionados en el estudio son compromisos financieros, mantenimiento de las sedes sindicales y heredar las plazas. En el pacto del Mineduc vigente hay un bono profesional de Q700 mensual más una bonificación anual de Q2 mil 500.
En el OJ se da un bono por Semana Santa de Q3 mil 500, bono escolar por Q3 mil y un bono mensual de Q3 mil 200. Además, de proporcionar las sedes sindicales en la capital, Quetzaltenango y otras seis cabeceras departamentales.
En el caso de EPQ se les da un bono vacacional del 125% del salario asegurado, más un aumento del 175% al aguinaldo anualmente, un bono por responsabilidad portuaria, subsidio familiar, ayuda de útiles escolares, pago post mortem de Q100 mil.
También se les da un porcentaje de las regalías, la sede, renovación del equipo cada dos años y comedor subsidiado. Y al finalizar la negociación del pacto, la institución debe pagar Q190 mil por gastos legales.
El Mineco paga bonos acumulativos y aumento de entre el 9 y el 21%, además debe dar presupuesto para actividades deportivas, culturales y el convivio anual.
La Usac debe de apoyar en las actividades deportivas, culturales y el aniversario. En esta institución las plazas se heredan después del fallecimiento o jubilación. A diferencia de las demás, los bonos de los trabajadores sí están sujetos a disponibilidad presupuestaria.
Otro tema abordado es que, en algunos casos, los secretarios de los sindicatos no pueden ser removidos de la institución hasta 12 o 24 meses después y el CIEN registró que en ese tiempo se vuelven a reelegir logrando pasar así hasta 10 años en una entidad.
Tanto Quezada como Monterroso aclaran que los pactos colectivos no son en sí negativos, sino más bien están siendo mal utilizados y comprometiendo el buen funcionamiento de las instituciones.
Peso político
Los expertos señalaron que la responsabilidad recae en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), también hay implicaciones en la Oficina Nacional del Servicio Civil y Ministerio de Finanzas, pero que en algunos casos no pueden objetar las negociaciones debido a intereses políticos. Y en muchos casos hay responsabilidad en el Congreso, quienes aprueban decretos para otorgar los fondos necesarios y que las instituciones cumplan con las obligaciones fijas.
Una observación hecha por los expertos es que entre los pactos analizados encontraron similitudes de forma y de fondo. Advierten que a futuro podría llegar a sacrificar la estabilidad financiera del Estado y del servicio público.
“Si es un gobierno que tiene mucha inestabilidad y quiere ganar tiempo pues va a negociar comprometiendo más”.
Aunque si añade que el titular del Mintrab quien debe de dejar de aceptar todas las peticiones de los pactos porque las consecuencias las sufren los ciudadanos.
Recomendaciones
Sugirieron que se tendrá que revisar la Constitución porque se perdió la finalidad de los pactos colectivos, tema que se elevaría a la Corte de Constitucionalidad.
Además que se deben de declarar ilegales algunas cláusulas que son obligatorias, los pactos deberían reforzar la meritocracia técnica, homologar beneficios entre los trabajadores del Estado que realicen actividades similares manteniendo proporción con las que tiene el sector privado. Y por último, velar porque los pactos respeten la ley de presupuesto y la ley del servicio civil.