La exmagistrada y jueza Yolanda Pérez hizo esa afirmación durante un foro público del Consejo Nacional Empresarial.
La elección de un fiscal general es, en última instancia, un acto político que no privilegia la academia o la experiencia profesional que se valoran en las comisiones de postulación, adonde no precisamente llegan los mejores aspirantes. Estas son algunas de las ideas que desarrollaron cuatro juristas, Álvaro Castellanos, Eduardo Mayora, Luis Bermejo y Yolanda Pérez, durante un foro virtual convocado por el Consejo Nacional Empresarial (CNE).
El sistema está agotado, dijo Pérez, y si no se trabaja en un nuevo sistema “seguiremos teniendo fiscales generales fallidos, por decirlo de alguna forma, magistrados que no responden a su compromiso con el país, sino con las personas que los han ayudado, nombrado o apoyado en sus campañas”.
La politización de la academia ha llevado a la creación de universidades “de cartón” que no tienen muchos alumnos, ha bajado el nivel académico, pero tienen participación en el proceso de postulación, en la politización de los gremios de abogados, por lo que ha dejado de ser una fuerza de denuncia y fiscalización de los intereses del gremio, expuso Bermejo.
Estos ejercicios que hemos estado haciendo son útiles, por supuesto, pero en otro sentido son inútiles, porque no estamos atacando el meollo del problema, dijo Pérez durante su conclusión del foro.
Castellanos notó la importancia de analizar el riesgo de conflicto de interés del fiscal general o funcionarios judiciales, que en los ámbitos privados como la banca se considera espurio porque atenta contra la certeza jurídica y no ofrece condiciones de igualdad. Todas las decisiones que se toman a partir de un conflicto de interés deberían ser nulas, señaló el jurista.
Convocatoria
La comisión de postulación publicó ayer la convocatoria del proceso de selección de candidatos a fiscal general, el perfil del aspirante, formulario de inscripción y guía para la elaboración del currículo.