El Gobierno enfrenta desafíos en la infraestructura vial, así como en la administración interna del Ministerio de Comunicaciones.
Los desafíos en infraestructura son diversos para el gobierno actual. Sin embargo, la principal demanda de empresarios y transportistas es el buen estado de la red vial y que mejore la administración del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), dependencia señalada de presentar los mayores casos de corrupción, que no han sido la excepción en la actual administración.
A seis meses del gobierno de Bernardo Arévalo, los señalamientos hacia el CIV develan nuevamente el funcionamiento de esa dependencia del Estado.
En menos de seis meses, el mandatario ha nombrado a dos ministros de Comunicaciones y ha destituido a funcionarios de otras unidades por supuestos casos de corrupción que se suman a otros denunciados e involucran a la gestión gubernamental anterior.
El colapso de las carreteras, la anulación de contratos de APM Terminals, la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y la remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora son desafíos y proyectos a los que el gobierno de Arévalo se enfrenta y que deberían resolverse o avanzar en el período que le corresponde.
Sin previsión
El director general de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones (Agexport), Amador Carballido, opina que el Gobierno tiene varias demandas por cumplir en infraestructura. Sin embargo, considera que lo que más ha definido a esta gestión es la falta de previsión para atender las urgencias por lluvias que desataron una “crisis” que impacta en la economía y la imagen del país.
“Se sabía de los volúmenes de lluvia que venían, pero no hubo anticipación y planificación de los riesgos que se veían venir, y es lo que más define el trabajo del CIV. Tampoco se tuvo una previsión desde el gabinete de Gobierno, que también puede tomar decisiones. Nos llegó el invierno y nos llegó la crisis”, señaló.
Carballido abogó por el apoyo político de todos los sectores para resolver los problemas de infraestructura, al argumentar que el estado de calamidad es “necesario y la única posibilidad que se tiene”.
En otros temas, como la remodelación del Aeropuerto y el funcionamiento de APM Terminals, comentó que son problemas que se arrastran desde otros gobiernos y duda que también se resuelvan durante la presente administración.
“La infraestructura del país es mala desde hace años. No sé si seis meses es mucho o poco, pero en ese tiempo no se han dado señales de que va por buen camino, aunque hay propuestas positivas del nuevo ministro”, afirmó.
Advirtió de que, sin la infraestructura adecuada, no hay inversión extranjera y el país no avanza.
Corrupción
El 11 de abril último, con 124 días en el cargo, la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, fue destituida por el mandatario, quien atribuyó su decisión a una “pérdida de confianza”, al señalar que la funcionaria había incumplido instrucciones y autorizado pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado.
El colapso de una tubería de aguas servidas en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla causó el hundimiento de la carretera y reveló la falta de mantenimiento de la ruta, que durante 25 años estuvo a cargo de una empresa privada y este año pasó a manos del Estado.
La reparación de ese tramo carretero propició la destitución del director de Caminos Gilberto Guerra, según el presidente, por haber hecho lo posible para favorecer a una empresa.
Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), indicó que uno de los problemas es que en el CIV se nombra a funcionarios que no conocen los problemas que afronta esa dependencia.
“Para nosotros, el Ministerio de Comunicaciones es clave porque debe velar por la infraestructura vial y de esa depende la economía de los guatemaltecos, pero estamos pasando una crisis por la falta de movilidad que no resuelven”, recalcó.
Cambios
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), expuso que el CIV necesita cambiar la forma en que operan los proyectos y la administración del sistema de contratación de carreteras.
“En este momento, no importa qué gobierno o ministro sea, las decisiones institucionales tienen una influencia política muy alta y se tiene poca capacidad técnica en la operación y mantenimiento de carreteras”, afirmó.
Añadió que con la aprobación de la ley general de infraestructura vial que se discute en el Congreso se tendrían las herramientas y condiciones necesarias para contar con carreteras en buenas condiciones.
Destituciones
Funcionarios del CIV han sido destituidos por supuestos casos de corrupción.
- Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones, incumplió instrucciones y autorizó pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado.
- Gilberto de Jesús Guerra, director de Caminos, fue señalado de haber interferido en un proceso de licitación para favorecer a una empresa que se encargaría de reparar un tramo en el km 44 de la autopista Palín-Escuintla, donde se formó un hundimiento.
- Otro de los cambios que figuran en esta cartera son los de Víctor Alejandro Rosales Castañeda, quien ocupaba la Dirección Administrativa y Financiera; Flor Hernández, jefa de Compras y Contrataciones; Iris Gutiérrez, jefa de Recursos Humanos; y Karla Fabiola Lara, quien tenía a su cargo la Subdirección Ejecutiva III.
Infraestructura necesaria
Representantes de cinco cámaras empresariales y autoridades del Ministerio de Comunicaciones acordaron que el sector privado aportará material, equipo e insumos para agilizar los trabajados de rehabilitación del kilómetro 44, autopista Palín-Escuintla.
Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, informó sobre la situación actual de emergencia en la red vial y requirió apoyo con insumos, materiales y vehículos para la reactivación del tramo carretero que está interrumpido desde el 13 de junio, y que ha provocado problemas en las operaciones de la cadena logística.
En tanto, los delegados del sector privado organizado demandaron al CIV la presentación de un programa integral de atención y mantenimiento a las carreteras, así como el detalle de los proyectos a priorizar en la temporada de lluvia.
Ante la petición de las cámaras empresariales, 14 organizaciones del sector privado se reunieron con Alvarado, quien presentó una iniciativa para tener a disposición maquinaria ante cualquier emergencia.
Durante la reunión también se habló de mejorar los mecanismos para promover la competencia en la adjudicación de la obra pública. Además, las autoridades del CIV se comprometieron a revitalizar la infraestructura aeroportuaria y portuaria.
Aeropuerto
Los empresarios también pidieron que se enfoque la atención en la remodelación del Aeropuerto La Aurora, después de que se revelaran las carencias que afrontan los viajeros en esa terminal aérea.
Los problemas van desde la falta de aire acondicionado hasta fallas en las bandas para transporte de equipaje, ascensores, gradas eléctricas o máquinas de rayos equis.
También se han reportado cortes de energía eléctrica, falta de agua, servicios sanitarios en malas condiciones o largas filas para pasar las ventanillas de Migración.
Las autoridades de Aeronáutica Civil afirmaron que al recibir las instalaciones aeroportuarias encontraron algunas irregularidades, como gradas eléctricas que fueron adquiridas, pero no fueron instaladas.
Ante esta situación, el presidente Bernardo Arévalo anunció que se analiza una alianza público–privada para remodelar dicho aeropuerto, al mismo tiempo que afirmó que la “negligencia y la corrupción han impedido que se tenga la infraestructura.
Incertidumbre en la portuaria
Un fallo judicial confirmó la nulidad del contrato de APM Terminals en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), empresa que opera el 70% de las operaciones de uno de los puertos más importantes del país.
El anular el contrato obliga al Gobierno a buscar una salida y garantizar las operaciones en EPQ, un asunto que hasta ahora genera temor en los usuarios del puerto.
Hasta ahora las autoridades de EPQ no revelan los caminos que analizan para que continúe operando la terminal de contenedores, pero sí reconocen que no será a través de una intervención estatal.
En medio de este análisis legal y técnico, la Fiscalía contra la Corrupción confirmó que abrió una investigación a partir de “varias denuncias de ciudadanos”, por lo que indaga en EPQ sobre el futuro de APM Terminals.
El gerente de EPQ, Ricardo Monterroso, indicó recientemente que se trabaja en las soluciones, pero se negó a dar más detalles.
El 13 de junio miembros de la cadena logística nacional expresaron su preocupación por los posibles efectos de la anulación del contrato de APM Terminals, mientras EPQ dijo que buscaba soluciones.
Sobre el impacto al sector naviero de una interrupción de los servicios, dijeron que sería alto porque el transporte, como cualquier ente logístico, necesita tener a todos sus activos en movimiento.
Complicaciones
Alejandro Toledo, presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), expuso que “la complicación que se viene para el comercio internacional de Guatemala es gravísima” por varios factores, y uno de estos es que la EPQ carece de capacidades para poder atender la demanda de APM.
Autopista
Otro proyecto en manos del actual gobierno es la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que ya cuenta con el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), requisito fundamental para proceder a la reconstrucción y rehabilitación de la ruta a través de una alianza público privada.
El EDI establece las condiciones técnicas de ingeniería civil a desarrollarse, la aplicación de la normativa y reglamentos nacionales, así como el cierre financiero de la obra, entre otros aspectos.