La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por medio de la Defensoría del Usuario del Transporte Público, expresó su inconformidad con las nuevas normas del Ministerio de Comunicaciones que afectan a los buses con más de 25 años de antigüedad, al afirmar que, lejos de modernizar y mejorar la seguridad vial, vulneran la vida de los usuarios y de los peatones.
Guerra advirtió que las nuevas disposiciones, aunque en apariencia buscan modernizar el sistema, podrían empeorar las condiciones de seguridad vial, especialmente por la premura y la falta de claridad en los requisitos técnicos estipulados.
Las unidades de transporte público deben someterse a revisiones físicas y mecánicas cada cinco años, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y garantizar la seguridad de los usuarios, según una publicación en el Diario de Centro América que reforma el Acuerdo 225-2012, relativo al Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros y Servicio Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial.
La medida fue consensuada con empresarios del transporte extraurbano de pasajeros, quienes se opusieron al retiro de los buses con más de 25 años de antigüedad.
Según el artículo 53 Bis del reglamento, estas revisiones deben ser efectuadas por profesionales en mecánica automotriz o talleres autorizados y debidamente registrados ante las autoridades correspondientes, como la Superintedencia de Administración Tributaria (SAT).
Guerra dice que la disposición, si bien busca responder a la antigüedad de los vehículos, no proporciona garantías suficientes de que los talleres encargados de estas inspecciones sean técnicamente adecuados, ni establece mecanismos claros de control institucional.
También criticó la ausencia de especificaciones sobre los talleres certificados, y cuestionó si dichos establecimientos cuentan con el equipo necesario o si son simplemente “empresas de papel”, registradas únicamente ante la SAT, sin evaluación técnica alguna. Recordó, además, el fallido esquema del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama), que surgió en los años noventa para controlar la emisión contaminante de vehículos.
Guerra advirtió que la presente normativa carece de mecanismos sólidos para asegurar su correcta aplicación.
Concluyó que, más allá de una reforma aparente, lo que se necesita es un fortalecimiento real de instituciones clave, como la Dirección General de Transportes y el Departamento de Tránsito, así como un mayor involucramiento de las policías municipales de tránsito en su ámbito territorial. Solo con esto, afirmó Guerra, se podrá garantizar que, al menos, los aspectos básicos de seguridad —como el estado adecuado de los neumáticos— sean respetados.
Finalmente, adelantó que la Defensoría del Usuario del Transporte Público está considerando tomar las acciones pertinentes, incluso legales, para proteger el derecho a la vida de los millones de guatemaltecos que diariamente utilizan el transporte colectivo. Las mismas según Guerra, son analizadas por el procurador.
Percances mortales
Edgar Guerra, representante de dicha unidad de la PDH, Enfatizó que, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, la siniestralidad vial representa la segunda causa de muerte en Guatemala.
“Entre enero y mayo de este año se reportaron 3 mil 512 incidentes, con más de mil personas fallecidas y casi 4 mil lesionadas. Este escenario evidencia un fuerte impacto no solo en la salud pública, sino también en la economía y en la carga sobre el sistema de atención sanitaria”, explicó.
Añadió que, en ese periodo, se identificaron 226 autobuses de transporte colectivo involucrados en siniestros, de los cuales 9 usuarios perdieron la vida y 234 resultaron lesionados.