Un exrepresentante legal de Montañas Nacionales, S. A. y amigo de Armando Escribá trató de integrar la postuladora para la CSJ.
El Departamento Jurídico y otras dos gerencias del Registro de Información Catastral (RIC), funcionan desde finales de 2023 en un inmueble que se le arrendó a Montañas Nacionales, una sociedad anónima vinculada con el exdiputado Oscar Armando Escribá Morales.
La institución justifica el alquiler por el hacinamiento en otras tres sedes de la capital y aseguran que no sabían del nexo entre Escribá y la arrendante.
Con el arrendamiento de las oficinas anexas para el RIC se reactiva la proveeduría pública de Montañas Nacionales, que decayó en 2018 cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señalaron que el entonces diputado de Acción Ciudadana, electo por el partido Líder, habría incurrido en concusión y fraude, en el caso Construcción y Corrupción.
Una sala de Apelaciones confirmó el cierre del caso contra Escribá y la Corte de Constitucionalidad validó la decisión en marzo pasado.
Según la Cicig, cuando Escribá era funcionario del Ministerio de Comunicaciones se adjudicaron proyectos por Q194 millones para empresas vinculadas a Montañas Nacionales y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A.
El arrendamiento no es el único lazo entre el RIC y Escribá. No menos de cinco personas vinculadas con el exdiputado —dos exrepresentantes legales, el sobrino, uno de los hermanos y la cuñada— han prestado servicios profesionales al RIC durante los últimos cinco años.
Uno de ellos, Lionel Polanco Mejía, se postuló como candidato a integrar la comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia, un hilo con Escribá, a quien se le menciona como posible financista u operador en la elección de cortes.
Selección exprés
La historia del arrendamiento comenzó en noviembre de 2023, cuando los directivos del RIC advirtieron que necesitaban más espacio para la gerencia jurídica y la Coordinación de Registro Público. La solicitud fue firmada por el jefe de sección de gestiones administrativas del RIC Juan Pablo Guzmán Leal y el jefe del departamento Administrativo, Elmer Gudiel Valle, el 21 de noviembre y el contrato de arrendamiento para la mudanza se firmó el 29 de ese mismo mes. Así, en una semana se había resuelto el problema de hacinamiento que plantearon Valle y Guzmán.
Valle salió librado de una trama de corrupción que destapó la Contraloría General de Cuentas en la auditoría del año 2015 y que alcanzó a la entonces directora ejecutiva del RIC, Emilia Guadalupe Ayuso, y que derivó en una denuncia penal en su contra por la compra de equipo de cómputo valorado en Q6.2 millones sin planificación ni justificación.
Junto con Ayuso, fue denunciado Juan Pablo Guzmán Leal que entonces se desempeñaba como encargado de Tesorería del RIC. Valle y Guzmán son actores clave en el arrendamiento con la sociedad vinculada con Escribá.
Gilmar Bobadilla, jefe de Comunicación del RIC, señala que la legislación permite el arrendamiento sin necesidad de concurso y advierte que consiguieron nueve cotizaciones de posibles opciones para la mudanza, pero sólo dos estaban dispuestos a hacer negocios con el Estado. La búsqueda comenzó, según el comunicador, mucho antes de lo que muestran los documentos publicados en Guatecompras.
En los documentos relacionados con el concurso, fechado el 24 de noviembre, Valle señala que “no se encontró un lugar con mejor precio y estructura para el arrendamiento”.
Ya en enero de 2024, el RIC firmó un contrato por Q881 mil 978 con Montañas Nacionales para arrendar el inmueble de 1 mil 018.6 metros durante todo el año.
Los nexos
Cuando la Cicig reveló el caso contra Escribá, se detalló que Luis Alberto Beltetón Carías, uno de los fundadores de Montañas Nacionales y presidente del Consejo de Administración, era pareja de una de las hermanas, Brenda Izela Escribá Morales.
Beltetón fue representante legal de Montañas Nacionales, hasta 2021. Su antecesor fue Édgar Lionel Polanco Mejía, que participó como candidato para representar al Colegio de Abogados y Notarios (CANG) en la comisión de postulación para la Corte Suprema de Justicia.
Mientras esperaba el avance de las votaciones, en el fórum Majadas, Polanco confirmó que fue representante legal de Montañas Nacionales, porque así se lo pidió “su amigo”, el diputado Armando Escribá. Su función no le demandaba ir a la oficina o alguna actividad puntual en la constructora, recordó.
“Casi no hice gestiones con ellos”, dijo y se retiró de la carpa desolada de la planilla 7, que no logró ningún escaño en las comisiones.
Polanco ocupó la gerencia jurídica del proceso catastral en el RIC de 2019 a 2022, de acuerdo con la información pública. Durante su gestión, fue jefe de Alfredo Beltetón Escribá, sobrino del exdiputado e hijo de Brenda Escribá y Luis Beltetón, el ex representante de Montañas Nacionales.
De 2017 a 2018, Alfredo Beltetón fue técnico de inventarios del RIC y de enero a junio de 2019 se le contrató como técnico investigador de fuentes registrales alternas. De julio en adelante, obtuvo un contrato como procurador en el Instituto Nacional de Bosques (Inab). En 2019, Brenda Escribá y su hijo Alfredo se postularon como candidatos del partido FCN-Nación para dirigir la corporación municipal de San Miguel Petapa.
Polanco y el sobrino de Escribá no son los únicos vinculados que trabajaron para el RIC. Hasta enero de 2021, el representante legal de Montañas Nacionales fue Rudy Jonathan Pimentel Ramírez, un bachiller en computación contratado para prestar servicios técnicos al RIC desde 2019. Desde entonces suma adjudicaciones por Q293 mil, según el portal Guatecompras.
Alfredo Escribá Morales, hermano del exdiputado, es Gerente de Programas y Proyectos en el RIC y la ingeniera Alejandra Constanza Soberanis, esposa de Estuardo Escribá, también trabaja para esa institución como Profesional para el Desarrollo y/o Actualización de instrumentos Técnicos Administrativos.
Estuardo, otro hermano del exdiputado, presta servicios profesionales en el Registro Nacional de las Personas (Renap), al igual que la actual representante legal de Montañas Nacionales, Brenda Lucrecia Quiñónez Flores, quien firmó el contrato para el arrendamiento de las oficinas anexas del RIC.