Con una puntuación de 24 puntos sobre 100 posibles, Guatemala ocupa el puesto 150 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 realizado por Transparencia Internacional.
El puntaje es el más bajo que ha obtenido el país desde que se realiza esta medición a nivel internacional en 1996.
“El año pasado, el país obtuvo una nota de 25 sobre 100, este año es de 24. La evaluación mide la corrupción en el sector público”, explicó Edie Cux, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
El Índice de Percepción de la Corrupción es realizado por medio de una combinación de encuestas que se realizan a empresarios y líderes de cada país. Posteriormente se evalúan los resultados y se asigna una puntuación sobre 100 posibles.
En constante retroceso
Cux, explicó que “en los últimos 12 años que abarcan los gobiernos de Álvaro Colom, Otto Perez y Alejandro Giammattei, Guatemala ha caído del puesto 91 en el cual se encontraba en 2010 al 150 en el 2022, es decir retrocedió 59 posiciones”.
La situación se agrava cuando se observa que en el continente americano el promedio de puntuación de los países es de 43 puntos sobre 100. Guatemala con 24 puntos solamente supera a Honduras que tuvo un puntaje de 23, Nicaragua 19, Haití 17 y Venezuela 14.
El promedio guatemalteco también le sitúa junto a países como Afganistán, Camboya, República Centroafricana, Líbano, Nigeria y Tajikistan.
La situación contrasta al observar que países como Barbados obtuvieron una nota de 65 puntos, Chile 67, Estados Unidos 69, Uruguay 74 y Canadá 74.
Debilitamiento institucional
El representante de Acción Ciudadana comentó que la baja nota que obtuvo Guatemala se debe en buena medida al debilitamiento de las instituciones que combaten la corrupción y la opacidad con la que el gobierno ha manejado el presupuesto nacional.
“Los últimos gobiernos han desmantelado la infraestructura institucional para combatir la corrupción al adormecer a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público. Y en paralelo se ha incrementado el manejo discrecional de fondos públicos especialmente en el Ministerio de Comunicaciones y los Consejos de Desarrollo”, comentó Cux.
Agregó que también influye negativamente “el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya agregado a Guatemala en su lista negra de los países donde se observan violaciones a Derechos Humanos y se esté dando persecución y exilio a operadores independientes de justicia, fiscales y jueces, lo que ha significado impunidad para los actores corruptos y criminalización para los activistas anticorrupción”.