A través de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo despojaron de su nacionalidad a los 135 presos políticos que fueron desterrados hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre.
Además, la resolución de ese órgano de justicia de Nicaragua, controlado por el régimen, decretó el decomiso de todos los bienes de las 135 personas que actualmente permanecen en Guatemala, tras ser excarceladas luego de una negociación con el gobierno de Estados Unidos.
Medios nicaragüenses informaron que la resolución fue emitida por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, basándose en leyes que han sido criticadas y denunciadas por organismos de derechos humanos.
Según la Corte de Nicaragua, los 135 desterrados fueron condenados “por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la Paz, Seguridad y el Orden Constitucional”.
El gobierno de los Estados Unidos informó que dentro de este grupo hay líderes religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Al menos seis de ellos, ya han manifestado su interés de permanecer en Guatemala.
Las autoridades estadounidenses indicaron también que estas personas podrán optar al programa de refugiados en Estados Unidos.
Este grupo de 135 nicaragüenses se suma al grupo de 317 que en 2023 fueron despojados de su nacionalidad y que también fueron desterrados.
