Simplificar y digitalizar los trámites, crear una ventanilla única para el sector Energía y fortalecer a los ministerios de Ambiente y Energía con personal técnico adicional para agilizar la evaluación ambiental son acciones críticas para que los próximos proyectos energéticos concluyan su etapa de construcción y entren en operación en el tiempo preestablecido. También se requiere mayor apoyo de las municipalidades, con trámites específicos para el sector.
Ese es el consenso entre actores —expertos y empresas— consultados en el marco de los proyectos de la cuarta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG-4). Se trata de contratos adjudicados desde el 2023, cuyas plantas deberán comenzar a operar entre el 2026 y el 2028, según la tecnología y el avance de cada obra. Fuentes como la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) estiman una inversión de US$400 millones en un proceso diseñado para asegurar 235 megavatios (MW) de nueva capacidad, con el objetivo de abastecer a las distribuidoras Energuate y EEGSA mediante contratos de hasta 15 años.
Este grupo de contratos se caracteriza por privilegiar, en alto porcentaje, fuentes renovables como hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas. En total participaron más de 15 empresas, que comprometieron cerca de 400 MW de nueva capacidad.
Sin embargo, tras la adjudicación, el panorama muestra avances desiguales. Algunos proyectos avanzan conforme al cronograma, mientras que otros enfrentan retrasos por trámites ambientales, ausencia de permisos municipales claros, conflictividad social y restricciones en la red de transmisión.
Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas, indica que la mayoría de los proyectos de la PEG-4 “están en tiempo, especialmente los solares. Pero hoy se están yendo a modalidad híbrida. Una hidráulica pequeña está agregando paneles solares. Y esto dependerá de la visión que tenga el propietario: si le pone baterías o no le pone baterías”.
Ventanilla única y acompañamiento
Hay consenso en que una de las principales limitaciones para el desarrollo está en el área ambiental. Otto Armas, gerente de Proyectos de Enernova, explica que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) enfrenta una alta congestión de expedientes y carece de suficiente personal técnico para evaluarlos con rapidez. “Los estudios que presentan los inversionistas suelen ser muy completos, pero la institucionalidad no tiene capacidad suficiente para analizarlos con agilidad. Cada mes de retraso significa pérdidas económicas y riesgos para el Estado”, señala.
Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), considera que “muy rápidamente, saliendo de la PEG-5, debe de venir la PEG-6, aunque sea con un volumen de demanda mucho menor. Luego que el Ejecutivo nos apoye con una ventanilla única, por llamarla de alguna manera”.
Añade que esta ha sido una iniciativa “que hemos tenido durante muchos años: que haya una ventanilla única con expertos en energía eléctrica para resolver los temas ambientales y normativos por el lado del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Y esta unidad, digamos, muchas veces la excusa es el financiamiento o el presupuesto, pero eso se resuelve. Necesitamos mucha voluntad política”, señala.
Para González, también es clave el acompañamiento de las autoridades en el desarrollo de los proyectos. “Es decir, te adjudican una planta en algún lugar del interior y anda a ver cómo resuelves los problemas comunitarios, sociales, de ausencia del Estado, con las municipalidades, las autoridades locales. Por supuesto que es responsabilidad nuestra resolverlo, pero también del Estado”, indica. Y complementa: “Si el Estado no participa activamente en conjunto con nosotros para resolver que los proyectos salgan adelante, el impacto que tiene es sobre toda la población”.
A esta saturación se suma la complejidad de cumplir con la normativa técnica de conexión al Sistema Nacional Interconectado (SIN), que exige pasos largos y poco claros. Según Armas, los tiempos de espera en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) son prolongados y la información no siempre está disponible.
Raúl Buscayrol, expresidente de la Cámara de Industria y representante de la gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica, recuerda que Guatemala acumula más de 4 mil trámites en distintas instituciones. En el caso de la energía, esto se traduce en una larga espera para licencias ambientales, permisos municipales y autorizaciones de conexión. “El problema no es solo el tiempo que se pierde, sino la discrecionalidad. Al no ser procesos digitales, transparentes ni trazables, se abre espacio a la subjetividad y, en algunos casos, a la corrupción”, advierte.
La consecuencia inmediata, señala, es que el país corre el riesgo de incumplir contratos. “Si se adjudican proyectos, pero no logran construirse por trabas burocráticas, terminaremos en arbitrajes internacionales. Eso echaría por la borda la certeza jurídica que históricamente ha distinguido al sector eléctrico guatemalteco”.
Beatriz Lara, gerente regional de Energía de Progreso, considera que la gestión social debe verse como un componente estructural de los proyectos. “No basta con cumplir trámites. El gobierno debe acompañar a los inversionistas en el diálogo con comunidades, porque estos proyectos son para el bien del país y no pueden quedar atrapados en disputas locales”, afirma.
Según la ejecutiva, las municipalidades juegan un papel crucial, al conocer las necesidades de cada territorio, pero requieren apoyo del Estado para transmitir con claridad los beneficios.
Socializar y especialización municipal
Otro obstáculo señalado por los desarrolladores es que muchas municipalidades carecen de normativa específica para obras eléctricas y aplican criterios de construcción civil a proyectos que, en su mayoría, son mecánicos o eléctricos. Esto, explica Armas, deriva en la creación de figuras administrativas improvisadas que encarecen los proyectos y alargan los cronogramas.
“Se idean licencias de construcción sin una métrica congruente, lo que genera costos adicionales y atrasos”, sostiene. En algunos casos, la falta de información ha llegado al punto de atribuir a las plantas solares impactos en la agricultura o en la disponibilidad de agua.
Ante este panorama, Buscayrol propone digitalizar y simplificar los trámites, de modo que sean transparentes, trazables y objetivos. Lara, por su parte, enfatiza la necesidad de acompañar a los inversionistas en la gestión social, con un rol más activo del Estado en la construcción de consensos.
Armas llama a fortalecer la capacidad técnica del MARN y de la CNEE para evaluar expedientes con mayor agilidad, además de reformar las normativas municipales y capacitar a los gobiernos locales en asuntos energéticos.
Para Lara, no se puede dejar de lado la infraestructura para transmisión y transporte de energía. Compara la situación con una autopista que no está lista para recibir el tráfico: “Podemos tener plantas listas para operar, pero si no hay líneas de transmisión suficientes, la energía se quedará estancada”. La inversión en infraestructura de transporte eléctrico, advierten los expertos, debe avanzar en paralelo con la nueva generación para evitar cuellos de botella que frenen el desarrollo.