Los primeros hallazgos al presupuesto de ingresos y egresos que el Congreso aprobó por un monto de Q152 mil 26 millones, han encendido las primeras alertas, y llamados de atención por representantes de diferentes centros de investigación económica, y son varias las inconsistencias detectadas.

Los diputados de diferentes bancadas avalaron la madrugada del miércoles 27 de noviembre un programa de gasto estructurado para un segundo año de gestión del presidente Bernardo Arévalo, el cual se ejecutará en 2025, y que presentó el Ministerio de Finanzas (Minfin) el pasado 2 de septiembre a la Comisión de Finanzas del Congreso, en donde se realizaron algunas modificaciones al dictamen.

Con la legalización del plan de gasto -Decreto 36-2024- que se ejecutará para el siguiente ejercicio fiscal, la Dirección Técnica el Presupuesto (DTP) comenzará a realizar las asignaciones analíticas, que entrará en vigor el 1 de enero del 2025, tanto para el Gobierno Central como para las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas que reciben fondos estatales por la vía presupuestaria. 

Un aumento sorpresivo del endeudamiento por la vía bonificable, mayores asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y municipalidades; la creación de un “bolsón” por Q3 mil 500 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) sin contar con un programa específico; el destino de la contratación de deuda bonificable para gasto de funcionamiento y un déficit estimado en 3.4 % que comprometen las finanzas públicas, son algunas de las alertas.

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A Flourish chart

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(Cifras en porcentajes)

Déficit por ejercicio fiscal 

Fuente: Ley del presupuesto de ingresos y egresos 2025

(Cifras en millones de quetzales)

Q152,026 millones

Total:

Así quedó la distribución de gastos para ejecutar en el 2025 en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Asignaciones presupuestarias 

¿Cómo queda?

El programa de ingresos y gastos es de Q148 mil 526 millones, pero en el artículo 142 “Plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras” de la Ley se avala Q3 mil 500 millones, por lo que queda en Q152 mil 26 millones. Este monto aumentaría el déficit fiscal en alrededor del 3.4 por ciento, o sea mayor al 3.1 por ciento que inicialmente se presentó.

Los principales gastos estarán concentrados para los ministerios de Educación con Q25 mil 649 millones; Salud, Q15 mil 199 millones; Comunicaciones, Q9 mil 929 millones; Gobernación, Q8 mil 272 millones; Defensa, Q3 mil 859 millones; Agricultura, Q2 mil 592 millones; Desarrollo, Q2 mil 579 millones y Trabajo, Q2 mil 414 millones.  En su conjunto, estas asignaciones suman Q71 mil 494 millones o sea consumirán el 47 por ciento del total (Q152 mil 26 millones) autorizado.

Para Obligaciones a Cargo del Estado en la cual se incluye las asignaciones para los Codedes y municipalidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, Organismo Judicial, Ministerio Público, entre otras instituciones el monto es de Q51 mil 666 millones, según la ley.

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Para funcionamiento se destinan Q98 mil 910 millones; para inversión Q29 mil 653 millones y para el pago del servicio de la deuda pública Q19 mil 962 millones.

El presupuesto se estaría financiando por ingresos corrientes en Q115 mil 391 millones; fuentes financieras Q33 mil 95 millones de los cuales Q25 mil 104 millones es por la colación de bonos y Q2 mil 406 millones por la vía de préstamos.

El saldo de la deuda pública que incluye la interna y la externa se estaría ubicando en Q262 mil 127 millones.

Entre los cambios al presupuesto también se incluye un incremento salarial e incentivo económico para todo el personal de Salud, la reclasificación y continuidad del proceso de incorporación de personal temporal al renglón 011.

Hallazgos

Mario Alberto García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020 y Ricardo Barrientos, director El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) coinciden en una lista de primeros hallazgos que generan alertas, desde el punto de vista macroeconómico y fiscal, así como las normas presupuestarias.

“Es peligroso, decepcionante y preocupante”, reaccionó García Lara, al declarar que hay estudios y análisis sobre la sostenibilidad fiscal del país, y “que tanto aguantar la economía, sin perder la estabilidad un déficit fiscal de ese tamaño (3.4 por ciento)”.Recordó que por el comportamiento histórico del país un déficit equivalente al dos por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB) es tolerable, que no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, ni desvía la senda fiscal en un contexto de “sendero de sostenibilidad”, y en los últimos 20 años rara vez el déficit fiscal supera el dos por ciento, solo a excepción de la pandemia en 2020 que se justificó en que el estado entrará a gastar en muchos rubros para mantener el gasto en la sociedad y la producción en general.

“Este presupuesto que envió el ejecutivo si tenía un déficit del 3.1 por ciento, y eso manda señales de alerta a los mercados financieros tanto nacionales como internacionales, por qué esta en un nivel, que, si no se corrige pronto, va a hacer que se pierda esa sostenibilidad fiscal y a poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Lo peor, es que el Congreso en vez de reducir ese nivel de déficit que envío el Ejecutivo lo ampliaron más”, apuntó.

Reiteró que esa situación es un peligro para el país, y un peligro para la buena reputación que se tiene en los mercados financieros internacionales en ser una economía que se maneja con prudencia. 

 Asignación a Codedes

 “Se observó que se retomó la dinámica de los anteriores gobiernos en donde se conseguían los acuerdos por medio de prebendas”, declaró Barrientos, quien cuestionó la manera en la que los diputados oficialistas consiguieron el presupuesto y la ley de Competencia, aprobada hace algunas semanas.

A su juicio quedó “muy claro” que la aprobación del presupuesto fue a cambio de estas prebendas -reforma a la PNC y del propio presupuesto del Congreso- y “eso sí es un esquema muy preocupante que cae en las prácticas del pasado”.

En cuanto a los fondos otorgados a los Consejos Departamentales de Desarrollo, reiteró que se han venido cuestionando por diversos actores por ser muy vulnerables al abuso y a la corrupción estas asignaciones.  Además, que se requiere calidad del gasto, pero también en este periodo el Congreso levantó algunos controles y restricciones.

“La posición es que este tipo de explicaciones que en gobiernos anteriores lo hayan hecho, a nuestro parecer, no es un argumento válido. Para poder justificar este tipo de excepciones, es muy importante que el gobierno explique y demuestre cuáles son los retornos, los impactos beneficiosos en términos sociales y económicos”, insistió.

«Se agudiza la preocupación porque el oficialismo esté retornando a las prácticas legislativas del pasado, lo que se supone que ya no debía pasar, y me refiero a la negociación sucia en el Legislativo en el sentido de hacer intercambios de piezas de legislación legítimas y necesarias por piezas de legislación espurias y dañinas», concluyó.

En alianzas

Para Jahir Dabroy de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) en las últimas semanas se ha dado un cambio en las alianzas en el Legislativo que podría derivarse en una reconfiguración de los poderes. Y sugiere que “hay un aprendizaje” por parte de los diputados oficialistas, quienes lograron que negociar con opositores.

“Parte del paquete de leyes que se negociaron con diputados que hasta hace unas semanas eran férreos rivales del oficialismo, ahora va a tener discrecionalidad sobre manejos significativos de recursos a través del sistema de Codedes que desde mi particular punto de vista es parte de los espacios de negociación que permite el Congreso, pero habrá que estar muy atentos a la fiscalización”, detalló.

“Este presupuesto que envió el ejecutivo si tenía un déficit del 3.1 por ciento, y eso manda señales de alerta a los mercados financieros tanto nacionales como internacionales, por qué esta en un nivel, que, si no se corrige pronto, va a hacer que se pierda esa sostenibilidad fiscal y a poner en riesgo la estabilidad macroeconómica»

Mario Alberto García Lara, director ejecutivo Fundación 2020

Advirtió que la modificación a la Ley Contra la Delincuencia Organizada fortalecerá a la bancada y a la relación Ejecutivo-Legislativo de manera que, en los próximos meses, la agenda pueda tener más temas prioritarios para a Presidencia, como la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).

“Hay una reconfiguración de poderes, si la bancada oficialista no aprovecha ese mecanismo de péndulo que tiene en la política, en este momento, se están convirtiendo en actores protagónicos y están capitalizando poder. En otro momento, bajo otras circunstancias, si ellos no avanzan en todas las disposiciones que consideran importantes, incluso para para su propia sobrevivencia gubernamental, pues el otro actor no va a dudar en hacerlo cuando tenga la chance y la oportunidad”, concluyó Dabroy.

Posiciones gremiales

Antes de la aprobación del presupuesto, cámaras empresariales se pronunciaron respecto a la preocupación por el déficit fiscal y la falta de mecanismos de transparencia y la calidad del gasto público. Pidieron que se refuercen los mecanismos de supervisión y monitoreo del gasto, además que se limiten los gastos de funcionamiento.

Cuestionaron el incremento del 28 %en gasto anual que no refleja las necesidades del país en materia de inversión. También que costearán los servicios de la deuda pública con gasto corriente y con el 80 % del presupuesto.

Recomendaciones

Entre algunas sugerencias, Barrientos hizo el llamado al gobernante Arévalo para que vete las leyes aprobadas recientemente que son cuestionadas como la ejecución multianual de los Codedes y la ley ganadera que crea un régimen a este sector.

En tanto que García Lara, instó al Minfin en tener mucho cuidado en el manejo del déficit fiscal, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido de la opinión que un dos por ciento del déficit fiscal como porcentaje del PIB es tolerable.

Este año fue bondadoso en que Guatemala pueda tenerlo, pero con tres condiciones: que sea temporal, es decir que solo este año se pueda subir y que en el 2026 en adelante se vaya reduciendo; lo segundo que sea focalizado para infraestructura, que no se vaya a otros rubros de gasto y no se observen rendimientos sociales a largo plazo y lo último que sea trasparente.

“Esas recomendaciones que brindo el FMI hace algunos meses son las más importantes. ¿Ya se aprobó?, entonces, que sea solo por esta única vez, que se destine para infraestructura e inversión y que sea transparente”, concluyó García Lara.