El reciente fallo de la CC dejaría la tarea en manos del Congreso, que no respaldó la iniciativa del mandatario al concluir el primer periodo de sesiones.
Las opciones para que el presidente consiga la destitución del Fiscal General, se reducen. El reciente rechazó de la Corte de Constitucionalidad (CC) hace que el mandatario dependa de un Congreso, que, hasta ahora, ha permanecido al margen de la discusión.
La CC resolvió una opinión consulta con la que el presidente, Bernardo Arévalo, buscaba destituir a María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP). Pero la resolución no fue lo que esperaba el Organismo Ejecutivo.
Con este revés judicial, las alternativas del presidente recaen en el Organismo Legislativo. En donde los diputados optaron por no asistir a las últimas sesiones del pasado periodo ordinario y no respaldaron la iniciativa presidencial.
Entre los argumentos por los que la CC declaró improcedente las consultas es porque detectó preguntas hipotéticas y mal formuladas. “Implica que en la forma como se ha planteado el cuestionamiento este resulta improcedente”, cita la resolución constitucional.
Pero para el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, aunque unas preguntas sí pudieron caer en escenarios hipotéticos, hubo otras que merecían respuesta. Concretamente, las que cuestionan la honorabilidad del Fiscal General.
“Creo que no es tanto un problema de las preguntas, sino que la CC está buscando, a todas luces, evadir, dar una opinión. Creo que dadas las dudas dadas por el presidente no creo que con cambiar las preguntas tenga una respuesta positiva”, dijo.
Ortiz considera que al plantear nuevamente una consulta la respuesta será prácticamente la misma. Pero al no existir una respuesta, positiva o negativa, de la CC, estima que el análisis jurídico del mandatario podría llevarle a analizar otros escenarios.
Principalmente, porque las dudas relacionadas a la honorabilidad de cargo del Fiscal General no fueron atendidas.
“Esa es otra ruta que él podría explorar si su hipótesis jurídica es que la reconocida honorabilidad es un requisito que debe de mantenerse a lo largo del cargo, pues podría optar por la remoción por esa vía y esperar que se judicialice porque seguramente habría algún amparo. En ese caso a la CC sí le tocaría conocer, pero sería una medida muy riesgosa”, señaló.
Analizan escenario
Por su parte, Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la presidencia, afirma que estudian la resolución. Descartan buscar una ampliación o aclaración. Porque en un 90 por ciento, según su experiencia, las mismas son rechazadas por las autoridades judiciales.
El otro escenario que se plantean es volver a formular la consulta, haciendo las modificaciones a las interrogantes. Pero tampoco es algo que considere llegue a cambiar el fondo de la resolución.
“Tenemos que tomar una decisión si volvemos a presentar la opinión consultiva, aunque está muy claro que la CC, sin importar como se redacte la pregunta, no quiere entrar a conocer temas de Consuelo Porras. Esa es una realidad”, dijo el secretario.
Aunque la forma en como fueron formuladas las preguntas del presidente fueron debatidas por el pleno constitucional en su resolución, Guerrero afirma que las mismas iban sustentadas.
Coincidiendo con Ortiz en que la CC optó por evadir fijar una postura sobre la situación.
“Ellos tenían que responder favorable o desfavorablemente a las preguntas del presidente, no había término medio. Pero al recibir el documento y ver que había preguntas hipotéticas habrán rechazado la solicitud y no entrar a conocer”, remarcó el secretario general.
La CC notificó a la presidencia su resolución el pasado lunes. Por lo que el equipo jurídico analiza cual será la ruta legal a seguir.
El secretario Guerrero no se atreve a adelantar criterios de cuándo podrán tener una decisión. Pero considera que la otra alternativa que les queda, recae en el Congreso.
Se consultó a la CC sobre la resolución, sin embargo, su equipo de comunicación indicó que «la Corte no tiene ningún comentario al respecto».
De igual manera se intentó obtener una opinión del Ministerio Público, pero no respondieron a la solicitud.
Buscan apoyo
El presidente Arévalo presentó al Congreso una propuesta para reformar la Ley Orgánica del MP. Con la que buscaría la destitución del Fiscal General.
El diputado oficialista, Raúl Barrera, dijo que buscan apoyo para que la misma se conozca antes del segundo periodo de sesiones ordinarias.
“Si buscaríamos la urgencia nacional, aunque si las circunstancias no hacen propicio tener 107 votos, tendría que ser en tres lecturas distintas. Nosotros siempre estamos en comunicación con actores políticos comunicando nuestras necesidades como bancada oficial”.
La iniciativa del presidente ni siquiera ha sido enviada a comisión para su análisis correspondiente.