Silvia Janeth García Guzmán, una fiscal con experiencia en desjudicialización y liquidación de expedientes, fue nombrada por Consuelo Porras como coordinadora nacional del Ministerio Público (MP). Ese cargo se creó a partir de las reformas a la Ley Orgánica de 2016 para coordinar a los fiscales regionales, que asumen la jefatura del MP en la demarcación geográfica que se les asigne.
García Guzmán ingresó al MP en 2008, de acuerdo con la hoja de vida que presentó en 2019 como aspirante a magistrada de Apelaciones. De momento tendrá a su cargo la coordinación de tres fiscales regionales: en Quetzaltenango a Miriam Iliana Barrios Alvarado, quien se desempeñaba en la agencia fiscal de San Juan Ostuncalco; en Jutiapa a Marvin Antonio Montejo Estrada, de la fiscalía municipal de La Democracia, en Huehuetenango; y a Aura Marina López Cifuentes.
López Cifuentes se ha desempañado como jefa de tres fiscalías: Delitos contra el Ambiente, Económicos y contra la Corrupción. Se consultó al MP quién quedará a cargo de esa fiscalía y únicamente se indicó que el nombramiento se efectuará “en las próximas horas”.
En los últimos meses, la Fiscalía contra la Corrupción presentó dos casos de impacto, el de fraude y lavado por no menos de Q28 millones en el Insivumeh, que alcanza al diputado y directivo del Congreso Jorge García Silva. Sin embargo no se ha presentado antejuicio contra el congresista. También se judicializó un caso por fraude en el INDE para la contratación de suministro energético innecesario, que le sumó una tercera orden de captura al exministro de Energía y Minas Erick Archila.
Se consultó al MP por qué no se nombró a todos los fiscales regionales y la respuesta fue que “se está realizando el proceso y se irán nombrando en los próximos días”.
Con el poder de Porras
Los fiscales regionales son los delegados de la Fiscal General en cada región y se crearon con la finalidad de descentralizar las funciones del MP y de trasladar capacidades hacia los departamentos.
Antes de que su periodo de gestión finalizara, Thelma Aldana designó a los ocho fiscales regionales y una coordinadora regional. En octubre de 2018, Porras le pidió la renuncia a esos funcionarios y señaló vicios y anomalías en los nombramientos. Anunció una investigación administrativa y penal, pero a la fecha se desconocen los resultados de esas pesquisas.