En los últimos días, las lluvias han provocado desastres; en julio pasado, una serie de sismos alarmó a los guatemaltecos, y un mes antes, la actividad del volcán de Fuego causó zozobra entre la población. El país se encuentra en constante riesgo por desastres que ponen en peligro a la población, sin que se implementen acciones para minimizar el riesgo.
Guatemala ocupa el segundo lugar entre los países más vulnerables de la región; sin embargo, la corrupción es un obstáculo para prevenir desastres y construir obra que resista los embates de la naturaleza. Hacerlo representaría no solo salvar vidas humanas, sino también un ahorro económico para el país, según Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred).
¿Qué tan vulnerable es Guatemala ante los drásticos eventos climáticos que se registran?
Hay una publicación anual que elaboran entes científicos y cada año publican un índice de riesgo para países del mundo. En el caso de Guatemala, siempre salimos mal calificados. Es el segundo lugar a nivel del continente americano de mayor riesgo a desastres.
Este índice considera más de 100 indicadores y los primeros se relacionan con la pregunta: ¿cuáles son los eventos más probables?, y son tres: inundaciones, deslizamientos y sismos.
Los indicadores se dividen en una serie de categorías, algunas orientadas a la capacidad para prevenir desastres, para responder a ellos y la capacidad de resiliencia. En todos estamos mal calificados.
La inversión que se hace en obras de mitigación, de prevención, es mínima comparado con las necesidades del país y con los beneficios que obtendríamos al invertir en la prevención de desastres.
Se analizan otros indicadores como educación, corrupción, pobreza, desigualdad. La combinación de esos factores hace que Guatemala sea extremadamente vulnerable y, por consiguiente, el riesgo es elevado para el país.
¿Son los eventos a los que nos enfrentamos tan fuertes o la infraestructura y condiciones son débiles, que ocasionan serios desastres?
Son las dos. Hemos sufrido eventos de grandes proporciones como Mitch, Agatha, los terremotos de 1976 y 2012, que han dejado sentir el fuerte impacto en el país, pero al mismo tiempo vemos una recurrencia casi cotidiana de desastres, porque somos altamente vulnerables y no estamos preparados. Entonces, cualquier evento, aunque sea pequeño, va a generar desastres, prevenibles al implementar medidas de protección.
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¿Guatemala ha apostado por la gestión de riesgo?
El país fue líder a nivel regional en la materia y éramos ejemplo para seguir; incluso, asesoró a otros países en temas como sistemas de alerta temprana. Equipos de expertos de la Conred fueron enviados a lugares como África a enseñar los avances que teníamos.
Tenemos un hito importante en la prevención de desastres con la aprobación de normas para la reducción: la NRD-1, que, con apoyo de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, define los aspectos del diseño de estructuras, desde estudios preliminares como geotécnicos, geológicos, hidrológicos, y parámetros como los niveles de cargas que se tienen que aplicar a las estructuras.
La NRD-3 ya no habla del diseño estructural, sino de la calidad de los materiales de construcción utilizados para la construcción de las obras. Luego la NRD-2, que regula las salidas de emergencia, rutas de evacuación, etcétera.
Ahí tenemos un set de normas que ayudan a reducir la vulnerabilidad del país, aumentando su resiliencia. Si bien su cumplimiento es obligatorio, tenemos el reto de que el propio Estado cumpla con la normativa y de exigirle a toda la construcción privada que se adapte y que cumpla.
Las municipalidades tienen que desarrollar los Planes de Ordenamiento Territorial. Desafortunadamente, tuvimos un buen inicio, pero no se ha traducido en un seguimiento y aplicación. Aunque es obligación para todas las comunas tenerlos, son pocas las que tienen esa herramienta, pero también hay que ver si consideran el tema de reducción de riesgos de desastres.
Se comenzó a trabajar el tema del cambio climático y de la gestión de desechos sólidos y de las aguas negras, pero han quedado en el limbo.
Tenemos una deuda en todos estos temas. Íbamos muy bien y de repente algo sucedió, que ya no se le dio seguimiento a todas estas políticas, que tienen que ir combinadas con otras relacionadas con el desarrollo del país, como la pobreza y la desigualdad, que aumentan la vulnerabilidad.
¿Aparte de los desastres naturales hay otras amenazas en el país?
Sí, están las que le llaman tecnológicas o de origen humano o antropogénicas. El tema de accidentes viales, accidentes con materiales peligrosos —involucran material radioactivo, como el que se utiliza para fines de diagnóstico médico—, los incendios forestales.
Cada año nos enfrentamos a emergencias por la lluvia, pero al pasar la temporada nos despreocupamos del tema. ¿Son estos eventos consecuencia de la mala gestión institucional? ¿Qué instituciones son las responsables de que haya poblaciones en áreas de riesgo constante?
Es una combinación de todo y hay mucha responsabilidad del Estado y del sector privado.
Tenemos las normas de reducción de desastres, pero ni siquiera el Estado las cumple al 100%; ahí tenemos una debilidad importante.
En el 2001, la Conred, junto con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, hizo una evaluación de 4 mil edificios del Estado, y un buen porcentaje salió deficiente, pero hoy en día ninguno se ha intervenido para reducir su vulnerabilidad y riesgo. El argumento de los ministros siempre ha sido que no tienen presupuesto para intervenir y corregir los problemas.
La situación empeora porque la nueva infraestructura que se construye no tiene preasignado un presupuesto para su mantenimiento, y muchas veces son diseñadas incumpliendo la normativa de reducción de desastres. Entonces, el resultado es un impacto desmedido de los desastres.
Estudios del Banco Mundial indican que por cada quetzal que Guatemala invierta en la prevención y en la mitigación, ahorra de Q7 a Q12 en la respuesta. Es una excelente inversión el trabajar en la gestión para la reducción de riesgos de desastres, pero desafortunadamente no se mira.
¿Qué tan importantes son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para evitar desastres?
Es extremadamente importante, pero que se implementen en combinación con las otras herramientas, porque no necesariamente construir en una ladera es de alto riesgo, sino depende del tipo de construcción y de las obras de protección y de mitigación que se den.
Tenemos que combinar los POT con herramientas técnicas, como las normas de reducción de desastres; de esa manera vamos a tener un impacto.
El problema es que muchos de los asentamientos precarios: uno, están fuera del POT; dos, construyen sin cumplir con ninguna norma y sin ningún control de calidad de materiales de construcción. Ahí tenemos ese elevado riesgo, que es el resultado de hacer las cosas mal. Pero no hay que verlo aisladamente, porque la gente no construye el riesgo porque quiera, sino porque no tiene la capacidad económica, ni la asesoría ni los recursos para hacerlo de forma diferente. El enfoque integral es fundamental para reducir la vulnerabilidad.
¿Qué papel juega la corrupción en el nivel de riesgo al que están expuestas las poblaciones?
Es uno de los principales disparadores de desastres en el país. Si se mira la infraestructura vial, de escuelas, de hospitales, es realmente preocupante la mala calidad de las obras. En el terremoto de San Marcos vi que los muros perimetrales de las escuelas no tenían una sola varilla de refuerzo, era pura mampostería. Eso pone en peligro a los niños y es una irresponsabilidad, pero es el resultado de la corrupción, porque en Guatemala tenemos buenos ingenieros, la capacidad para diseñar y las normas para hacerlo bien, pero la corrupción permite que se hagan de la vista gorda y no se cumplan con estos elementos.
Hacer obras normalmente abre las puertas al desembolso de fondos, y lo que interesa no es hacerlas bien, sino ejecutar ese presupuesto, y los intereses políticos de los funcionarios no están normalmente alineados con la prevención, porque desafortunadamente el hacer un buen trabajo, que no sea vulnerable, es invisible a la población.
Además, no hay un incentivo político, porque no es visible el trabajo en gestión y en prevención de desastres; son obras que se realizan, pero nadie le va a dar las gracias al político ni le va a representar votos, porque no hay visibilidad en ese tema. En cambio, inaugurar un puente y hacerlo rápido y en tiempo récord, eso sí genera votos.
¿Cuál es el mayor costo de no atender la gestión para la reducción del riesgo de desastres?
No podemos medir el impacto de la pérdida de vidas humanas, pero los mecanismos que utilizan, por ejemplo, la CEPAL al evaluar el impacto de los desastres, es dividir el impacto en los costos directos y los indirectos y las pérdidas que se puedan dar como consecuencia del impacto de los desastres.
Por ejemplo, si se pierde un puente, este tiene un costo, pero no tener funcionando el puente genera pérdidas adicionales en el largo plazo. El impacto de los desastres va más allá de solo el costo directo de los daños.
¿Si tenemos herramientas para la reducción de desastres, qué impide pasar del papel a la práctica?
Requiere de voluntad política. Además, la gestión de riesgos no se traduce en votos. Si el que toma las decisiones no tiene un incentivo de invertir y de trabajar en prevención de desastres, tenemos un enorme obstáculo.
Por otro lado, aplicar las normas de la NRD-1, la NRD-3, implica menos oportunidad de robo, porque se tiene una línea base científica sobre la cual medir la calidad de la obra que se ejecuta. Entonces, la corrupción es otro de los obstáculos para hacer el trabajo. Luego tenemos el tema presupuestario. Normalmente, nuestros presupuestos son limitados y se invierte en prioridades que no incluyen la gestión de reducción de riesgos de desastres.
Tristemente, las obras de desarrollo que están programadas y que se van a ejecutar no incluyen el componente de prevención de desastres, porque esto aumenta un 5 % o 10 % la inversión, sin un resultado directamente visible.
La solución es la voluntad política. Necesitamos autoridades comprometidas con la gestión para la reducción de riesgos de desastres