Expertos advierten sobre el impacto en derechos humanos y la compleja negociación que requeriría para ejecutarse la propuesta de Donald Trump de deportar a millones de indocumentados.
La promesa de Donald Trump de deportar a 11 millones de migrantes indocumentados si llegaba nuevamente a la Casa Blanca ha suscitado opiniones encontradas y planteado preguntas sobre la viabilidad de esa iniciativa.
Pedro Pablo Solares, especialista en migración, destacó que, más allá de si es probable o no que se deba deportar a millones de personas, la deportación de migrantes, sin importar la cifra, sería una «tragedia humana» con un impacto directo en las poblaciones vulnerables de los países de la región, incluida Guatemala.
Además, mencionó que hay un antecedente importante: durante su campaña de 2016, Trump se centró en prometer la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, una frontera de casi 2 mil millas.
Sin embargo, solo logró construir menos de 500 millas, ni siquiera alcanzando una cuarta parte del proyecto. A pesar de esto, cada milla construida fue promocionada de manera superlativa, lo que agradó a su electorado.
«No necesita deportar a 20 millones de personas, con expulsar una cuarta parte ya tendría un apoyo muy grande por el electorado que lo puso allí para ese fin», declaró Solares.
¿Cuáles son los desafíos legales?
Solares mencionó que uno de los principales desafíos legales que enfrenta la propuesta de deportación masiva es que podría chocar con los principios de derechos humanos y las leyes internacionales, especialmente en lo que respecta a los derechos de los migrantes.
Además, destacó que las leyes migratorias de Estados Unidos tendrían que ser modificadas para permitir tales acciones a gran escala.
No obstante, según Solares, una de las medidas más inmediatas, que quedó clara y de la que se hizo énfasis con el nombramiento de Tom Hogan, como consejero principal a cargo de la frontera sur, serán las redadas masivas de inmigrantes ya radicados en Estados Unidos.
“Particularmente para el caso de Guatemala, un temor principal que podíamos tener se ha concretado con las declaraciones de Hogan, en la que confirma que las redadas se conducirán en lugares de trabajo”, indicó Solares.
Este panorama indica que los primeros esfuerzos serán a lo interno, mientras la administración de Trump avanza en intervenir la frontera.
Estas redadas, según Solares, hacen recordar eventos anteriores en lugares como Postfield, Iowa, o en Jackson, Misisipi, en donde un día, sin mayor aviso, en una planta, las autoridades migratorias detuvieron a cientos de migrantes que terminaron siendo expulsados del país.
“Las redadas masivas se han hecho en lugares donde, coincidentemente, la población principal es guatemalteca, lo cual evidencia que el guatemalteco tiene un grado de vulnerabilidad mayor respecto a otras nacionalidades para estos lamentables sucesos”, añadió Solares.
Entre otras medidas, ya establecidas, podemos esperar el reforzamiento de la negación del derecho de asilo y de peticiones de ingreso humano a Estados Unidos en la frontera sur.
Según Solares, Trump estaría enfocando sus esfuerzos en los estados donde en donde su discurso antinmigrante ha tenido eco, y no en aquellos que incluso tienen «Ciudades Santuario».
“Creo que será estratégico y no creo que vaya a tener el desgaste de intentar tomar medidas drásticas en ciudades o en estados que puedan ser proclives a proteger al migrante”, añadió.
¿Cuál sería el costo financiero y político?
Roberto Wagner, analista político, explicó que, en términos financieros, Estados Unidos efectivamente cuenta con la capacidad económica para ejecutar una deportación masiva de migrantes indocumentados, si la administración priorizara esa política.
Según el analista, se tiende a olvidar que el tema de la deportación masiva es, en gran medida, una cuestión de negociación política y diplomática, no solo una decisión unilateral.
Explicó que cualquier intento de deportación a gran escala implicaría una serie de acuerdos y concesiones entre los países involucrados.
En este sentido, Wagner destacó que Estados Unidos necesitaría colaborar con los países de origen de los migrantes, como Guatemala, México y otros de Centroamérica, para lograr que acepten la recepción de deportados y coordinen los procesos necesarios para ello.
Además, mencionó que estos acuerdos suelen implicar «intercambios» o concesiones en distintas áreas, como ayuda económica, apoyo en seguridad, o colaboración en temas migratorios.
Sin embargo, esto implicaría una decisión política considerable, ya que redirigir fondos hacia un esfuerzo de esta magnitud podría significar recortes o reasignación de recursos de otras áreas prioritarias, lo cual podría generar oposición.
“La contraparte a este tema es qué harán nuestras autoridades. Debería haber una estrategia bien pensada […] Todo esto puede ser parte de una negociación, pero si uno no tiene un plan, uno se quedará de brazos cruzados. La respuesta clara la veremos en las personas que sean designadas en puestos clave, dependiendo de eso es donde vamos a ver la capacidad de EE.UU.”, dijo Wagner.