La mayoría de desapariciones son atribuidas a las pandillas, pero el estudio advierte sobre la posible participación de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Un grupo de organizaciones sociales pidió este jueves al fiscal general, Rodolfo Delgado, crear una mesa de diálogo para abordar el tema de las desapariciones y generar propuestas.
«Venimos a solicitar que instale una mesa de trabajo con participación y representación de familiares de víctimas, con el apoyo técnico de las organizaciones de derechos humanos», señalaron en una carta enviada a Delgado.
Solicitaron que el «mandato principal sea generar propuestas para mejorar la atención de los expedientes relacionados al delito de desaparición-forzada y por particulares, para la atención adecuada de los familiares de las víctimas de esos delitos».
También indicaron que esperan que la Fiscalía permita «mantener un espacio de diálogo» con los familiares de la víctimas y que se tome en cuenta «el derecho legítimo que les asiste de recibir información sobre sus casos».
De acuerdo con un estudio de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió entre los años 2014 y 2019 más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas, con un promedio diario de diez casos.
El documento «Desaparición de Personas en El Salvador», de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), da cuenta de que en ese lapso la Policía Nacional Civil (PNC) recibió 12.495 denuncias, pero el dato de la FGR fue de 22.307.
La mayoría de desapariciones son atribuidas a las pandillas, pero el estudio advierte sobre la posible participación de los miembros de las fuerzas de seguridad y otras relacionadas con la violencia machista.
Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.
Además de Fespad, la misiva para el fiscal general fue presentada por el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Asociación Salvadoreña Por Los Derechos Humanos (ASDEHU), entre otras entidades no gubernamentales.