El contrato de las vacunas Sputnik V y su firma fueron cuestionados por tener condiciones desfavorables para el país.
Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, brindó más detalles sobre la denuncia por la compra de las vacunas con la empresa rusa Humman Vaccine, LLC. En las declaraciones afirma que ya se tomaron las acciones respectivas según el marco legal guatemalteco y explicó cómo podrían accionar internacionalmente.
En el contrato se aceptó que el mismo fuera interpretado bajo la legislación de Inglaterra y Gales, además que cualquier disputa deberá ser resulta por arbitraje administrativo del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur.
En la conversación con Prensa Libre, Saavedra no descartó la posibilidad de llegar a esa instancia, sin embargo, aún no hay claridad.
Litigio
“Hay que ir a Singapur a presentar esa demanda de arbitraje internacional y además el derecho aplicable para resolver cualquier controversia o cualquier reclamo, es el derecho de Inglaterra y Gales. Eso es importante porque se tiene primero que considerar dentro de la estrategia de litigio, eso no es público, sino que eso es información que no es observada y que no se puede expresar”, comentó.
Saavedra indicó que en ese caso se decidiera tomar ese camino, primero se debe de determinar qué tipo de reclamación se hará y la posición de la parte que tiene la presentación del plan basándose en derecho.
Además, amplió que se debe de hacer un análisis a profundidad del contrato que se rige por leyes de otros países, pero no confirmó ni descartó que se realice tal extremo.
“Como lo insisto -el análisis sobre el reclamo internacional- es parte de la estrategia de litigio y de que conviene a los intereses que, en estos momentos, no se puede hacer público o compartir”, aclaró.
Parte de los puntos que conllevaron a la denuncia, fueron que no se respetó la jerarquía de las leyes nacionales ni orden al aceptar un arbitraje internacional.
En el país
El Procurador explicó que la denuncia que se interpuso en contra de la exministra del gobierno de Alejandro Giammattei, Amelia Flores, es la acción que se podía tomar dentro del marco legal de Guatemala.
“Ese contrato contiene una serie de disposiciones que son ilegales, pero especialmente el enfoque que se le está dando con la denuncia que presentó el ministro de Salud, es respecto al incumplimiento de las normas jurídicas, del incumplimiento de las normas de derecho interna, especialmente de los decretos 1-2021 y 8-2021 del Congreso de la República”, amplió.
La denuncia se presentó solo en contra de la exministra Flores. Aunque no le compete al denunciante, pero los delitos que podrían encuadrar son incumplimiento de deberes, malversación de fondos y abuso de autoridad, según detalló el Procurador.
No se tiene conocimiento de dónde fue firmado el contrato ni quiénes estaban presentes, pues no constan en el documento.
La denuncia se presentó en Gestión Penal y debió enviarse al Ministerio Público, pero este ente no confirmó la recepción de esta.
Vencimiento
De acuerdo con Saavedra, el contrato finalizó el 30 de marzo, por eso las acciones se dieron en los primeros días de abril.
De haber salido antes con la denuncia pudo haber afectado al país, pues en el documento constaba una cláusula de confidencialidad que debía ser cumplida por ambas partes, detalló Saavedra.
Describió que la cláusula de confidencialidad carece de temporalidad, pero se entiende que las condiciones del contrato están vigentes cuando el contrato lo está.
“Con el objetivo de evitar que se agrave la posición del Estado de Guatemala con relación a ese contrato, pues lo prudente era esperar a que el plazo el contrato concluyera porque existe una disposición, que a pesar de que nosotros conforme a derecho interno la consideramos nula, realmente la disposición existe y el contrato está sujeto a las leyes de Inglaterra y Gales”, sostuvo.
En caso de no haber considerado ese extremo, podría haber una causal adicional imputable contra Guatemala.
“Había que mantener una posición coherente con la legalidad y la publicidad de nuestro derecho, pero que no exponga de manera innecesaria la defensa”, añadió.
Otros casos
Durante la entrevista se le cuestionó sobre otros casos de alto impacto a cargo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se limitó a comentar que la institución tiene cerca de 30. Como ejemplo mencionó casos del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito y contra el periodista, José Rubén Zamora. Además, otros ocho mil en los que el Estado figura como agraviado.