En este momento, 2.6 millones de guatemaltecos se encuentran en emergencia o crisis de inseguridad alimentaria, eso se traduce en que tienen dificultad para poner un plato de comida en la mesa. La cifra se mantendría hasta enero del 2026, según la previsión de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF).
La proyección representa una reducción del 4.7% con respecto al mismo período del 2024, cuando había 2.7 millones de personas en esa condición.
La disminución de población afectada también se refleja en la cantidad de personas que, entre mayo y agosto del 2025, presentaban brechas en el consumo de alimentos para cubrir sus necesidades calóricas. Durante ese período, la estimación fue de 3.4 millones, distribuidas en 11 departamentos.
De acuerdo con el análisis de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), esta reducción obedece a un comportamiento cíclico, ya que durante estos meses las reservas de alimentos suelen reponerse gracias a la primera cosecha de granos básicos, favorecida por las lluvias de la temporada.
Además, se espera que en este período mejoren los ingresos familiares debido a la demanda de mano de obra agrícola temporal para el cultivo de café y caña de azúcar, característicos de la época. También se prevé cierta estabilidad en los precios de los granos básicos y un flujo sostenido de remesas, aunque este último factor podría variar.
Aunque septiembre comenzó con menos personas en inseguridad alimentaria, se debe señalar que, de mayo a agosto pasados, había 400 mil personas más en crisis (Fase 3) en comparación con el 2024, especialmente en departamentos con condiciones de extrema pobreza y limitado acceso a servicios.
Dicha situación fue ocasionada, en parte, por el fenómeno de El Niño, que afectó a 106 municipios y dañó más de 50 mil hectáreas de cultivos. Esto impactó las reservas alimentarias de 105 mil familias, principalmente de Alta Verapaz, Izabal y Jalapa, lo que agotó sus granos básicos y agudizó el período de hambre estacional. Para los hogares que dependen de la agricultura, este ha sido un escenario crítico.
El fenómeno también elevó los precios de los granos básicos, los cuales se mantienen altos desde el 2020. El maíz aumentó 21.42% y el frijol negro, 20.69%. Además, entre enero y junio del 2025, la Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural subió un 8%.
A esta situación se suma que el 18% de los hogares reporta endeudamiento para poder adquirir alimentos, debido a que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Según el informe, muchas familias en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango recurrieron a estrategias de crisis o emergencia, como la venta de activos y la migración. En cambio, hogares en Guatemala y Sacatepéquez mostraron mayor capacidad para afrontar la situación sin comprometer sus recursos.
Impactos a largo plazo
Mireya Palmieri, secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), presentó el análisis de la CIF y señaló que las cifras proyectadas de población en inseguridad alimentaria son susceptibles a cambios, influenciadas por desastres naturales y crisis globales. A ello se añade ahora la reducción del financiamiento por parte de donantes externos, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), la cual cerró tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de frenar los programas de apoyo internacional a países como Guatemala.
De acuerdo con la Sesán, en el 2024 el país recibió US$189 millones en cooperación para asistencia humanitaria y desarrollo económico, procedentes de USAID. Para el 2025, estos recursos son inciertos y podrían limitar el alcance de las intervenciones humanitarias orientadas al fortalecimiento de la resiliencia de los hogares. Habrá que esperar para conocer si este factor impactará directamente en las cifras de inseguridad alimentaria en el país.
También debe considerarse un escenario con posible disminución en el envío de remesas desde Estados Unidos, como efecto de las políticas antimigrantes de Trump. Esto tendría un impacto directo en los ingresos de los hogares que dependen de estas transferencias para cubrir sus necesidades básicas.
Jerry Argüello, coordinador regional de la CIF, indicó que en los últimos años se ha observado una tendencia creciente en el envío de remesas, pero que es necesario analizar las razones detrás de ese comportamiento. Por ello, las proyecciones sobre población en inseguridad alimentaria están abiertas a ser modificadas, en caso de que las deportaciones lleguen a afectar los ingresos familiares y, con ello, su capacidad de acceso a los alimentos.
Efectos: desnutrición aguda
Uno de los efectos más graves de la inseguridad alimentaria es la desnutrición aguda infantil. Al 30 de agosto del 2025, se reporta en el país la muerte de 32 niños menores de cinco años como consecuencia de esta condición, lo que representa una reducción del 18% en comparación con el mismo período del 2024, cuando se contabilizaban 39 fallecimientos. Sin embargo, aún está pendiente de establecer si el deceso de otros 58 menores está relacionado con esta causa.
El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan), del Ministerio de Salud Pública, indica que el 34.3% de los decesos se concentra en Huehuetenango y San Marcos.
Por otro lado, agosto cerró con 17 mil 86 casos acumulados de niños menores de cinco años con diagnóstico de desnutrición aguda. Suchitepéquez, Escuintla y Sacatepéquez —en ese orden— presentan las tasas de incidencia más altas. Al comparar los datos con los del 2024 para el mismo período, se observa una disminución del 19.6%.
En el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF) se recomienda al Ministerio de Salud continuar el monitoreo de la situación epidemiológica relacionada con la morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda. También se sugiere al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ampliar la cobertura de asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad.