“Es un delincuente custodiado por los policías y consentido por jueces que no tienen los arrestos para ponerle freno”. Así describe a Otto Gómez una de las agraviadas por uno de tantos despojos que se le atribuyen al abogado detenido bajo sindicación de seis delitos.
Con la captura, las víctimas se animan a hablar de las tropelías de Gómez, pero de forma anónima, porque tienen miedo hasta de que las mate.
Algunos de los entrevistados basan su miedo en las conexiones reales que pueda tener Gómez en el sistema de justicia para lograr sus objetivos. Esas conexiones y sus estrategias intimidatorias mantuvieron al abogado con custodia policial desde 2017, sin que haya algún análisis de riesgo que recomiende la asignación de cuatro agentes de particular y con armas de grueso calibre, según la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Ese dispositivo de seguridad le ha servido a Gómez para intimidar a conductores de forma recurrente: simulando una colisión —preferentemente con carros de lujo— se muestra enfadado y reclama por los supuestos daños a su vehículo, pero “para que no pase a más” pide dinero a cambio y la gente asustada le entrega lo que puede.
Gómez ha sido defensor de acusados por narcotráfico como Haroldo Mendoza Matta y Marvin Montiel Marín. También es mandatario de decenas de personas y empresas, como Vea Canal, que ha tomado distancia del abogado. Entre los últimos actos del jurista se encuentra una acción de inconstitucionalidad contra la creación de la FECI.
La obstaculización de la acción penal tiene que ver con las denuncias que Gómez interpone contra cualquier operador de justicia que no acceda a sus solicitudes, generalmente que se soliciten o autoricen órdenes de captura contra los supuestos agresores de denuncias a las que no se les encuentra fundamento, de acuerdo con las pesquisas de la fiscalía que investiga a Gómez desde 2019.
Gómez ha denunciado a la fiscal general actual y a la anterior, así como a jueces y a los jefes de más de diez fiscalías del MP, incluida la FECI. Esas denuncias le sirven a Gómez para argumentar enemistad perpetua con esos funcionarios y separarlos de cualquier proceso que tenga que ver con él.
El Mingob argumentó confidencialidad y secreto profesional para no informar a este medio sobre las razones y criterios para proveerle de seguridad a Gómez. Más de 90 agentes de la PNC han estado “al servicio” de Gómez y 42 han reportado algún inconveniente con el abogado. Incluso hay denuncias en las que el jurista ha utilizado a los policías hasta para que limpien la casa de su perro.
“Ustedes son mis perros guardianes”
Los cargos por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado, agresión sexual y discriminación en forma continuada tienen que ver, en su mayoría, con abusos hacia los policías, a quienes trataba de forma despectiva como “sus perros guardianes”.
Varias mujeres policías asignadas para custodiar a la madre de Gómez denunciaron diversas formas de violencia que no se describirán para no exponerlas. En diversos casos, Gómez logró el relevo de agentes por su aspecto físico.
A puerta cerrada
Al cierre de esta edición, el abogado Otto Gómez todavía no había sido escuchado por el juez de Turno del Organismo Judicial. La mañana de ayer, el Juzgado de Turno le hizo saber al abogado el motivo de su detención, pero la audiencia fue a puerta cerrada, pese a que el caso no está bajo reserva judicial. Gómez no fue trasladado a prisión provisional, como ocurre en otros casos, sino que fue conducido de nuevo a las carceletas del OJ, donde esperó a la noche para presentar su primera declaración ante la judicatura de turno.
Despojos y usurpación
Tras la captura de Otto Gómez, en la sede central del MP, se le decomisó una camioneta Discovery blanca, modelo 2017. El año pasado, el abogado firmó una compraventa por Q450 mil, que pagaría en cuotas de Q8 mil mensuales, pero no cumplió con un solo pago, dijo la vendedora, que ahora espera recuperar el vehículo.
El abogado señala como dirección para recibir notificaciones una oficina en el edificio Aristos, en la zona 10 capitalina. La dueña lo demandó por impago de la renta desde 2016, que ya casi llega a los Q400 mil, pero no ha logrado el desalojo ni el cobro judicial. “Está usurpando mi oficina”, dice la agraviada.