Los informes de actividades mensuales, múltiples reuniones para estrechar lazos de cooperación, visitas de seguimiento a los centros carcelarios —sin olvidar el detalle de postear una tarjeta en el Día de San Valentín por parte del relator titular Lesther Castellanos—, son parte de las actividades que desarrolla la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT).
Sin embargo; en estos días, un momento clave apresura el trabajo de esta oficina. La visita al país de representantes de Amnistía Internacional (AI), entidad que ha denunciado el caso de la “presa de conciencia” Virginia Laparra, quien este 23 de febrero está por cumplir un año de su detención, y quien se encuentra en delicado estado de salud.
Laparra, exfiscal Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, fue declarada culpable por abuso de autoridad al denunciar —de forma administrativa— al entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, ahora Relator contra la Tortura.
En este caso, en el que ni AI ni otros organismos de derechos humanos han sido escuchados, hay denuncias de que se han vulnerado las condiciones de su detención.