Mientras se confirmaba el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 7-2025 el oficialismo negociaba con bancadas de oposición el respaldo a un nuevo proyecto que tendría el mismo espíritu, que los Codedes mantengan los fondos financieros que no gasten este año.
El diputado oficialista José Carlos Sanabria confirmó que tienen una nueva propuesta de ley que será presentada en los próximos días, aunque evitó precisar la fecha. Añadió que han conversado con diputados de otras bancadas para que respalden el nuevo proyecto.
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Los votos
“Lo que se busca en este momento es consensos y acuerdos con diferentes bloques para poder corregir algunas de las inconstitucionalidades del Decreto 7-2025. Se comparten objetivos y se busca que la inversión en los territorios sea un instrumento de desarrollo comunitario y local”, detalló Sanabria.
El diputado confirmó que siguen negociando y aseguró que esperan “alcanzar pronto los acuerdos”. Añadió que impulsar una nueva iniciativa busca dar certeza a los alcaldes de que los recursos estarán disponibles el próximo año.
“Hemos hablado con diputados desde la semana pasada para comentarles nuestra posición. No se trata de un veto —al Decreto 7-2025—, sino de un veto para hacerlo bien. Esperamos tener consensos en el pleno para aprobar una ley que sea operativa y que no viole la Constitución, pero que conserve el espíritu del Decreto 7-2025”, explicó la diputada oficialista Victoria Palala.
Palala detalló que esperan obtener respaldos porque “en cada votación hay que buscar consensos”. Aclaró que la iniciativa aún no ha sido presentada, pero que se deben buscar los votos para garantizar a las municipalidades que los fondos no se perderán.
Más plazas
El diputado de la bancada Vos, José Chic, tiene una visión distinta sobre la propuesta. Advirtió que “ahora se crean más plazas, porque cada institución podrá instaurarlas, en teoría, para agilizar los trámites de los proyectos que promueven los Cocodes”. Según Chic, se mantiene el espíritu del Decreto 7-2025, que permite trasladar los fondos de 2025 al 2026.
En cuanto al apoyo que busca el oficialismo para su nueva propuesta, Chic percibe dos escenarios: “Hay una correlación de fuerzas, porque la elección de la junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) está fragmentando a los alcaldes. Enrique Arredondo y Juan Carlos Pellecer están coqueteando con el Ejecutivo para lograr el respaldo necesario, mientras pierde fuerza la facción de Sebastián Siero, presidente de la Anam, y se diluye la posibilidad de movilización de los alcaldes”.
Para Chic, también está en juego la discusión del Presupuesto General de la Nación. Concluyó que “hay diputados que se sienten en desventaja y no quieren pelear con el gobierno central cuando se discute el presupuesto del 2026”.
En cuanto al apoyo que busca el oficialismo para su nueva propuesta, Chic percibe dos escenarios: “Hay una correlación de fuerzas, porque la elección de la junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) está fragmentando a los alcaldes. Enrique Arredondo y Juan Carlos Pellecer están coqueteando con el Ejecutivo para lograr el respaldo necesario, mientras pierde fuerza la facción de Sebastián Siero, presidente de la Anam, y se diluye la posibilidad de movilización de los alcaldes”.
Para Chic, también está en juego la discusión del Presupuesto General de la Nación. Concluyó que “hay diputados que se sienten en desventaja y no quieren pelear con el gobierno central cuando se discute el presupuesto del 2026”.
Consultado por la nueva propuesta, el alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Anam, Sebastián Siero, dijo que aún no la conoce y no brindó más detalles.
Discrepancias del Decreto
La diputada Palala expuso las irregularidades del Decreto 7-2025, que, según el oficialismo y el presidente Arévalo, incurría en inconstitucionalidades.
“El decreto le daba potestad al Ministerio de Finanzas para ampliar el presupuesto, lo cual es competencia del Congreso. También permitía trasladar montos de un año a otro sin firmas ni convenios, y establecía el traslado de fondos ordinarios y extraordinarios sin verificar cada año qué se conserva y qué no”, enumeró.