Políticos y especialistas consideran que Guatemala podría perder frecuencias de empresas navieras si no tiene un ente portuario avalado por Estados Unidos antes de febrero de 2025. Sanciones y acelerar inversiones serían incentivo para impulsar nueva ley.
La iniciativa 5545 conocida como Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional buscan que se apruebe en el Congreso antes de febrero de 2025, debido a que es en estas fechas en las que se realizará una inspección por parte de las autoridades regulatorias internacionales, las cuales instan a los países a tener una autoridad portuaria como ente regulatorio que vigile el cumplimiento de el código de seguridad de los buques. Según Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del legislativo, se buscará que la iniciativa entre en tercera lectura y revisión final luego de la elección de cortes, en el mes de noviembre.
Esta iniciativa fue promovida desde 2019, y este año se busca su aprobación para asegurar los puertos del país, explicó Ayala. Según el diputado, la Comisión Portuaria Nacional (CPN) presentó enmiendas en la última reunión para las cuales, actualmente se están recolectando firmas de los demás involucrados para avalar estas y llevar la ley a tercera lectura ante el pleno.
Actualmente, Guatemala no cuenta con una ley de autoridad portuaria, indicó Alejandro Toledo, presidente de Cutrigua. Según Toledo, con una autoridad portuaria, se tendría acceso a tarifas más competitivas e indicadores de rendimiento y desempeño. El presidente de Cutrigua manifestó que el costo de operación logística en los puertos de Centroamérica ronda entre el 15% hasta el 18%. No obstante, en el país los costos ascienden hasta el 40%. “Esto afecta a nuestra competitividad, se la consumen los costos logísticos”, aseguró Toledo.
Ayala argumentó que el objetivo principal de esta ley es evitar un proceso en el que se le quiten los certificados a los puertos del país por incumplimiento del código de protección de buques e instalaciones portuarias. Estos certificados son otorgados por la Asociación Marítima Internacional y dentro de este código, se establece la necesidad de una autoridad designada, un ente rector y un responsable de la autoridad marítima. Además de esto, Ayala asegura que la Guardia Costera de Estados Unidos busca estos certificados para los negocios y exportaciones.
Necesidad de una autoridad portuaria
Dentro de la iniciativa de ley, se busca el establecimiento de un organigrama, explicó Ayala. En este, se recalcan las funciones de la coordinación ejecutiva, la coordinación operativa, general y la constitución de la CPN. Así mismo, Ayala indicó que se determinan las funciones de este ente, que sería el encargado de trabajar en el plan del sistema portuario nacional.
Añadió que en estos momentos, el país no tiene consecuencias negativas por la falta de una autoridad portuaria porque se cuenta con un acuerdo gubernativo —este establece la autoridad de puertos a diferentes instituciones, como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Defensa —. No obstante, con este acuerdo, el país no está completamente asegurado.
Toledo puntualizó que, si el país llegara a perder el certificado, no se podrían enviar productos directamente a Estados Unidos por vía marítima. En su lugar, sería necesario utilizar un puerto intermedio, lo cual elevaría más los costos.
Ayala señaló que esta situación no es un riesgo latente, puesto que las autoridades internacionales aún no han puesto una fecha límite para la creación de una autoridad portuaria, no obstante, el diputado argumentó que es un momento propicio para realizar esta designación a través de una ley específica y de esta manera, no correr con ningún riesgo.
Propuesta riesgosa
No obstante, Tirso Córdova, investigador asociado a CIEN en temas de infraestructura logística y consultor internacional sobre transporte e infraestructuras turísticas, aseguró que no es necesaria una autoridad portuaria en el país. “Un nuevo gobierno que ya tiene muchas necesidades, no debería arriesgarse a meter un tema de negociación política en el congreso por la ley que no creo que le está dando lo que el país necesita en el tema portuario”, comentó Córdova.
En su lugar, Córdova expresó que lo necesario es la reorganización, ordenamiento y fortalecimiento de los sistemas jurídicos que ya ejercen dentro de los puertos, en lugar de una nueva institución. El investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) afirmó que todos los entes involucrados tienen lo necesario para realizar una regulación de puertos de una buena manera, y recalcó que no es necesario centralizarlo todo en una nueva institución. La CPN, según Córdova, podría ser un ente regulador, en lugar de tener una función de asesoría, como la tiene hasta el momento.
Toledo asegura que los puertos necesitan desarrollo, “para esto se necesitan aspectos como la seguridad, sanciones e inversión, lo cual solo se puede realizar bajo una ley de autoridad portuaria”, expresó el presidente de Cutrigua, quien también resaltó que desde hace 30 años no se observa una buena inversión en los puertos. Toledo aseguró que, con una autoridad portuaria, Guatemala estaría en sintonía con los demás países.