La Fiscalía recomendó al juez que la pena no sea inferior a 108 meses (9 años) ni superior a 188 (15 años y medio).
Sereno y vestido con un mono de color caqui, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años e hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este jueves en un tribunal federal de Nueva York culpable de blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
Pero todavía tendrá que esperar al 20 de mayo del próximo año para que el juez Raymond Dearie dicte la sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años.
Martinelli Linares tomó esta decisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, según el cual renuncia a un juicio y a apelar la sentencia, excepto si esta supera los 152 meses de prisión (doce años y medio), tal y como apuntó Dearie.
Sentado junto a sus abogados, Martinelli Linares reconoció de viva voz que junto a su hermano Ricardo Alberto -detenido en Guatemala a la espera de ser extraditado a EE.UU.- y otras personas cuyos nombres no especificó conspiró para establecer cuentas bancarias fuera del país.
Lo hizo en nombre de empresas pantalla «con el fin de recibir y camuflar más de 28 millones de dólares de sobornos realizados por Odebrecht en beneficio de un pariente cercano, un alto funcionario público en Panamá».
Asimismo, enumeró ante el juez varias transferencias de dinero realizado desde cuentas en bancos suizos a bancos en Nueva York y otros estados de EE.UU., con el que entre otras cosas, se compró un yate o una casa en Florida.
Martinelli tenía previsto declararse culpable el pasado 16 de noviembre, un día después de haber sido extraditado desde Guatemala, donde se encontraba detenido junto a su hermano Ricardo Alberto, de 42 años.
Sin embargo, tras fracasar los intentos de su defensa de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, se declaró «no culpable».
Según el entendimiento alcanzado con los fiscales, que se recoge en un documento de 13 páginas firmado por el acusado y que todavía no se ha hecho público, Martinelli también se compromete al pago de 18,9 millones de dólares.
UN MÍNIMO DE 9 AÑOS DE PRISIÓN
En dicho documento, la Fiscalía recomienda al juez que la pena no sea inferior a 108 meses (9 años) ni superior a 188 (15 años y medio).
Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido junto a su hermano Ricardo Alberto en el aeropuerto internacional de La Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición del Gobierno estadounidense cuando intentaban abandonar territorio guatemalteco en un avión privado con destino a Panamá.
El 4 de febrero de 2021 fueron acusados oficialmente por la Fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero.
LA TRAMA ODEBRECH
Odebrech empleó unos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, políticos y partidos políticos en Panamá y otros once países del mundo para obtener y mantener negocios para la empresa.
El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el distrito Federal de Brooklyn (Nueva York) y fue condenada en 2017 al pago de esa misma cantidad.
Los pagos se hicieron en relación con «más de cien proyectos en doce países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del tribunal.
UNA LARGA NEGOCIACIÓN Y UN FRACASADO INTENTO DE HUIDA
Después de que la compañía Odebrecht admitiera su delito en diciembre de 2016, Luis Enrique, que en aquel entonces vivía en Estados Unidos, mantuvo varias reuniones con representantes de gobierno y, junto a su hermano, comenzó unas conversaciones para declararse culpables.
No obstante, cuando en torno a junio de 2020 la Fiscalía y los abogados de los Martinelli Linares discutían los borradores del acuerdo, los hermanos huyeron del país a las Bahamas y desde allí tomaron un avión a Panamá, que debido a las restricciones impuestas por la covid-19 fue desviado a Costa Rica.
Desde Costa Rica, los acusados lograron volar a El Salvador, desde donde se desplazaron por tierra hasta Guatemala, donde entraron con pasaporte diplomático fingiendo ser funcionarios del Parlamento Centroamericano.
Durante el proceso, el abogado de ambos, James G. McGovern, explicó al juez que en 2018 los dos hermanos «comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos», pero que a mediados de 2020 «cometieron un error grave e irreflexivo» al salir de ese país e intentar llegar a Panamá «buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes».