La aprobación, realizada sin mayor discusión técnica, de la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” el pasado martes 2 de septiembre pondrá en riesgo el sistema de finanzas públicas, advierten cámaras empresariales y centros de investigación económica, por lo que instan al gobernante Bernardo Arévalo de León a vetar la normativa.
La ley permitirá que los saldos anuales no ejecutados en un ejercicio fiscal por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), asignados por el Ministerio de Finanzas (Minfin), se trasladen de manera automática al siguiente año, lo que incrementa el riesgo de acumulación de recursos sin utilizar en poco tiempo de vigencia de la normativa.
Además, se interfieren funciones que competen al Ejecutivo, al imponer plazos perentorios para emitir resoluciones sobre expedientes de obras programadas.
La aprobación se produjo un día después de que el Minfin presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2026, el lunes 1 de septiembre, en el cual se incluyó únicamente una asignación presupuestaria por Q4 mil 491 millones y no ingresos extraordinarios a los Consejos de Desarrollo.
Con el decreto 7-2025 ya se garantizan fondos para el siguiente año, por lo que el gobierno no podrá disponer de esos saldos de caja, pues la Ley Orgánica del Presupuesto establece que los recursos no gastados deben regresar al fondo común.
Riesgo sistémico en finanzas públicas
Para Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y para el diputado Orlando Blanco, miembro de la Comisión de Finanzas, la normativa representa un riesgo sistémico en la rectoría de las finanzas públicas, porque se aparta del esquema presupuestario anual establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, que aplica para todas las entidades públicas.
Coyoy, quien también fue viceministro de Finanzas, recordó que la Constitución establece que el presupuesto del Estado es anual. Sin embargo, en el decreto 7-2025 se rompe con ese principio, ya que los recursos se asignan cada año, pero la ejecución del gasto no se limita al período fiscal correspondiente. Entonces, “prácticamente se deja de una manera permanente como una ejecución ininterrumpida, sin importar en qué momento del tiempo se utilicen esos recursos”.
El Congreso, el año pasado, aprobó la norma que permitía a los Codedes seguir utilizando sus saldos no ejecutados en el ejercicio fiscal en curso, pero únicamente durante 2025.
Ahora, en cambio, la aprobación se extiende a los años sucesivos, sin un plazo definido para el uso de los recursos. “Esto sí cambia sustancialmente el esquema presupuestario y creo que es un tema que debe analizarse más a fondo, porque pueden surgir intereses de otras entidades en mantener esquemas similares, lo que rompe y contraviene lo que dice la Constitución: que el presupuesto del Estado es anual”, resaltó.