Los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Prosperidad Ciudadana afrontan problemas. El TSE también notificó ayer a la Unión del Cambio Nacional un fallo con el que se ratificó su anulación por financiamiento ilícito, aunque dicha resolución puede revertirse.
Las disputas entre los integrantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Prosperidad Ciudadana (PC) por el control de esos partidos políticos los coloca en peligro de ser anulados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ayer les notificó el inicio del trámite para cancelarlos debido a que sus comités ejecutivos nacionales se encuentran desintegrados. El proceso de cancelación es largo y tortuoso, tanto que ambas organizaciones podrían seguir vigentes en las Elecciones de 2023 si logran retardar los expedientes.
En el caso de la UNE, la pelea por la dirigencia se remonta a 2019 cuando se develó el caso de financiamiento electoral ilícito contra el partido. Pero las disputas arreciaron cuando la excandidata presidencial Sandra Torres pidió a un grupo de legisladores allegados que apoyaran la alianza oficial que respalda las disposiciones del presidente Alejandro Giammattei.
Desde marzo pasado, la UNE debió realizar una nueva asamblea nacional para elegir a su secretario general. Sin embargo, la pelea entre Torres y el grupo de congresistas dirigidos por Orlando Blanco ha impedido desarrollar la asamblea. Primero fue la expresidenciable cuando pidió a sus allegados que renunciaran al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para impedir que le quitaran el control de la organización. Luego, el grupo dirigido por Blanco accionó contra la convocatoria de la asamblea para evitar que Torres se reeligiera como secretaria.
Debido a la desintegración del CEN, ayer el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE le corrió audiencia de 30 días para que la dirigencia de la UNE se pronuncie sobre las causales de cancelación. Torres indicó en un comunicado que, con base en un amparo del Juzgado Décimo Civil, el partido convocó a asambleas para inicios de 2022. Sin embargo, fuentes del TSE sostienen que mientras el partido esté suspendido no podrá realizar ningún acto.
Esta es la tercera vez que el TSE inicia un proceso para cancelar a la UNE. La primera fue en 2017, cuando el entonces registrador Leopoldo Guerra no impuso sanción y archivó el expediente. La segunda, en 2019 cuando la FECI solicitó al Tribunal anular al partido por haber recibido financiamiento ilícito.
Corrupción y cancelación
Un caso similar ocurre a lo interno de Prosperidad Ciudadana (PC), organización creada por el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, con la que intentó postularse a la Presidencia de la República en 2019. La rivalidad entre Escobar y el diputado de ese partido, Jorge García Silva, provocó que este pidiera a un grupo de integrantes que renunciaran al Comité Ejecutivo para que el exalcalde no tomara el control de la organización.
El TSE también notificó ayer a PC sobre el inicio del trámite de cancelación bajo el argumento que su CEN se encuentra desintegrado. Otro factor que contribuye con la desintegración de Prosperidad Ciudadana es que su representante legal, Sabrina Véliz, asesora de García Silva, se encuentra prófuga por estar vinculada a la supuesta venta sobrevalorada de estaciones de monitoreo, adjudicadas por el Insivumeh a Outsourcing Total, S. A.
ligada al diputado García Silva.
Hasta el cierre de esta nota, el partido PC no se había pronunciado sobre la notificación del TSE y la secretaria general del partido, Anita Kristensson, no atendió las llamadas realizadas a su celular.
Revés para UCN
El TSE notificó ayer al partido Unión del Cambio Nacional (UCN), fundado por Mario Estrada, condenado por delitos de narcotráfico en EE. UU., que denegaron un recurso de aclaración y ampliación planteado contra el fallo emitido en enero de 2021, con el que los magistrados del TSE resolvieron cancelar a la UCN por financiamiento ilícito. Con esta resolución, el trámite administrativo finalizó en el órgano electoral. La anulación de este partido quedará en firme, mientras los dirigentes no soliciten amparo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).