Los constructores señalados de haber aportado Q20 millones a la campaña electoral del presidente Alejandro Giammattei obtuvieron ampliaciones millonarias de sus contratos, así como pagos puntuales, incluso tras la salida de José Luis Benito del Ministerio de Comunicaciones, a quien le incumplieron la promesa de dejarlo un año más en ese cargo.
La investigación publicada el pasado lunes por el diario digital salvadoreño El Faro dejó señaladas a cuatro constructoras de haber financiado en 2019 la campaña electoral de Alejandro Giammattei a cambio de que el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, continuara por lo menos durante un año más en ese cargo.
La nota periodística se basa en pruebas en calidad de anticipo ante el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, que dirige la jueza Erika Aifán, que menciona a las empresas Coamco, de Juan Pablo Mansilla Morales; Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), de Alejandro Matheu Escamilla; Constructora J.J.R.R., de William Haroldo Romero Chojolán, y Proyectos Múltiples Prourba, de Rafael Ricardo Bonilla Miyares.
Las investigaciones periodísticas de El Faro encontraron evidencias y pruebas que involucran al presidente Alejandro Giammattei de haber negociado la entrega de Q20 millones —US$2.6 millones— provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, Giammattei se habría comprometido con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
elPeriódico revisó los contratos que obtuvieron las cuatro constructoras durante la gestión de José Luis Benito Ruiz y el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei, y encontró que el techo presupuestario de las obras gozaron de un considerable incremento, además de que se mantuvo el apoyo financiero para realizar los pagos a esas empresas.
Lo anterior pareciera revelar que hubo un cumplimiento parcial al acuerdo tácito que existía entre Benito Ruiz y el entorno más cercano del presidente Giammattei.
En total, las constructoras señaladas vieron cómo las obras que les fueron adjudicadas entre 2017 y 2020 tuvieron un incremento de Q319 millones 433 mil 146.37 al monto original del contrato que les fue otorgado.
La acusación que se desprende incluso con evidencia documental del trabajo periodístico de El Faro debe ser investigada y perseguida por varias entidades públicas: el Tribunal Supremo Electoral, porque los aportes de las constructoras señaladas a la campaña electoral del presidente Giammattei no fueron declarados como financiamiento por el partido Vamos; la Contraloría General de Cuentas, por tratarse de fondos públicos y contratos de obra vial; la Comisión Presidencial contra la Corrupción, por tratarse de un caso de gran impacto que señala al actual mandatario, y el Ministerio Público, que contra toda lógica sale en defensa del mandatario, en lugar de investigar el caso.
Coamco es una empresa mercantil propiedad de Juan Pablo Mansilla Morales y obtuvo cuatro adjudicaciones en la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones durante 2018, 2019 y 2021.
Esos cuatro contratos en la Dirección General de Caminos significaron inicialmente Q307 millones 500 mil para la constructora de Mansilla Morales.
Sin embargo, la constructora obtuvo el visto bueno de las autoridades de Caminos para poder cobrar otros Q73 millones 37 mil 385.60 del monto original adjudicado.
La investigación periodística de El Faro habla de un aporte de Q20 millones para la segunda vuelta, proveniente de un anticipo pagado a la empresa Coamco de un tramo adjudicado en Guativil-San Marcos.
Precisamente, ese tramo carretero fue adjudicado en diciembre de 2018, cuando José Luis Benito Ruiz era ministro de Comunicaciones. La obra tuvo un costo inicial de Q174 millones; sin embargo, el costo real se elevó hasta los Q208 millones 800 mil.
De esos Q208 millones 800 mil, el Ministerio de Comunicaciones, bajo la administración de Benito Ruiz, pagó Q87 millones 329 mil 475.80 en 2019.
Otros Q27 millones 847 mil 864.19 fueron cancelados por Comunicaciones en 2020, ya bajo la gestión de Josué Edmundo Lemus Cifuentes.
Además, Q60 millones 556 mil 128.39 fueron amortizados el año pasado por el CIV, bajo las gestiones de Lemus Cifuentes y Javier Maldonado Quiñónez.
En 2018, Coamco también recibió por parte de la Dirección General de Caminos el proyecto Reposición Carretera CA-09 Sur Tramo: Palín-Escuintla, Escuin-tla. El monto inicial del proyecto fue de Q48 millones 300 mil; sin embargo, el techo de la obra fue aumentado en Q19 millones 318 mil 98.24, para un monto total de Q67 millones 618 mil 98.24.
Benito dejó pagados Q56 millones 812 mil 862.66 en 2019 y su sucesor, Lemus Cifuentes, canceló los restantes Q10 millones 805 mil 235.58 en 2020.
En 2019, la Dirección de Caminos entregó un nuevo proyecto a la empresa de Mansilla Morales. La Reposición Carretera CA-01 Or. Tramo: Obelisco-Trébol Vista Hermosa, Guatemala, por un monto inicial de Q26 millones 400 mil, que posteriormente fue incrementado hasta los Q36 millones 919 mil 154.06.
Benito autorizó pagos por Q26 millones 760 mil 871.32 en 2019, mientras que Lemus Cifuentes pagó Q7 millones 28 mil 250.74 en 2020. Los restantes Q130 mil 32 fueron cancelados el año pasado.
En abril del año pasado, el entonces ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, avaló la adjudicación a favor de Coamco del proyecto de Mejoramiento de Carretera Ruta RN-12 Sur, Tramo: San Cristóbal Cucho-Agua Tibia, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
El monto inicial de la obra fue de Q58 millones 800 mil; sin embargo, a la fecha ya ha tenido un incremento de Q8 millones 400 mil 133.27.
Durante el año pasado, el Ministerio de Comunicaciones realizó pagos a la empresa por un monto total de Q35 millones 213 mil 644.14.
Supervisión, Construcción y Mantenimiento es una sociedad anónima controlada por Alejandro Matheu Escamilla, amigo cercano de José Luis Benito Ruiz.
Matheu Escamilla ha sido por mucho el más importante y más cercano contratista del exministro de Comunicaciones Benito y de Lemus, el primer ministro de comunicaciones de Giammattei.
Entre 2018 y 2020, la constructora SCM ganó cinco contratos en la Dirección General de Caminos, que inicialmente sumaron Q604 millones 984 mil 678.80. Sin embargo, la empresa logró el aval para que el techo presupuestario de esos cinco contratos se incrementara en otros Q158 millones 641 mil 173.70, para un total de Q763 millones 625 mil 852.50.
En diciembre de 2018, Caminos adjudicó el primer gran proyecto a favor de SCM. Las autoridades le entregaron el proyecto de Mejoramiento Carretera Tajumulco-Aldea Tocaché (San Pablo), San Marcos.
El costo inicial de la obra ascendía a Q252 millones 418 mil 708.20; sin embargo, la obra tuvo un incremento de Q100 millones 967 mil 483.28, para un total de Q353 millones 386 mil 191.48.
En 2019, Benito autorizó el pago de 125 millones 16 mil 633.43, mientras que en 2020 Cifuentes avaló pagos por Q151 millones 572 mil 921.43. El año pasado, las gestiones de Cifuentes y Maldonado hicieron desembolsos por Q58 millones 679 mil 882.53. A la fecha, el CIV adeuda a SCM por este proyecto la cantidad de Q18 millones 116 mil 754.09.
En mayo de 2019 fue concedido otro proyecto a SCM, por un monto inicial de Q85 millones 900 mil 874.33. Se trata de la Reposición Carretera CA-02 Or. Tramo: Bifurcación RD-Esc-18, Guanagazapa, Escuintla-Bifurcación RN-16, Chiquimulilla, Santa Rosa. Posteriormente, la empresa logró el aval para incrementar el costo de la obra hasta los Q96 millones 772 mil 801.86.
Por este proyecto, la constructora de Matheu recibió en 2019 pagos por Q92 millones 789 mil 829.43 y en 2020 obtuvo desembolsos por Q3 millones 982 mil 972.23.
En noviembre de 2019, SCM recibió otro contrato de Q144 millones 134 mil 865.97 para realizar trabajos de Mejoramiento Carretera RD-JUT-43 Tramo: Bifurcación CA-02-Oriente Aldea Pedro de Alvarado-Aldea La Barrona, Jutiapa.
La obra sufrió un incremento de Q27 millones 418 mil 739.99, por lo que su techo presupuestario subió a Q171 millones 553 mil 605.96.
La constructora recibió pagos por Q46 millones 63 mil 615.97 durante la gestión de Josué Lemus en 2020, mientras que el año pasado obtuvo amortizaciones por Q15 millones 485 mil 5.12. A la fecha, aún se le adeudan Q110 millones 4 mil 984.87.
Ya en la administración de Alejandro Giammattei, la Dirección General de Caminos concedió dos contratos de infraestructura vial a la empresa de Alejandro Matheu.
El primer contrato consiste en trabajos de Mejoramiento Carretera RD-SM-16 Tramo: Sipacapa, San Marcos-Horno de Cal, Huehuetenango, por un monto inicial de Q48 millones 540 mil 541.78, que posteriormente fue elevado a Q67 millones 923 mil 564.70.
SCM obtuvo pagos por Q8 millones 31 mil 720.40 en 2020, mientras que en 2021 la administración gestionada por Lemus y Maldonado realizó pagos por Q58 millones 922 mil 297.88, por lo que a la fecha Comunicaciones solamente le adeuda a la constructora Q969 mil 546.42 por este proyecto.
El último gran contrato al que accedió Alejandro Matheu con su empresa SCM es el otorgado en agosto de 2020. La Dirección de Caminos le concedió los trabajos de Reposición Carretera Ruta RN-11, Tramo: Bifurcación CA-01 Occidente, Las Trampas, Chichicastenango, Quiché-Bifurcación RN-01, Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá.
El costo inicial de la obra es de Q73 millones 989 mil 688.52 y a la fecha no ha tenido incremento presupuestario el proyecto. El año pasado, los ministros Lemus y Maldonado autorizaron desembolsos a favor de SCM por Q58 millones 615 mil 459.85 y el saldo actual asciende a Q15 millones 615 mil 459.85.
Esta constructora es una sociedad anónima controlada por William Haroldo Romero Chojolán, quien es primo de Fredy Chojolán Duarte, primer director de Caminos del gobierno de Alejandro Giammattei y quien fue destituido por haber otorgado contratos a sus primos.
Si bien es cierto que la Constructora J.J.R.M. es contratista del Estado desde 2006, no es sino hasta 2020 cuando la empresa accede a dos contratos importantes en la Dirección General de Caminos, de la mano de Chojolán Duarte.
El monto total inicial de ambos contratos es de Q87 millones 992 mil 721.20; sin embargo, uno de los proyectos ya tuvo un incremento de Q10 millones 999 mil 744.94, por lo que la empresa recibirá Q98 millones 992 mil 466.14.
De acuerdo con la publicación realizada por El Faro, la Constructora J.J.R.M. trabaja para Alejandro Matheu. “Es una práctica que se da mucho en los constructores, los cuales rentan las empresas a un empresario que tiene más control político en este momento”, indicó el testigo en su declaración.
En agosto de 2020, Constructora J.J.R.M. recibió la adjudicación de dos proyectos licitados por Caminos.
El primero de ellos consiste en realizar trabajos de Mejoramiento Bifurcación RD-TOT-07, La Universal-Aldea Santa Ana, Momostenango, Totonicapán. El costo de la obra asciende a Q32 millones 993 mil 996.50. A la fecha no ha tenido incremento y tampoco existen registros de desembolsos para pago.
El segundo proyecto tiene por objeto realizar trabajos de Mejoramiento Carretera RN-7W Tramos: Cuilco-Tectitán, Subtramo: Est. 335+100 a 335+200; Est. 346+100 a 346+200 y Est. 347+800 a 355+200, Huehuetenango.
La adjudicación tuvo un monto original de Q54 millones 998 mil 724.70 y a la fecha ha tenido un incremento de Q10 millones 999 mil 744.94, por lo que el costo de la obra ascendió a Q65 millones 998 mil 469.64.
Durante 2021, las autoridades del CIV realizaron pagos que ascienden a Q12 millones 900 mil 281.11 por este proyecto, y aún le adeudan Q53 millones 98 mil 188.53 a la Constructora J.J.R.M.
Proyectos Múltiples Prourba es una empresa mercantil propiedad de Rafael Ricardo Bonilla Miyares. Entre 2017 y 2020 fue beneficiada con seis adjudicaciones de contratos de obra vial en la Dirección General de Caminos, que suman Q462 millones 622 mil 378.49.
Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Comunicaciones ya dio su autorización para que los contratos asignados a Proyectos Múltiples Prourba tengan un incremento total de Q76 millones 754 mil 842.13, por lo que la empresa percibirá Q539 millones 377 mil 220.62.
La empresa de Bonilla Miyares fue señalada, al igual que Constructora J.J.R.M., de trabajar para Alejandro Matheu, de acuerdo con la publicación realizada por El Faro.
El primer proyecto grande que le fue adjudicado a Proyectos Múltiples Prourba durante la gestión de Benito Ruiz llegó en agosto de 2017 y consistió en ejecutar los trabajos de Reposición Carretera RN-12N, Tramo: San Marcos-El Monumento, San Marcos.
El costo inicial de la obra fue de Q28 millones 46 mil 678.28 y posteriormente tuvo un incremento de Q11 millones 218 mil 671.31, por lo que la obra tuvo un costo final de Q39 millones 265 mil 349.59.
Durante 2017, el Ministerio de Comunicaciones realizó pagos a la empresa que suman Q2 millones 430 mil 641.54. En 2018, las autoridades efectuaron pagos por Q14 millones 633 mil 572.64, y en 2019, los pagos por este proyecto fueron de Q21 millones 536 mil 812.03. A la fecha, el proyecto posee un saldo de Q664 mil 323.38.
En marzo de 2019, Proyectos Múltiples Prourba se benefició con otra adjudicación, la cual consiste en ejecutar el proyecto de Mejoramiento Carretera RD-QUI-25, Tramo FTN (Aldea San Francisco)-Ingenieros (Frontera). El costo inicial de este proyecto fue de Q152 millones 199 mil 902.50 y posteriormente le fue autorizado un incremento de Q30 millones 439 mil 980.49, por lo que la obra pasó a tener un valor de Q182 millones 639 mil 882.99.
El CIV realizó pagos por Q1 millón 390 mil 675.15 en 2019, aún bajo la gestión de Benito Ruiz, mientras que en 2020 el ministro Lemus Cifuentes autorizó pagos por Q94 millones 8 mil 155.10. El año pasado, la empresa recibió amortizaciones por Q44 millones 406 mil 197.94. El proyecto tiene un saldo a la fecha de Q42 millones 834 mil 854.80.
En abril de 2019, la empresa de Rafael Ricardo Bonilla Miyares fue beneficiada con el proyecto Reposición Carretera Ruta RD-SRO-03 Tramo: Bifurcación CA-01 Oriente, Barberena-Desvío RD-SRO-13 Amberes, Santa Rosa.
La obra tuvo un costo inicial de Q42 millones 904 mil 660.45 y posteriormente se dio un incremento que elevó el precio hasta los Q43 millones 652 mil 231.14.
En 2019, el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, autorizó desembolsos por Q40 millones 106 mil 90.81 para pagar este proyecto y en 2020 la administración de Josué Edmundo Lemus autorizó pagos por Q2 millones 215 mil 957.61. A la fecha, la obra tiene un saldo de Q1 millón 330 mil 182.72.
En noviembre de 2019, Proyectos Múltiples Prourba obtuvo el proyecto Reposición Carretera RD-QUE-4, Tramo: CA-2 Occ. (206+200)-Aldea San Miguelito, Génova, Quetzaltenango. El costo inicial de la obra fue de Q42 millones 786 mil 430.16 y posteriormente tuvo un incremento de Q16 millones 430 mil 1.19, por lo que el techo presupuestario ascendió a Q59 millones 216 mil 431.35.
La obra recibió pagos por Q50 millones 494 mil 982.02 en 2020, durante la gestión de Lemus Cifuentes, y el año pasado también fueron amortizados otros Q8 millones 713 mil 123.77. Actualmente, el proyecto posee un saldo de Q8 mil 325.56.
En julio de 2020, nuevamente fue beneficiada la empresa de Bonilla Miyares. Esta vez le fue entregado el proyecto Mejoramiento Carretera RD-HUE-14, Tramo Bifurcación CA-01 Occ., El Boquerón-La Garita, San Pedro Necta, Huehuetenango.
El costo inicial del proyecto fue de Q53 millones 998 mil 308.96 y posteriormente fue ampliado en otros Q10 millones 799 mil 661.77, por lo que la obra ahora asciende a Q64 millones 797 mil 970.73.
En 2020, el ministro Lemus Cifuentes autorizó pagos por Q6 millones 586 mil 476.06. En 2021, se amortizaron otros Q15 millones 978 mil 205.05. Y este año ya fueron abonados Q5 millones 793 mil 760.75, por lo que el saldo del proyecto asciende a Q36 millones 439 mil 528.87.
En agosto de 2020 le fue asignado el último gran contrato a la empresa Proyectos Múltiples Prourba, el cual consiste en la construcción Carretera Tramo: Santa Cruz Barillas-Río Espíritu, el cual fue adjudicado por Q142 millones 686 mil 398.14 y posteriormente tuvo un incremento de Q7 millones 118 mil 956.68.
Durante el año pasado fueron autorizados desembolsos de pago por Q2 millones 720 mil 178.12, mientras que este año ya le fueron otorgadas amortizaciones por Q5 millones 793 mil 512.62. El proyecto tiene un saldo a la fecha de Q141 millones 291 mil 664.08.
Seguir el rastro del dinero era el consejo que Sherlock Holmes le daba a su querido amigo Watson cada vez que los casos criminales se enredaban y se tornaban incomprensibles. Y en Guatemala circula suficiente dinero mal habido para seguir una pista que, por alguna extraña razón, siempre nos conduce al mismo lugar: la corrupción absoluta del sistema electoral y político en el país.
Siguiendo el rastro de los Q122 millones de las tamaletas resguardadas por José Luis Benito en Antigua, la FECI encontró durante un allanamiento a la casa de Giorgio Bruni, operador financiero y ex secretario privado de Alejandro Giammattei, una serie de documentos que dan cuenta de aportaciones no declaradas, hechas por empresas extranjeras, a la campaña electoral del actual Presidente de la República.
Según una investigación del periódico digital El Faro, de El Salvador, sobre los sobornos de Q2.6 millones —provenientes de las tamaletas— ofrecidos por Benito a la campaña de Giammattei para que este mantuviera, ya en el poder, la estructura de corrupción en obras públicas, Bruni ofreció a la FECI la información necesaria “para ir contra Alejandro” (entre compadres te veas).
Uno de esos papeles para seguirle la pista a “Alejandro”, incautados por la FECI en casa de Bruni y reproducidos en la investigación de El Faro, nos ilustra de manera explícita cómo se manejaban los financiamientos ilícitos y los sobornos durante la campaña presidencial de Giammattei.
Se trata de unos apuntes hechos a mano en que Bruni registra “aportaciones a la campaña”, seguido de los nombres “Regulo, Rafa, Ángelo”. Los dos primeros firman el documento al final con sus nombres completos: Régulo Zapata Morales y Luis Rafael García-Luna. Más adelante aparece el nombre de la empresa mexicana Helicon, de la cual Ángelo Raimondi es CEO y confundador, y Zapata Morales, director comercial, según su perfil de Linkedin.
El documento está dividido en dos partes: aportaciones y peticiones. En la primera, Bruni apunta el aporte total de “US$66,000.00”, y debajo de esta cifra: “Sistema de Monitoreo Electoral, US$3,750,000.00”.
En cuanto al rubro de peticiones, Bruni detalla: “Software y servicio de almacenamiento en la nube”, en beneficio del “Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Asimismo, “Sistemas de Seguridad”, con la explicación “desarrollos hechos por Helicon”.
Otras peticiones son “construcción” de escuelas, viviendas y pavimentación. “Importación de automóviles de USA”. “Licencias (emisión) para ciudadanos de Guatemala en Estados Unidos”
