Los legisladores Cándido Leal Gómez y Juan Francisco Mérida, ambos del partido Vamos, tienen lazos laborales, comerciales y de amistad, con Herbert Federico Gregg Turk, dueño de la Constructora GT5, S. A., la cual fue favorecida en 2021 por el Ministerio de Comunicaciones con dos contratos de remozamiento de escuelas por un monto de Q8 millones 211 mil 63.91.

Cándido Fernando Leal Gómez y Juan Francisco Mérida Contreras son dos diputados del partido Vamos que hasta la fecha han mantenido un perfil bastante bajo en el Organismo Legislativo.

Leal es miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso y el responsable de llevar la contabilidad y fiscalizar las finanzas del partido Vamos; se dio a conocer el 17 de octubre de 2020 cuando en  aparente estado de ebriedad Leal detuvo su lujoso automóvil Mercedes Benz E220 en el Anillo Periférico para orinar, lo cual fue grabado por un transeúnte que lo publicó en las redes sociales.

El video del legislador orinando se viralizó, lo que generó críticas por su falta de pudor y por poner en riesgo la vida de los conductores que esperaron dentro de sus vehículos que el legislador hiciera sus necesidades fisiológicas. En su defensa Leal declaró que no estaba ebrio, y que “bajé para orinar, porque había tomado mucha agua”. Leal se disculpó y dijo que pagaría la multa respectiva.

Mientras que Mérida Contreras se hizo famoso en junio de 2021 cuando denunció el robo de unos Q400 mil en efectivo hecho a su vivienda en Ciudad San Cristóbal, Mixco. Por este suceso fueron capturadas sus dos empleadas domésticas y el novio de una de ellas, como presunto autor material, a quien las empleadas del legislador le habrían facilitado el acceso al domicilio.

Tras confirmar el robo, Mérida se declaró molesto con la Policía por revelar tal cifra y la desmintió.

“No puedo dar detalles respecto a los hechos, porque todo se encuentra en proceso de investigación, pero quiero aclarar lo que ya está circulando en las redes sociales donde hablan de detalles y cantidades. Lo desmiento completamente, porque lejos de dar una información asertiva, me perjudica y me exponen… Voy a pedir una reunión con las autoridades –de la PNC– porque me parece irresponsable, desconozco y desmiento lo de los 400 mil quetzales”, dijo el legislador.

Pero no es el único caso en que estarían vinculados ambos diputados de Vamos, empieza  a aflorar su relación de amistad, laboral y comercial con un constructor que este año fue beneficiado por el Ministerio de Comunicaciones con dos contratos por más de Q8 millones para remozar escuelas.

La constructora “amiga” de los diputados

El 18 de marzo de 2021 la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) del Ministerio de Comunicaciones le adjudicó a la Constructora GT5, S. A. un contrato por Q2 millones 900 mil 977.81 para remozar la Escuela Pedro José Valenzuela en la colonia Castillo Lara, zona 7. Era la primera vez que dicha constructora obtenía un contrato importante con una entidad del Gobierno Central.

Pese a que la constructora Estructuras y Servicios, S. A. ofertó Q2 millones 736 mil 683.22 por dicho trabajo esta fue descalificada por la Junta de Licitación bajo el argumento que no había presentado la constancia de visita firmada por la autoridad del establecimiento y que su integración de precios tenía error, lo cual fue impugnado por dicha empresa que presentó los documentos de descargo; esta inconformidad fue rechazada y se benefició a Constructora GT5 que ofertó más caro.

El 7 de julio de 2021 la UCEE le adjudicó a Constructora GT5 un contrato por Q5 millones 310 mil 86.10 para restaurar dos escuelas en Chicacao, Suchitepéquez, fue la única empresa que ofertó.

Los contratos anteriores beneficiaron a una constructora, cuyo propietario Herbert Federico Gregg Turk tiene vínculos de amistad, relación laboral anterior y hasta comerciales con los diputados Cándido Leal y Juan Francisco Mérida de Vamos.

Hasta 2020 GT5 era una pequeña constructora fundada en mayo de 2015 que solo había realizado pequeñas obras para las municipalidades de Retalhuleu,  Cubulco, San Jerónimo y San Miguel Chicaj en Baja Verapaz, y la Universidad de San Carlos. Según el portal de compras públicas Guatecompras de 2016 a 2020 había obtenido 23 contratos por un total de Q8 millones 287 mil 531.20.

Pero en 2021 sus adjudicaciones se incrementaron a 15 contratos por un costo total de Q13 millones 644 mil 634.91, incluidos sus dos primeros contratos con la UCEE del Ministerio de Comunicaciones por una suma de Q8 millones 211 mil 063.91.

Amigos, empleados, vecinos y ¿tal vez socios?

La Constructora GT5 reporta como dirección comercial la 11 avenida 16-60 Apto. “B” zona 11 colonia Mariscal,  el mismo inmueble que reporta la empresa Todo Clavo, S. A. vinculada al diputado Juan Francisco Mérida (su hermano es el accionista mayoritario y fundador) que funciona en el apartamento “A”.  GT5 también proporciona como uno de sus números telefónicos el 2473-2631, el mismo número que reporta Todo Clavo, Grupo Leinde, S. A. y que también informa como propio el diputado Mérida Contreras para su empresa P.C.T. Planificación, Construcción y Telecomunicaciones.

Dicho inmueble es notificado como su dirección por otras empresas como Grupo Leinde, S. A., de la cual Gregg Turk fue representante legal y Grupo Corporativo de Servicios Leinde, S. A., una firma de auditoría y contabilidad vinculada al diputado Cándido Leal.

Los nexos laborales entre los tres personajes son confirmados por sus cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que fueron pagadas por dichas empresas.

Según los registros de pago de cuotas patronales del IGSS, el diputado Cándido Leal trabajó para Todo Clavo, S. A. (vinculada al diputado Mérida Contreras) de julio a septiembre de 2015; de enero de 2016 a diciembre de 2018 Leal laboró para Grupo Leinde, S. A. (de la cual Herbert Gregg fue empleado y representante  legal de enero de 2015 a enero de 2017) quien pagó sus cuotas patronales; de enero de 2019 a diciembre de 2020 trabajó para Grupo de Servicios Leinde; y desde julio de 2021 a la fecha sus cuotas patronales las paga Grupo Corporativo de Servicios Leinde, S. A., una firma de auditoría y contabilidad de su propiedad, que sustituyó a Inversiones Generales Leal.

Por su parte, Juan Francisco Mérida trabajó entre 2012 y 2015 en Inversiones Generales Leal, S. A. de su amigo Cándido Leal, empresa de la cual fue Gerente General; de julio a septiembre de 2015 sus cuotas patronales las pagó Todo Clavo, S. A.; de febrero a junio de 2019 laboró para Elementos Constructivos ELCONSA; de febrero a diciembre de 2020 sus cuotas patronales al IGSS las hizo efectivas Grupo de Servicios Leinde; y de julio a noviembre de 2021 sus cuotas patronales las abonó Grupo Corporativo de Servicios Leinde, S. A. vinculada al diputado Leal.

Mientras que Herbert Gregg laboró para Grupo Leinde, S. A. de agosto de 2015 a enero de 2017.

Además hay otros vínculos comerciales, la Constructora GT5  reporta ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que su contadora general es Adriana Gabriela Osorio Leiva, una empleada de Grupo Corporativo de Servicios Leinde de Cándido Leal.  Mientras que Grupo Leinde, S. A. (vinculada a Herbert Gregg) y Todo Clavo, S. A. (asociada al diputado Mérida) reportan ante la SAT como contadora a Ingrid Marlene Arévalo Batzin, una empleada de Grupo Corporativo de Servicios Leinde, S. A., firma vinculada al diputado Cándido Leal.

La Constructora GT5  de Herbert Gregg reporta también como referencia comercial que maneja línea de crédito en Todo Clavo, S. A. asociada al diputado Mérida Contreras.

Patrón de corrupción que debe investigarse

Consultado sobre este caso David Gaytán, consultor en materia de transparencia, opinó que “el Ministerio de Comunicaciones es y seguirá siendo un botín para los políticos de turno.  La asignación de proyectos a constructoras con vínculos con diputados sirve de instrumento de negociación para la aprobación de leyes como el presupuesto anual y otros temas de interés del Ejecutivo”.

“Aunque cambien de funcionarios en el poder, lo que no cambian son los patrones de comportamiento, domicilios en residencias que sirven de base de operación para múltiples empresas, mismos notarios, mismos contadores y todos tienen un elemento en común, los vínculos con el partido político de turno en el poder.  Pareciera ser una práctica que no se puede erradicar.  Debería ser un trabajo preventivo de las comisiones anticorrupción que surgen en cada gobierno, pero que su actuar es casi nulo y de persecución penal para un Ministerio Público que tuviera como eje principal el combate a la corrupción, pero lamentablemente no es así”, concluyó Gaytán