El abogado de la PGN fue destituido por un mal procedimiento en el que obtuvo un reparo de Q350 mil
Luego de que un abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) no sustentara la reparación digna de Q21 millones en el caso denominado Libramiento de Chimaltenango, el mencionado ente del Estado promovió una actividad procesal defectuosa en el Juzgado de Mayor Riesgo A, el 31 de julio.
Ahora con el recurso planteado, se busca una salida legal que permita una nueva resolución que beneficie a los intereses del Estado defendidos por la PGN. La acción señala que se cometieron algunos vicios en el desarrollo del proceso de aceptación de cargos.
La jueza Claudette Domínguez deberá conocer el recurso presentado por la PGN y resolverlo.
“La PGN considera que la jueza omitió verificar requisitos indispensables para la procedencia de la aceptación de cargos”, indicó el procurador, Julio Saavedra.
En este caso, el abogado de la PGN, Otto Alvarado, presentó la reparación digna por Q21 millones, pero no la sustentó y ello condujo a que la jueza Domínguez no aceptara el monto por falta de respaldo con un documento técnico y dictaminara a la empresa Constructora Nacional, S. A. (Conasa) y Renova Ingenieros, S. A. un pago de Q350 mil.
Esta semana el presidente Bernardo Arévalo fue preguntado al respecto, y respondió que “contra esta persona se pedirá la destitución y las denuncias correspondientes por el hecho de haber incurrido en ese acto”.
Esto, porque el Ejecutivo sostiene que fue un mal procedimiento por parte de Alvarado, quien fue cesado el martes último.
La jueza Domínguez sentenció a los directivos de ambas empresas a pagar Q350 mil cada uno, además de tres años y cuatro meses de prisión.
Los condenados fueron Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, S. A.
Los dos se sometieron a la figura de aceptación de cargos, por lo que se les redujo la pena de prisión, que en un inicio era de cinco años.
Ambos directivos aceptaron los delitos de fraude. La resolución de la juzgadora ordena que se efectúen los pagos a siete instituciones de ayuda social por medio de la donación de insumos con un valor de Q50 mil cada una.
No obstante lo anterior, la PGN insistirá en obtener la reparación digna de los Q21 millones, que es el monto equivalente a las reparaciones que la obra necesita.
De este monto requerido, Q15 millones 170 mil se utilizarán para arreglar el muro de suelo enclavado. Para la construcción de pasarelas en el área se solicita Q1 millón 920 mil y para el área de derecho de vía, Q4 millones 56 mil.
Una parte de los montos deberá ser pagado una parte por Renova y la otra Conasa. En un primer momento el proyecto fue adjudicado a Conasa, pero después pasó a la subsidiaria Renova debido a que la primera empresa fue inhabilitada por el caso denominado Construcción y Corrupción.
Curso legal
Desde que el libramiento de Chimaltenango fue inaugurado por el entonces presidente Morales los derrumbes e inundaciones en el tramo cuando hay lluvia no han dejado de registrarse, pese a que la inversión fue de Q528 millones 600 mil.
Un año después de la construcción se capturó 17 personas relacionadas con la obra, puesto que el proyecto presentaba anomalías técnicas, financieras y administrativas.
Tres meses después el juez Mynor Moto dictó falta de mérito en contra de los sindicados y los liberó.
El caso fue vinculado a otros procesos que enfrentaba el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el mandato de Morales, José Luis Benito. El 24 de junio recién pasado, la Cámara de Amparos otorgó al exfuncionario un recurso para que recuperara su libertad condicional.
La defensa justificó el recurso por considerar que se le persigue por “tintes políticos”, además de que hace referencia al tiempo que Benito ha permanecido en prisión preventiva y la posible pena que pudiera recibir.
Por otro lado, en 2021 el Ministerio Público (MP) reveló que la experiencia de Renova fue simulada por parte de Tejada Argueta y Álvaro Mayorga. Ambos fueron condenados en otro caso en el 2018, y como resarcimiento debían construir dos carreteras el primero, y una el segundo.
De acuerdo con lo dado a conocer por el MP en su momento, las carreteras las construyó Renova y no hubo una transacción monetaria por parte de los condenados. Dichas obras fueron la justificación para obtener la adjudicación en el libramiento de Chimaltenango, después que Conasa quedara afuera.