Los principales indicadores que miden el desempeño económico del país muestran una estabilidad relativa, pero persisten tres desafíos urgentes que el Gobierno debe atender.
Guatemala es un país que mantiene un desempeño económico conservador y en el transcurso de los primeros seis meses de Gobierno, los principales indicadores que son los modelos estadísticos para tener una idea de cómo marcha la producción, distribución, intercambio y consumo muestran una posición estable, a pesar de un contexto internacional de incertidumbre.
El sistema económico guatemalteco es mixto y abierto; es decir que no hay mayor intervención del Estado en cuanto a su regulación y el sector privado puede desarrollar sus actividades sin interferencias directas, lo que se ha demostrado y respetado durante este primer período de la administración del presidente Bernardo Arévalo y de los integrantes de su gabinete de gobierno.
Desde el 2021, la producción nacional se mantiene en un ciclo de recuperación, que también incide en la microeconomía (los hogares, las personas y los pequeños negocios), pero el proceso se ha visto interrumpido por una inflación permanente, aunque la banca central insista en que la cifra se mantiene dentro de la meta; niveles de ingreso de inversión extranjera directa que no despegan a los niveles necesarios para impactar en el desarrollo; y un desempleo abierto cercano al 3%, pero gracias a niveles de subempleo reflejado en más del 70% de la población económicamente activa (PEA) ocupada en la informalidad.
Precios al consumidor
Uno de los temas sensibles desde el punto de vista social y político, se refiere al costo de vida de las personas, mejor conocido como la inflación, que es el alza generalizada de precios en la economía.
El gobierno actual como los anteriores saben y conocen cómo contener esa presión social-económica que puede generar ingobernabilidad y por esa razón, buscan cualquier mecanismo de atención o solución temporal para tratar de mitigarla con la aplicación de subsidios o subvenciones temporales.
En lo que va del año, y con información del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación interanual se ha comportado de la siguiente forma: enero 3.82%; febrero 3.3%; marzo 3.24%; abril 3.36%; mayo 3.76% y junio 3.62%, indicador que estaría del 4% más/menos 1% establecido como meta por la Junta Monetaria (JM).
Sin embargo, en la economía de calle, las amas de casa y jefes de hogar ven otra realidad, y perciben un acelerado incremento de precios, sobre todo de los productos que integran la canasta de alimentos básicos.
Especialmente durante junio y julio, se observó un encarecimiento inusual de muchos vegetales, verduras y frutas, que estaría asociado al comportamiento errático del clima, que ha variado de una sequía extrema a un exceso de lluvias.
A ello se suman los daños severos en el sistema vial y el aplazamiento constante de la rehabilitación de la Autopista Palín-Escuintla, que es un tramo clave para la red logística del país.
En cuanto al costo de la Canasta Ampliada Urbana (CAU) se encareció Q50.26 en el primer semestre; la denominada Canasta Ampliada Rural (CAR), Q32.62; la Canasta Básica Alimentaria Urbana (CBA) per cápita subió Q20.67 y la Canasta Básica Alimentaria Rural (CBAR) per cápita Q16.49, de acuerdo con una nueva metodología de cálculo que aprobó la junta directiva del INE durante la administración anterior.
Independientemente de lo anterior, Sergio Recinos, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat), anticipó que podría haber presiones inflacionarias derivadas del aumento en el precio de productos principalmente provenientes de la agricultura, debido al retraso del invierno y luego, por el daño a las cosechas por las intensas lluvias, así como por los daños en la infraestructura del país.
En todos los casos, la velocidad de respuesta a los problemas viales ha sido escasa, mientras que, respecto a la inflación, lo único que se ha mantenido es una tasa de interés líder alta (5%), a pesar de que el origen del alza generalizada de precios no es de origen monetario.
Bajos niveles de IED
Respecto a los flujos de capital productivo proveniente del extranjero, durante el primer trimestre (último reporte) se registró el ingreso de US$408.2 millones, que significa un ligero aumento del 1.1% y muy similar a los US$403.7 millones de inversión extranjera directa (IED) del mismo período del año pasado.
Las actividades de comercio y reparación de vehículos y actividades financieras son las que más recursos han atraído, con un monto de US$333.8 millones, que representan el 82% del total, que es el único dato actualizado. Por país de origen, los fondos vinieron de Estados Unidos, México, Panamá, Luxemburgo y Honduras.
El índice de confianza de la actividad económica, cuya función es medir la percepción de los agentes económicos o tomadores de decisiones en cuanto al clima de negocios a futuro, de alguna manera empieza a reflejar esa situación y el indicador a junio último se ubicó en 70.64 puntos, tras iniciar el año con 57.80 puntos, cuando asumió el gobernante.
Como repuesta, el pasado 13 de junio, el gobierno presentó su Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa, con un portafolio de 54 proyectos para atraer unos US$2 mil 707 millones durante cuatro años. Los sectores involucrados son tan diversos como la manufactura, la agroindustria, el comercio, la infraestructura y los servicios.
Pero según Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), el gobierno de Guatemala debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales, para que las compañías evalúen la oportunidad de invertir, pero también mantener el cumplimiento de las leyes o normativas y la certeza jurídica, bajo el entendido de que las reglas no cambiarán en cualquier momento, y esa es otra tarea pendiente.
Subempleo generalizado
Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con cifras disponibles a abril del 2024, hay un millón 626 mil 472 inscritos en esa institución, lo que equivale a la misma cantidad de personas con un empleo formal. La cifra significa un crecimiento del 1% en relación con el cierre del 2023, cuando fue de un millón 554 mil 663 cotizantes.
El indicador muestra recuperación, luego de que en el 2020, por efectos de la pandemia, alcanzara el punto más bajo de cotizantes, con un millón 289 mil 882, por lo que muestra una recuperación de 26%.
Por actividades productivas, el IGSS reporta que el comercio registra 254 mil 264 afiliados; industrias manufactureras, 237 mil 321, y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 205 mil 486. Mientras que la administración pública, defensa y planes de seguridad social, 360 mil 334, que son los sectores más significativos en cuanto al número de los derechohabientes.
No obstante, de acuerdo con la última Encuesta de Empleo e Ingresos —2021— la población en edad de trabajar superaba los 11.7 millones y la Población Económicamente Activa (PEA) era de 7.4 millones de guatemaltecos.
El informa indica que “la tasa de desempleo abierto se situó en 5.7 para el caso del dominio urbano metropolitano, mientras que el indicador en la población que residía en el dominio resto urbano fue de 2.2 y en el dominio rural nacional fue de 1.1; para la medición del subempleo visible, la tasa fue de 8.7 para el dominio urbano metropolitano, 7.5 para el resto urbano y para el rural nacional fue de 8.1”.
También situaba en 8.1% de la PEA a →la población en situación de subempleo visible, que son las personas que trabajan involuntariamente menos de la jornada normal y que desean laborar más horas.
En cuanto al sector económico informal, en el 2021 sumaba el 70.8% de las personas en edad de trabajar (15 años o más).
La cifra incluye a todos los ocupados en las siguientes categorías: empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas; trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y técnicos; todos los familiares no remunerados; y las personas ocupadas en servicio doméstico.
Recinos es de la idea que se le debe prestar atención al tema de la ocupación productiva de la población, especialmente cuando existe otro riesgo importante que puede agravar la situación, y es una disminución de las exportaciones, unida a los problemas asociados a los puertos y a las interrupciones en las carreteras.
Cada uno de estos elementos impacta en el empleo, así como en los ingresos de la mayoría de la población.
FMI y su visión del país
Una de las conclusiones de la revisión del Capítulo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), que es un examen anual de la economía nacional desde el exterior, se resalta que la economía guatemalteca “continúa mostrando notable estabilidad y solidez gracias a una larga trayectoria de política monetaria y fiscal prudente, como una inflación en meta, amplias reservas internacionales, déficits fiscales contenidos y una deuda pública/PIB baja que sigue cayendo”.
El informe técnico se presentó en mayo último y es un documento de referencia para las agencias calificadoras de riesgo-país, así como para potenciales inversionistas, que recoge las primeras impresiones de la administración del gobernante Arévalo.
El organismo internacional hace certeras recomendaciones preliminares y un llamado a que la administración gubernamental avance en una agenda estructural de reformas encaminadas a mejorar la infraestructura, invertir en el capital humano y fortalecer la gobernanza para apoyar a los sectores productivos del país y afianzar un mayor crecimiento sostenido e inclusivo.
CIG: Se necesita crecer más del 5%
Sobre la evolución económica y los principales indicadores en los primeros seis meses, Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) brindó una lectura desde ese sector, explicando que, según el Banco de Guatemala, durante el primer semestre la economía se comportó de acuerdo con las expectativas, pero para cerrar el año con el crecimiento económico pronosticado, se deben realizar acciones que lo permitan.
“Hemos manifestado que darle mantenimiento a la infraestructura es indispensable, y que se deben impulsar cambios de modelo para aumentar la inversión en obra pública”, anotó.
Amplió con que el impacto económico que están soportando las empresas por la infraestructura deficiente es notable y si eso no se atiende de forma inmediata, tendrá consecuencias en el corto, mediano y largo plazos con una reducción del volumen del comercio exterior, aumento de costos para las empresas, menos competitividad y más aumentos de precios en la canasta básica.
“A mediano y largo plazo, la inversión nacional y extranjera puede verse reducida por esa pérdida de competitividad y los inversionistas voltearán a ver a otros países de la región para sus inversiones”.
Concluyó con que el país necesita crecer arriba del 5% para generar más empleo, aparte de que “perder inversiones es algo que no podemos permitirnos”.
Cacif: Se ha recuperado la confianza
Al consultar a Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), afirmó que en el primer semestre del año se demostró de nuevo que la economía del país es muy resistente.
La visión del sector privado organizado es que se ha recuperado la confianza en la actividad económica. Y para que el crecimiento supere el 3.5% anual, se necesita que se invierta más en infraestructura pública, la que se está deteriorando y nos hace perder competitividad, aparte de invertir en educación, salud y nutrición.
“Soy optimista y creó que en la medida en que continuemos trabajando juntos todos los sectores, vamos a generar un mayor desarrollo para Guatemala”, finalizó.