La abogada Dayany Reyes era asistente de Seguridad y ascendió de puesto en enero pasado, al igual que su esposo Franklin Meza, nombrado como subjefe de Información y Prensa del Ministerio Público.
Con la venia de Consuelo Porras, la abogada Dayany Reyes Mazariegos dio un salto laboral en el Ministerio Público (MP), al pasar de asistente ejecutivo III del Departamento de Seguridad a coordinadora del Departamento de Procedimientos Disciplinarios, un cargo que depende directamente del despacho de la Fiscal General.
El Departamento de Procedimientos Disciplinarios fue creado a partir de las reformas a la Ley Orgánica del MP durante la gestión de Thelma Aldana como fiscal general para ofrecer asesoría al despacho en materia disciplinaria y desarrollar los procedimientos disciplinarios para las áreas administrativa, técnica y de apoyo de la institución. Es decir, todos los procesos previos a las resoluciones por faltas al régimen disciplinario.
Si Porras hubiera seguido la ruta legal para destituir a Francisco Sandoval como jefe de la FECI, tendría que haber contado con algún dictamen, recomendación o resolución del Departamento de Procedimientos Disciplinarios. Sin embargo, tomó la decisión de forma directa, por lo que el exfiscal inició una demanda laboral.
Al consultar con el MP sobre las credenciales de Reyes Mazariegos, el Departamento de Comunicación y Prensa envió un mensaje en el que expone que “la actual administración ha privilegiado una política de ascensos en beneficio del personal, de esa cuenta se han promovido 1,307 ascensos, siendo el caso de las dos personas en mención”.
Reyes, de 40 años, fue nombrada como coordinadora de Procesos Disciplinarios luego de cumplir con todos los requisitos para optar al cargo, según lo que establece la normativa interna. Trabaja en el MP desde febrero de 2006 y se encontraba elegible para el puesto tras someterse a los distintos procedimientos de evaluación, según el MP.
Reyes es hermana del ministro de Gobernación Gendri Reyes, que el año pasado contrajo matrimonio con la diputada Patricia Sandoval. La gestión del ministro ha sido cuestionada por los abusos policiales contra manifestantes y operativos fallidos como el de Nahualá que dejó a un policía muerto, entre otros. La diputada carga con vínculos con señalados por narcotráfico.